Asuntos de Interés Público

La Dra. Ana Brian Nougrères expondrá sobre “El futuro de la privacidad” en el Doctorado en Derecho de la Universidad Central.

La reciente reforma a la Ley de Arbitraje Comercial Inglesa (EAA), que se espera sea promulgada en los próximos días, introduce cambios importantes para asegurar que Londres siga siendo una de las principales sedes de arbitraje internacional. Las modificaciones, que incluyen el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje y el deber de revelación de los árbitros, buscan modernizar la ley, mejorar la eficiencia y mantener la transparencia en los procesos arbitrales.

Un análisis jurídico elaborado por Tomás Menchaca, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sostiene que las propuestas de reforma del Gobierno en la Ley de Pesca vulneran derechos de propiedad y constituyen una expropiación sin compensación, lo que afectaría la competencia y las inversiones en el sector pesquero.

El Imperio español, del que Hernán Cortes era parte, permitía el mestizaje mientras que la nueva república estadounidense, en sus orígenes, lo prohibía. Hernán Cortes y Thomas Jefferson fueron un claro ejemplo de ello. Cortés reconoció a sus hijos ilegítimos y les dio posibles y Thomas Jefferson los mantuvo como esclavos hasta su propia muerte.

Según el tribunal, las palabras empleadas no constituyen una manifestación legítima de “disidencia política”, sino un insulto que no tiene cobertura constitucional.

Esta estrategia consiste en ocultar la identidad real del autor de una acción, haciendo parecer que ha sido ejecutada por otro agente o nación.

La mujer denunció por violencia de género, a pesar de que ya habían tenido relaciones sexuales anteriormente tras la ruptura.

La Ley 21.420 ha generado preocupación en la minería chilena por sus cambios en plazos, condiciones y requisitos para concesiones. El artículo 10, que impone informes detallados en plazos estrictos, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Aunque busca mayor transparencia, la ley no aborda adecuadamente las necesidades del sector, lo que podría desalentar la exploración y afectar su viabilidad operativa.

El artículo analiza la tensión entre transparencia y acuerdos políticos en la selección de personas para la CIDH y la Corte IDH, destacando el rol del Panel-SIDH y proponiendo mejoras para garantizar independencia e imparcialidad.

El tribunal determinó que Brasil es responsable por el retraso en aclarar los hechos, por no sancionar a los culpables y por violar el derecho de la familia de la víctima a conocer la verdad.

En el contexto de la presentación, se realizará un seminario denominado "Reformas Políticas Pendientes”, el que contará con un panel académico y político de conversación. Participarán diferentes actores académicos, políticos y centros de estudio.

Impusieron una pena de presidio menor en su grado medio, en circunstancias que, no obstante haber establecido que no existió una mayor extensión del mal causado y que se aplicaría la pena en el piso del grado, finalmente, al determinar su quantum, se impuso al sentenciado la misma en su tramo superior.

Uno de los puntos más relevantes de la ley es la facultad de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) para calificar a ciertos prestadores de servicios, principalmente esenciales, como Operadores de Importancia Vital (OIV), en base a criterios específicos.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos políticos fundamentales, como el derecho a votar y a ser elegido. A pesar de las garantías, la Corte IDH y la legislación nacional, como el recurso de amparo electoral en Costa Rica, subrayan la importancia de salvaguardar estos derechos frente a restricciones ilegítimas y asegurar un proceso electoral justo y transparente.

Corresponde indicar que, si uno analiza los datos por país de quienes dicen que la distribución de la riqueza es injusta, se aprecia una casi unanimidad en países como Chile (90%), Argentina (89%) y Bolivia (88%). Eso muestra que solo un cuarto de la población considera que la distribución de la riqueza en la región es justa (lo que también debería ser la regla en una democracia).

Acceder a una solicitud como aquella implicaría una infracción a la igualdad ante la ley y además una generalización de autorizaciones como ésta significaría una pérdida de control del recinto penitenciario.

“Desafortunadamente, en América Latina la impunidad alcanza el 98% en algunos países, lo que refuerza la idea de que la violencia contra la mujer es socialmente tolerada y rara vez sancionada".

Existió una infracción de ley, ya que el juez debió aplicar a los hechos fijados en la sentencia lo previsto en los artículos 168 en relación con el 162 del Código del Trabajo, y haber determinado la procedencia de ambas indemnizaciones, sustitutiva de aviso previo y por lucro cesante, cuyas finalidades son distintas, por cuanto, en este caso, el empleador puso término en forma anticipada e indebida a un contrato de trabajo por obra o faena.

La Magistratura Constitucional sostuvo que la aplicación del precepto impugnado a un tercero extraño al proceso, que no ha sido imputado, formalizado ni acusado, que no ha podido defenderse y a quien tampoco el procedimiento de tercerías le protege, puesto que el inciso atacado no hace ninguna distinción ni excepción relativa a la participación o siquiera a la buena fe del afectado, conlleva un contundente efecto inconstitucional, que arrasa con principios penales básicos.

El texto fue elaborado con el apoyo del Estudio Jurídico Pfeffer y Abogados Asociados, con el propósito de brindar una herramienta de consulta práctica y completa respecto de las obligaciones legales que deben cumplir las organizaciones sin fines de lucro, en particular, las fundaciones y las corporaciones.

La administración incumple con la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al rechazar la solicitud de residencia definitiva del amparado y ordenar su abandono del país por no presentar un certificado de antecedentes penales de su país de origen legalizado o apostillado, cuando lo acompañó para solicitar su residencia temporal.

La prisión preventiva impuesta es desproporcionada, ya que el imputado lleva más de un año privado de libertad por un delito cuya pena solicitada era de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, refiere el voto en contra.

En el Informe se evalúa el conjunto de la legislación laboral y las normas de seguridad social nacionales a la luz de los diversos convenios de la OIT, haciendo referencia igualmente a los principios generales del Derecho y el conjunto de los instrumentos internacionales. Se analizan temas como determinación del salario mínimo, protección de la vida familiar, maternidad y paternidad, integridad y universalidad objetiva de la seguridad social, protección del ocio, accidentes del trabajo y otros.

La demanda trata sobre el cumplimiento, terminación e indemnización relacionada con un contrato de franquicia, materias cubiertas por la cláusula compromisoria, y según el artículo 1545 del Código Civil, la cláusula compromisoria solo obliga a quienes la suscribieron. No todas las partes del litigio comparecieron en dicho contrato.

El senador José García Ruminot valoró la alocución del titular de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien recalcó que “la tarea del Poder Judicial es impartir una justicia de calidad y oportuna”.

El abogado, exembajador y fundador de Renovación Nacional dejó de existir a los 94 años.

La persona con proyección pública viene obligada a soportar un mayor grado de afección en su derecho al honor. El derecho al honor que se ve “limitado” por la exposición voluntaria a la opinión pública de los “influencers”.

El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, un hito en la lucha por los derechos LGBTIQ+. Esta histórica decisión, en el caso Obergefell vs. Hodges, representó un avance hacia la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, poniendo fin a décadas de discriminación legal.

El artículo analiza sentencias y decisiones claves de poderes judiciales y legislativos que marcaron el año 2024 en América Latina. Examina su impacto en el marco constitucional, el Estado de derecho y la democracia en diversos países de la región como Ecuador, Nicaragua, Uruguay, México y Colombia.

La sentencia reafirma la obligación de los centros educativos de garantizar un entorno inclusivo, libre de discriminación y respetuoso con la diversidad, ordenando al colegio revisar su manual de convivencia, ofrecer disculpas al estudiante y ajustar su educación en sexualidad para evitar contenidos discriminatorios.