Judicial

El máximo Tribunal determinó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a la normativa vigente al notificar al extranjero por correo electrónico y aplicar la expulsión por ingreso no habilitado. La resolución impugnada fue dictada dentro de las atribuciones legales, y el alegado arraigo familiar y laboral no impide la aplicación de la medida.

El máximo Tribunal revocó la decisión que declaró prescrita la acción de cobro de una factura y que rechazó la nulidad de otra, al concluir que la primera acción aún estaba vigente al momento de la notificación, y que la segunda carecía de causa, ya que los servicios que la respaldaban no fueron efectivamente prestados. Precisó que las facturas son títulos causados, vinculados al negocio que las originó, y que el deudor puede oponer excepciones reales relacionadas con la obligación derivada del contrato subyacente.

Las indemnizaciones por daño moral constituyen obligaciones de valor, de modo que los reajustes e intereses deben calcularse únicamente desde que la sentencia queda firme y ejecutoriada, y no desde la interposición de la demanda.

Concluyó que el deudor pagó erradamente al emisor original, pese a que la factura ya había sido válidamente cedida y notificada, aplicando el principio "quien paga mal, paga dos veces".

Fallo establece responsabilidad civil por $9.8 millones en caso de abuso financiero a persona con discapacidad

Se concluyó que los contratos de tres trabajadoras contenían una descripción ambigua e inespecífica de las funciones, incumpliendo el artículo 10 N°3 del Código del Trabajo y generando incertidumbre sobre las labores a desempeñar.

El máximo Tribunal consideró que la declaración de caducidad de las acciones fue improcedente. Determinó que el trabajador tomó conocimiento efectivo de su despido en diciembre de 2024 y que había cesado en sus labores por instrucciones de la empleadora, por lo que no podía considerarse vencido el plazo legal para interponer la demanda.

Rechaza recurso de casación en el fondo y confirma indemnización de $8.9 millones a compañía de seguros. Reafirma la responsabilidad de las empresas administradoras de estacionamientos por los vehículos bajo su custodia.

Rechaza recurso de casación y confirma que no es necesario probar intencionalidad o ánimo defraudatorio para configurar el ilícito. Basta con demostrar una conducta objetivamente contraria a la buena fe mercantil. La comercialización de una mezcla de aceites como si fuera aceite puro de rosa mosqueta constituye competencia desleal.

Resolvió que el acoso sexual es una causal autónoma de despido. No se requiere un análisis adicional de proporcionalidad o graduación de la sanción. La sola comprobación de hechos constitutivos de acoso sexual justifica el término de la relación laboral. Dejó sin efecto lo resuelto por la Corte de Santiago.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la demanda, ordenando a la empresa pagar $55.694.500 por daño emergente y $5.000.000 por daño moral, tras la rotura de una matriz de agua potable que provocó socavón y daños estructurales, dejando la vivienda inhabitable y generando gastos de reconstrucción y arriendo, además de afectar la estabilidad emocional del actor y su familia.

El máximo Tribunal desestimó la oposición presentada por la Municipalidad de Concepción, precisando que, tras la modificación introducida por la Ley N° 20.956, el único supuesto de oposición a la gestión preparatoria de notificación de facturas, según perentoriamente prescribe el artículo 5° letra d) de la Ley N° 19.983, corresponde a la falsedad material, sin que resulten admisibles en esta etapa impugnaciones basadas en otra clase de alegaciones.

La Corte de Santiago rechazó el reclamo presentado contra el CPLT, que ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregar información sobre el fabricante de la sustancia activa de un insecticida. El tribunal concluyó que los datos forman parte de un expediente administrativo público, que no se acreditó afectación concreta a derechos comerciales, y que el interés público prevalece sobre el interés particular, permitiendo el control social de las funciones fiscalizadoras del SAG.

Se vulneró el debido proceso al no proporcionar la sentencia completa por escrito, entregando únicamente su parte resolutiva

Se lo condenó a pagar una indemnización de $150 millones por daño moral. Paciente quedó con secuelas graves tras intervención, pero rechazó la demanda contra la clínica.

El jinete no logró acreditar el mal estado de la pista como causa del accidente. La prueba documental y testimonial fue considerada insuficiente por los tribunales de instancia. La Corte Suprema reafirmó que el recurso de casación no es una instancia para revisar hechos ya establecidos. Su rol se limita a examinar la correcta aplicación de la ley. Los jueces de instancia son soberanos en la valoración de pruebas, salvo que se acredite infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

El máximo Tribunal resolvió que la Superintendencia actuó dentro de sus atribuciones al sancionar a Clínica Dávila por exigir un pagaré a un paciente en situación de urgencia, confirmando que la condición de urgencia ya había sido establecida en una resolución administrativa previa y que la clínica debía ceñirse a los procedimientos médicos y legales vigentes.

La sanción fue aplicada tras determinarse ocho infracciones relacionadas con protocolos de seguridad, condiciones sanitarias, infraestructura, recursos de aprendizaje y capacitación del personal. El tribunal confirmó que el procedimiento sancionatorio se realizó conforme a la ley, que la Superintendencia tiene competencia para fiscalizar y que la sanción se encuentra dentro del rango legal y proporcional a las faltas detectadas.

La Corte ratificó la sanción de 15 UTM impuesta por la SUSESO a un médico psiquiatra por emitir 35 licencias médicas sin justificación clínica suficiente. Se tuvo en cuenta que los informes médicos de contralores demostraron objetivamente la falta de fundamento de las licencias, justificando plenamente la multa aplicada.

El Décimo Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la familia del estudiante de 17 años que se quitó la vida tras ser sancionado por porte de marihuana en 2017. El colegio fue declarado responsable por daños morales y vulneración de protocolos.

Ratificó la decisión de la Corte de Temuco que valido el procedimiento disciplinario que resultó en la expulsión del funcionario por infringir el toque de queda durante la pandemia en estado de ebriedad

El tribunal estimó improcedente ejecutar la medida de expulsión mientras se tramita la solicitud de refugio del afectado, víctima de persecución en su país por su orientación sexual. Recordó que la Ley N° 20.430 y los tratados internacionales sólo permiten expulsar solicitantes de asilo en casos excepcionales de seguridad nacional u orden público, lo que no fue acreditado en la causa.

Ex pastor deberá devolver propiedad tras rechazo de recurso de casación en el fondo

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Valdivia que había rechazado el reclamo de una ciudadana venezolana contra su expulsión del país. Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones no consideró adecuadamente que la afectada tiene una hija chilena, vulnerando el derecho a la protección de la familia y el interés superior del niño, por lo que se ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento.

El artículo 28 de la Ley N° 20.285 solo permite reclamar contra la decisión que resuelve el proceso de amparo. Solo la decisión original de amparo es impugnable vía reclamo de ilegalidad. Las resoluciones posteriores, como la de cierre, no son susceptibles del mismo recurso. El reclamo de ilegalidad es de derecho estricto y solo procede en casos específicos.

La demora no es excesiva ni injustificada, puesto que la emergencia sanitaria significó múltiples labores que ameritaban ser resueltas previamente por los funcionarios del servicio, en vista de la gravedad de los sucesos. La pandemia de COVID-19 y el consecuente estado de excepción constitucional justificaban la demora en la tramitación del sumario. Plazo de 6 meses de la Ley 19.880 no es fatal para la Administración. No procede el decaimiento del procedimiento administrativo

Corte Suprema confirma fallo que ordena a autoridades adoptar medidas concretas y eficaces para evitar la instalación de comercio informal en Avenida Valparaíso.

El máximo Tribunal revocó la sentencia de la Corte de Talca y confirmó la expulsión de una ciudadana venezolana por ingreso irregular, rechazando sus alegaciones de arraigo familiar. La decisión contó con un voto en contra que señaló que la decisión desconoció las circunstancias personales de la extranjera, ya que su familia vive en Chile y cuida a su nieto, por consiguiente, vulneró los principios fundamentales de reunificación familiar y el interés superior del niño.

El máximo Tribunal sostuvo que la suspensión del término probatorio durante el estado de excepción constitucional y las gestiones realizadas en segunda instancia constituyeron actividad procesal útil, interrumpiendo el cómputo del plazo de seis meses previsto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no correspondía aplicar la sanción de abandono. La decisión contó con el voto en contra de las ministras Melo y Lusic, quienes consideraron que la demandante sí incurrió en inactividad procesal.

Reclamación del Liceo René Descartes fue acogida por la Corte de Valparaíso que dejó sin efecto la sanción de privación parcial de subvención, tras constatar que la medida cautelar de suspensión de clases fue indebidamente tratada como una sanción definitiva.