Judicial

El tribunal desestimó el reclamo de una empresa sancionada por la Dirección General de Aguas, confirmando la multa aplicada por no cumplir la orden de restituir un cauce natural intervenido.

Se anuló la sentencia que rechazó la acción de reivindicación presentada por un comunero, al precisar que dicho acto constituye una medida de conservación del patrimonio común. De acuerdo con el mandato tácito y recíproco entre comuneros, previsto en los artículos 2078, 2081 y 2305 del Código Civil, y en consonancia con el procedimiento de regularización del Decreto Ley N° 2.695, un comunero puede ejercer de manera individual acciones destinadas a proteger la cosa común frente a un tercero que haya regularizado la propiedad.

La Corte acogió la reclamación presentada por una ciudadana extranjera que ingresó clandestinamente a Chile en 2018 junto a sus tres hijos menores, huyendo de violencia intrafamiliar. La resolución de la Intendencia de Arica y Parinacota fue declarada ilegal, al no considerar que la acción penal previa había sido desistida, lo que extinguió su responsabilidad penal. Asimismo, se valoró la protección de la familia y el interés superior de los niños, dejando sin efecto la medida de expulsión.

El máximo Tribunal determinó que solo correspondía declarar la prescripción parcial de las cuotas vencidas entre el 6 de mayo y el 6 de julio de 2018, al considerar que la cláusula de aceleración de los pagarés es facultativa y que las demás cuotas continuaban exigibles, ordenando proseguir con el desposeimiento del inmueble hipotecado por el saldo restante adeudado.

La Corte anuló la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo que había dejado sin efecto una multa aplicada por la Dirección del Trabajo, al concluir que la presentación de un poder simple con firma electrónica sin un mecanismo de verificación válido no acredita la representación legal de la empresa, imponiendo así la sanción originalmente establecida.

El tribunal declaró que varias empresas demandadas conformaban un único empleador para efectos laborales, al constatar vínculos de dirección común, control unificado y confusión de razones sociales, lo que las hace solidariamente responsables de las prestaciones adeudadas al trabajador.

No es necesario probar efectos visibles o "influencia" de la droga al momento de la conducción. La prohibición de conducir bajo influencia de drogas es absoluta. No se puede equiparar con la conducción bajo efectos del alcohol

Corte rechaza reclamo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile contra sanción de 700 UTM impuesta por la Superintendencia de Salud

El tribunal acogió el reclamo de Gendarmería y anuló la orden del CPLT que exigía entregar datos de internos de alta peligrosidad. Se tuvo en consideración que la ley permite reservar información vinculada a seguridad penitenciaria y nacional, incluso si no está expresamente contemplada en la normativa, y que la entrega podría comprometer la custodia y control de los internos.

La Corte desestimó la reclamación contra la DGA, confirmando la negativa a constituir un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas en Paredones, debido a que el sector está declarado como zona de prohibición, resguardando la disponibilidad del recurso y los derechos de terceros.

Se confirmó la sanción de 21 UTM impuesta a Canal 13, tras exhibir en su noticiario la imagen de una persona viva, confundiéndola con un conductor fallecido en un accidente policial que provocó la muerte de dos carabineros. La Corte sostuvo que, aunque el canal verificó la información con Carabineros y corrigió el error, es responsable por todo contenido que transmite, debiendo garantizar la veracidad de la información y respetar los derechos fundamentales de los afectados.

La Corte rechazó la reclamación de una ciudadana colombiana contra la orden de expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, al constatar que su permanencia en Chile es irregular y que cuenta con condenas por delitos en el país. La decisión se ajusta a la Ley N°21.325, considerando que la recurrente no renovó su permiso de residencia dentro del plazo legal.

La Corte Suprema anuló de oficio la sentencia de la Corte de Antofagasta, que había condenado solidariamente al hospital y a una clínica oftalmológica por la pérdida de visión de un paciente. El máximo Tribunal determinó que la clínica actuó conforme al convenio vigente y que el daño se produjo exclusivamente por la falta de respuesta oportuna del hospital.

Resolvió que, tratándose de vínculos a honorarios en órganos de la Administración del Estado posteriormente calificados como relaciones laborales, el empleador debe enterar las cotizaciones de seguridad social, salvo que existan cláusulas que asignen dicha obligación al trabajador o éste las haya pagado directamente. En el caso, se ordenó excluir multas y aplicar intereses sólo desde la ejecutoria de la sentencia que declaró la relación laboral.

Si perito original se encuentra fuera del territorio nacional ello constituye una "incapacidad sobreviniente" y justifica la declaración de otro experto del Servicio Médico Legal. Prueba de alcotest arrojó 0,95 gramos de alcohol en la sangre. Pericia de alcoholemia mostró 0,57 gramos de alcohol en la sangre (tomada 6 horas después). El informe pericial de retroproyección estimó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

La Corte de Santiago confirmó la privación temporal del 3% de la subvención mensual al Colegio Lo Errázuriz, tras constatarse falta de idoneidad docente, ausencia de actualización del contrato de la directora y carencia de certificación religiosa de un profesor. Concluyó que la sanción se ajusta a derecho y que se respetaron todas las garantías del debido proceso.

La Corte determinó que la orden de expulsión vulnera el artículo 4° de la Ley de Migración y Extranjería, que protege el interés superior de los menores. Se acreditó que el reclamante ingresó a Chile siendo menor de edad, por lo que, conforme a la normativa, los menores extranjeros que cometen infracciones migratorias no pueden ser sancionados.

La Corte de Santiago determinó que la entrega de los datos solicitados no afecta el orden público, la seguridad nacional ni derechos de terceros, señalando que la información se encuentra en poder del Ministerio y que la Ley de Transparencia establece de manera taxativa las únicas causales de secreto o reserva.

La Corte confirmó que el establecimiento educacional no cumplió plenamente con su reglamento interno al separar a un estudiante acusado de acoso y abuso sexual sin realizar indagaciones mínimas sobre los hechos. La sanción de 65 UTM aplicada por la Superintendencia de Educación se ajusta a la ley y refleja la infracción cometida.

Anula fallo del tribunal de alzada que omitió fundamentos esenciales y hechos relevantes, como transacciones posteriores al bloqueo del dispositivo de seguridad y por reducir indemnización por daño emergente y rechazar el daño moral. Condenó al Banco a pagar 4.162.478.- por daño emergente y 3.750.000.- por daño moral.

El máximo Tribunal revocó el fallo que anuló la expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones contra un ciudadano venezolano que ingresó clandestinamente al país. El fallo contó con votos disidentes que enfatizaron la protección especial para migrantes venezolanos basada en la Declaración de Cartagena y el principio de no devolución.

El máximo Tribunal anuló la sentencia de la Corte de Concepción que había ordenado la restitución de un inmueble, tras concluir que la ocupante cuenta con contratos de arrendamiento válidos y jurídicamente oponibles, lo cual excluye la existencia de precario, ya que la tenencia no es meramente tolerada ni carente de justificación.

La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad de la empresa, señalando que superó el indicador SAIDI en cinco comunas de la Región de La Araucanía durante 2022, afectando a más del 36% de los usuarios, y que la sanción aplicada por la SEC se ajusta a la ley y a los criterios de proporcionalidad.

El acusado respondió afirmativamente a la consulta de los agentes que deseaban conocer al dueño de un equipaje marcado previamente por un can especializado en detectar drogas, siendo detenido en el lugar con más de 11 kilos de marihuana que era transportada clandestinamente en su maleta.

El Excelentísimo Tribunal consideró que un error en la coordinación para que dos testigos de descargo acudieran a la audiencia de juicio, no constituye un acto del tribunal que afecte el derecho a aportar medios de prueba.

El acusado intentó atropellar a un Carabinero que intentó controlar su vehículo, y al ser atrapado por los agentes fue encontrado al interior de su vehículo armas de fuego prohibidas y diversidad de municiones.

El CPLT le ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación entregar información sobre el proceso de digitalización de la institución.

Informe de Universidad Austral de Chile demostraba claramente cambios significativos en el ecosistema, incluyendo una disminución del hábitat para diversas especies, cambios que constituyen un daño ambiental significativo, contrario a lo concluido por el Tercer Tribunal Ambiental. Decisión acordada con voto en contra.

Rechaza casación en el fondo por adolecer de manifiesta falta de fundamento. Corte de Valdivia confirmó la sentencia de primera instancia al establecer que concurren los requisitos de la acción reivindicatoria. Que el actor tenga el derecho de propiedad de la cosa a reivindicar; que se encuentre privado o destituido de la posesión de la cosa; y que se trate de una cosa susceptible de ser reivindicada, corporal y que los inmuebles estén debidamente singularizados respecto de su ubicación, superficie y deslindes.

El tribunal desestimó un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de La Reina que ordenó clausurar una botillería por su vinculación con el almacenamiento y distribución de drogas y lavado de activos. La Corte refirió que las patentes comerciales deben respaldar únicamente actividades lícitas y que la autoridad actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto.