Judicial

El tribunal acogió un recurso de nulidad contra la sentencia del 2° Juzgado de Letras del Trabajo, que solo ordenó el pago de cotizaciones previsionales, omitiendo pronunciarse sobre la compensación por feriados adeudados, remuneraciones insolutas y prestaciones derivadas de la nulidad del despido. La Corte ordenó a la empresa a cubrir estas obligaciones hasta la fecha de su liquidación concursal.

La Corte concluyó que la Superintendencia actuó dentro de la legalidad al constatar que Enel excedió los límites del indicador SAIDI en ocho comunas durante el año 2022, que las resoluciones están debidamente fundamentadas y que la sanción aplicada es proporcional a la gravedad de la infracción, la afectación a los usuarios, la reincidencia y la capacidad económica de la empresa.

El máximo Tribunal confirmó la expulsión de una ciudadana colombiana tras ser condenada por tráfico de drogas, rechazando sus alegaciones de arraigo laboral y familiar. El tribunal sostuvo que la medida se ajusta a la normativa vigente y responde a la gravedad del delito.

El máximo Tribunal consideró que la declaración de caducidad de las acciones en una demanda por tutela de derechos fundamentales y despido indebido fue aplicada indebidamente. Determinó que la presentación de una medida prejudicial probatoria interrumpe el plazo de caducidad, permitiendo que el trabajador ejerciera su derecho a reclamar judicialmente. La decisión contó con el voto en contra de dos ministras, quienes consideraron que no existía conducta reprochable de la magistratura.

La Corte de Santiago rechazó el recurso presentado por la Compañía General de Electricidad contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que le aplicó una multa de 1.500 UTM por permitir la puesta en servicio de dos PMGD sin la debida autorización del Coordinador Eléctrico Nacional.

Reconoce honorarios de ginecólogos como gasto necesario y anula multa por supuesto retardo en pago de impuestos. Mantuvo el rechazo de gastos vinculados al Plan Mi Clínica, PAD y otros, por falta de prueba suficiente. La Corte enfatizó que la calificación de un gasto como necesario depende de su relación con el giro del contribuyente y su carácter inevitable para generar renta.

Ratifica el fallo de la Corte de Concepción, confirmando que el cierre anticipado de accesos vulneró el deber de resguardo hacia los alumnos. Desestimó la reclamación de la corporación sostenedora y reafirmó que la multa de 75 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación fue proporcional y ajustada a derecho.

Desestimó la responsabilidad municipal en el fallecimiento de un paciente, al concluir que la atención prestada se ajustó a los protocolos clínicos y no se acreditó infracción a la lex artis.

El tribunal acogió un reclamo de ilegalidad presentado por CGE contra la SEC, tras constatar que la autoridad no consideró adecuadamente los descargos y pruebas aportadas por la empresa ni ponderó la proporcionalidad de la sanción, por lo que ordenó retrotraer el procedimiento administrativo y garantizar un nuevo análisis motivado de la multa impuesta.

La Corte desestimó la reclamación de la Corporación Municipal de Maipú contra la Superintendencia de Educación, ratificando la sanción impuesta al establecimiento parvulario “Alon Kura”. Sostuvo que no se presentó el registro general de matrícula exigido por la normativa, y que los documentos alternativos aportados no permitieron verificar la matrícula real.

Ratifica multa de 1000 UTM (500 por cada infracción) impuesta por tribunales inferiores. Mantiene la suspensión de operaciones del centro de cultivo "Factoría" por un ciclo productivo. Determinó que la empresa no logró acreditar los hechos que la eximirían de la infracción. Rechazó argumento sobre un supuesto escape masivo de peces, por falta de evidencia objetiva.

El máximo Tribunal acogió un recurso de casación en la forma y anuló la rebaja de la indemnización por daño moral efectuada por la Corte de Santiago, aumentando los montos a $10.000.000 y $2.500.000. El fallo reconoce el impacto emocional y psicológico sufrido por la Notario Titular a raíz de irregularidades y desórdenes administrativos generados durante los períodos de desempeño de dos notarios interinos, estableciendo una reparación proporcional a la contribución de cada responsable.

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Santiago y dejó sin efecto la resolución que ordenó la expulsión y el rechazo de la visa temporal, tras constatar que el Servicio Nacional de Migraciones no ponderó adecuadamente el arraigo familiar del reclamante, quien reside en Chile desde 2013, está casado con una extranjera con residencia definitiva y es padre de una hija chilena.

El máximo Tribunal confirmó la sanción de 45 UTM impuesta a la Fundación Educacional Nuevas Palabras por matricular más alumnos que los cupos disponibles en el Colegio San Luis de Talcahuano. Señaló que la institución no justificó la presencia de alumnos repitentes ni de la estudiante en aula hospitalaria, y que corresponde a los sostenedores informar verazmente los cupos disponibles, respaldando la actuación de la Superintendencia.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió la reclamación y anuló la sanción de privación temporal del 2% de la subvención por un mes, tras determinar que la Superintendencia de Educación aplicó la multa fuera del plazo de prescripción establecido en la Ley N° 20.529, dado que ya tenía conocimiento de los hechos que motivaron los cargos, tanto por uso indebido de recursos como por falta de entrega de información.

El máximo Tribunal anuló la sentencia impugnada, que rechazó la excepción de falta de mérito ejecutivo en un juicio ejecutivo por un cheque de $51 millones. Concluyó que, al haber sido entregado en garantía y no en pago de obligaciones o comisión de cobranza, el cheque carece de la naturaleza de título ejecutivo, por lo que procede acoger la excepción y denegar la ejecución.

Confirma indemnización por daños al paciente y su familia. Rechaza argumentos sobre errores en la valoración de pruebas. Establece que la apreciación de la prueba es facultad privativa de los jueces de instancia. Aplica la doctrina de "obligaciones in solidum" en lugar de la solidaridad legal tradicional

Ordena reincorporar al padrón electoral a persona declarada interdicta por demencia. El derecho a voto es fundamental en una democracia y cualquier limitación debe interpretarse de forma restrictiva. La interdicción por demencia, que tiene efectos principalmente patrimoniales, no debe extenderse automáticamente a derechos políticos como el sufragio. El Tribunal invocó el principio constitucional de participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley N° 20.422), entre otras fuentes.

Impugnación no puede prosperar al no constatarse infracción a las normas reguladoras de la prueba ni al artículo 38 del D.L. 2.186. Respaldó tasación efectuada por la Comisión de Peritos y descartó tanto la existencia de un derecho adquirido por la potencialidad de fusión del predio como la procedencia del lucro cesante por arriendo, cerrando así la disputa por la indemnización.

Se incurrió en una diferenciación arbitraria en perjuicio del recurrente al ponérsele término a su contrata injustificadamente. Ordenó además el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que fue separado de sus funciones

La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad de AFP Capital contra la decisión del CPLT, que ordenó a la Superintendencia de Pensiones entregar información sobre acuerdos, transacciones, montos recibidos, metodología de indemnizaciones y afiliados afectados por el denominado “Caso La Polar”.

El máximo Tribunal unificó jurisprudencia sobre pago de cotizaciones de trabajadores a honorarios en organismos públicos, determinando que los intereses sólo se devengarán desde que la sentencia que dispuso su pago se encuentre ejecutoriada. La decisión responde a la imposibilidad de los órganos del Estado de pagar cotizaciones sin una orden judicial previa y aclara la aplicación de la presunción de legalidad de los contratos de honorarios.

Reprochó que la Corte de Antofagasta omitiera valorar exámenes médicos que confirmaban la presencia de un cuerpo extraño en el organismo de la paciente, vicio que vulnera el deber de fundamentación exigido por el Código de Procedimiento Civil.

El máximo Tribunal confirmó la expulsión de una ciudadana dominicana, sentenciada por tráfico de drogas en 2020, rechazando sus alegatos de arraigo laboral y social en Chile. La decisión mantiene la prohibición de ingreso al país por 25 años, respaldando la legalidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Dirección de Vialidad deberá notificar liquidación de siete contratos pendientes en 30 días hábiles

El máximo Tribunal confirmó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación al Colegio Lo Errázuriz de Maipú por diversas infracciones administrativas, incluyendo falta de idoneidad del personal docente y documentación incompleta. La decisión respalda la legalidad del procedimiento sancionatorio, la proporcionalidad de la multa y el respeto a todas las garantías procesales.

Confirma condena a una ex cabo a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, sustituida por remisión condicional por el lapso de un año, por consumo de cannabis al desestimar argumentos de prescripción médica

La existencia del delito y la participación sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal, acusando y permitiéndole a éste ejercer los derechos que le franquea el ordenamiento procesal penal.

La sanción, aplicada por la Superintendencia de Educación, se originó en denuncias por falta de docente en Lenguaje de 8° básico y un episodio de maltrato, considerando que el establecimiento no cumplió con los registros de asignaturas ni aplicó correctamente su reglamento interno.

El máximo Tribunal revocó el fallo que rechazó la reclamación contra el Servicio Nacional de Migraciones, al determinar que la resolución de expulsión no ponderó adecuadamente el arraigo familiar de la reclamante, vulnerando el derecho a la protección de la familia y el interés superior del niño, por lo que se ordenó emitir un nuevo pronunciamiento considerando estos factores.