Laboral

El Tribunal consideró vulneratorio el despido de 7 empleados de la Corporación Unión de Centros Bíblicos debido a la participación en una negociación colectiva.

El máximo Tribunal indicó que la situación planteada no es posible de equiparar con la del fallo que ha servido de sustento al recurso en análisis.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Dolmestch y el abogado integrante Munita, quienes estuvieron por rechazar el recurso interpuesto.

De acuerdo a algunos parlamentarios los testimonios fueron insuficientes y anunciaron mantener un seguimiento sobre la actuación de estos organismos públicos en torno a este proceso.

El máximo Tribunal consideró que la Corte de Apelaciones de San Miguel vulneró el procedimiento al ratificar la incompetencia del Tribunal Laboral para resolver el conflicto.

El Tribunal confirmó la sanción aplicada por la autoridad a la empresa Servipag por hacer trabajar a dos de sus empleadas ese día feriado obligatorio irrenunciable en puntos de recarga de la Tarjeta Bip.

Se excluye la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral.

Se declaró que el despido fue injustificado, condenando a la demandada al pago del incremento del 30% de la indemnización por años de servicio y del feriado proporcional.

Según los antecedentes, la Farmacia Salcobrand despidió a su funcionaria, por realizar una auto venta de medicamentos sin informar a su jefe directo, actuación que está prohibida en el contrato de trabajo y procedimientos y que, según la empresa, fue de carácter grave.

La sentencia de primera instancia descartó una violación al principio de non bis in ídem ( juzgar dos veces por un mismo hecho) al aplicar la sanción por ley sanitaria, además del castigo que realizó la Dirección del Trabajo en el caso, ya que se trata de hechos y situaciones distintas.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien estuvo por rechazar el recurso interpuesto.

Por actos que afectaron su integridad, psíquica y represalias ejercidas por el Gerente de Operaciones y por tanto representante de la empresa empleadora.

En este caso la carta de despido cumple con los requisitos legales y con contener el sustento fáctico exigido por la jurisprudencia en la materia.

El máximo Tribunal indicó que la situación planteada en autos no es posible de equiparar con el fallo que ha servido de sustento al recurso.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Chevesich, quien fue de opinión de rechazar el arbitrio.

El Tribunal acogió la demanda presentada por una trabajadora de la farmacia Salcobrand SA y estableció diversas infracciones a la normativa laboral.

Yerran los sentenciadores de la Corte de Valparaíso, cuando al resolver el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, decidieron que la sentencia del grado incurrió en error de derecho.

El Tribunal de alzada estableció la relación laboral entre el conductor de moto y la empresa de despacho a domicilio Alimentos Santa Emilia SpA.

El Tribunal de alzada acogió la acción proteccional, tras establecer que el Hospital Base de Valdivia actuó ilegalmente y con afectación de garantías constitucionales de las recurrentes.

Tribunal condenó a las empresas Eurocalidad, Elecnor Chile y Latin American Power a pagar $7.000.000 a trabajador contratado como laboratorista vial y que resultó con un corte y una fractura expuesta, cumpliendo funciones de carpintero.

El Tribunal indicó que la garantía de indemnidad, como todo derecho fundamental, constituye un límite a los poderes empresariales.

El Tribunal de alzada descartó vicios de nulidad en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda presentada por secretaria desvinculada el año pasado por la entidad deportiva.

La demandada adujo que la resolución impugnada incurrió en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a la Sociedad Administradora de Establecimiento Educacional de Diego de Almagro.

El Tribunal condenó a las empresas demandadas a pagar una indemnización de $35.523.688 a trabajador que sufrió un grave trauma ocular, en un accidente laboral registrado en dependencias de la empresa principal.

La Magistrada dio lugar a la acción judicial deducida, tras establecer la ocurrencia de los actos y tratos atentatorios a la integridad física y síquica de la demandante.

Decidió modificar su postura doctrinal sobre el tema, específicamente en el caso en que el empleador respecto del cual se reclama el pago de la sanción en comento, corresponde a un órgano público.

El hecho de haber sido calificado con notas siete en años anteriores no es un derecho adquirido a mantener sucesivamente la misma calificación.

La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado.

El Tribunal sostuvo, en síntesis, que no se logró acreditar por el demandante, que carga con el peso probatorio.