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Acogió a trámite la acción solo respecto de normas legales del estatuto de Carabineros, declaró inadmisible la impugnación contra disposiciones reglamentarias por falta de rango legal y ordenó suspender el juicio de tutela laboral seguido por un ex funcionario dado de retiro por razones de salud. Este solicitó declarar inaplicables disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, del Estatuto del Personal y del Reglamento de Comisiones Médicas que confieren carácter definitivo a dictámenes de la Comisión Médica Central, al estimar que vulnera el debido proceso, la tutela judicia

La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Enel Distribución Chile S.A., confirmando la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que mantuvo las instrucciones técnicas y económicas establecidas en el Informe de Criterios de Conexión de un proyecto PMGD. El fallo establece que la empresa distribuidora no puede alterar unilateralmente las obras y obligaciones contenidas en el ICC, y que la actuación de la SEC se ajustó plenamente a la normativa vigente.

El tribunal estimó que no existía diagnóstico confirmado ni indicación quirúrgica formal que activara las garantías GES, por lo que la mantención del paciente en lista de espera no configuró un acto ilegal o arbitrario del establecimiento asistencial.

La Corte de Santiago respaldó la medida preventiva de la CMF contra la corredora, tras constatar que había abandonado su domicilio declarado y no acreditó uno nuevo, situación que impedía garantizar la correcta intermediación y emplazamiento legal de los reaseguradores. La resolución se mantuvo pese a los antecedentes presentados por la empresa reclamante y a la existencia de una investigación penal en curso contra su representante legal.

El tribunal estimó que las bases de licitación no exigían que las garantías provinieran de los fabricantes y que la oferta adjudicada cumplía con los requisitos técnicos, descartando vulneración a los principios de igualdad, probidad y libre concurrencia.

Concluyó que la autoridad militar desconoció la interposición de recursos administrativos presentados oportunamente, configurando una vulneración al debido proceso y a la igualdad ante la ley, al tener por firmes y ejecutoriadas sanciones disciplinarias. Ordenó que conozca y resuelve los recursos de reconsideración que no fueron tramitados

Mantenía cannabis, cocaína base, clorhidrato de cocaína y ketamina para su acopio y posterior comercialización. Rechazó tesis defensiva que atribuía la propiedad de la droga a un tercero.

La moción elimina la renovación periódica de las licencias de conducir no profesionales hasta los 65 años de edad y establece el deber de los conductores de informar condiciones médicas que afecten su capacidad para conducir de manera segura.

La iniciativa busca reforzar la seguridad vial mediante una redefinición objetiva de las conductas de alto riesgo, aumentando sanciones, ampliando el comiso del vehículo y facilitando la fiscalización y persecución penal y administrativa. Para ello reforma el tipo penal de “carreras no autorizadas”, reemplazando sus elementos subjetivos por una descripción objetiva de conductas de conducción temeraria, con el propósito de facilitar su aplicación y reforzar la protección de la vida e integridad física de las personas.

El Tribunal Constitucional desestimó un requerimiento de inaplicabilidad deducido por una condenada por maltrato de obra a Carabineros, confirmando que la exclusión de penas sustitutivas prevista en la Ley N° 18.216 para delitos cometidos contra funcionarios policiales no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, por responder a una opción legítima de política criminal orientada a la protección de la función de orden y seguridad pública.

En una decisión dividida, revocó el fallo de la Corte de Copiapó al considerar que se afectó el derecho a defensa del imputado adolescente, reafirmando que la prescripción se rige por plazos especiales y se inicia desde la comisión del delito, conforme al principio de legalidad y al estatuto penal juvenil

Descarta sumar años servidos en distintos órganos públicos. Precisó que la protección por confianza legítima solo se configura con renovaciones sucesivas por al menos cinco años en un mismo servicio público, rechazando computar períodos desempeñados en organismos distintos de la Administración

El requerimiento cuestiona la norma del Código Civil que autoriza a los acreedores del cónyuge propietario, existentes al momento de la declaración del bien familiar, a perseguir la ejecución del inmueble destinado a residencia del grupo familiar, por estimarse que vacía de contenido la protección legal de la vivienda familiar y afecta los derechos procesales del cónyuge no propietario.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Coyhaique que había ordenado la reincorporación de una funcionaria municipal sancionada con destitución, al estimar que viajar al extranjero durante una licencia médica constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa y que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar la proporcionalidad de la sanción disciplinaria.

“¿Impunidad en el caso Crespo? Lo que ha dicho la justicia en casos similares”, una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, plantea que el estándar penal se define por reglas previas y prueba, no por el resultado lesivo, y revisa once sentencias para distinguir cuándo los tribunales tienden a absolver o condenar por apremios ilegítimos asociados al uso de escopeta antidisturbios.

El cumplimiento de los permisos ambientales rige durante toda la ejecución de los proyectos y es fundamental para evitar riesgos. Autoridad ambiental sancionó a la inmobiliaria por incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental durante la fase de construcción del proyecto en Peñalolén, vinculados al manejo de residuos, control de ruidos y uso de accesos no autorizados, aplicando una sanción que supera los $248 millones.

La iniciativa, impulsada por senadores de oposición, busca habilitar el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad en casos excepcionales, pero enfrenta el rechazo del Ejecutivo y críticas por su eventual aplicación a condenados por crímenes de lesa humanidad y graves delitos sexuales. Ejecutivo rechaza por eventuales riesgos de impunidad y conflictos con estándares internacionales de derechos humanos

El tribunal absolvió al acusado del delito de robo por sorpresa ocurrido en febrero de 2025, pero lo condenó como autor de un robo con violencia perpetrado en marzo del mismo año, imponiéndole una pena efectiva de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, con accesorias legales. Estimó insuficiente la prueba para acreditar el arrebato sorpresivo del teléfono, pero dio por plenamente acreditada la intimidación y las agresiones en el segundo hecho

Desestimó recurso de casación en el fondo al concluir que la acción pretendía reabrir la valoración probatoria, en un caso de detención por flagrancia declarada legal y posterior decisión del Ministerio Público de no perseverar

El tribunal descartó la prescripción de la potestad sancionatoria y sostuvo que la omisión de contar con docentes idóneos constituye una infracción permanente, además de rechazar que la corrección posterior de los protocolos internos elimine las infracciones constatadas por la Superintendencia de Educación.

La regulación de las actividades productivas en Reservas Nacionales ha transitado desde un régimen permisivo hacia un modelo condicionado por estándares de compatibilidad ambiental que aún no cuentan con reglas de aplicación. La falta de reglamentación de los planes de manejo ha dejado sin operatividad efectiva al nuevo marco jurídico, generando un escenario en el que las decisiones administrativas carecen de criterios claros y el conflicto entre conservación y producción permanece jurídicamente sin respuestas claras.

Reafirma que la interpretación del contrato y la valoración de la prueba corresponden a los jueces del fondo, descartando que la prolongación del plazo de una obra genere, por sí sola, el derecho a mayores gastos generales y utilidades cuando no existe modificación contractual formal.

Revocó fallo de la Corte de La Serena, señalando que mantener a la imputada en un penal sin evaluación psiquiátrica vulnera garantías constitucionales y contraviene expresamente el Código Procesal Penal

Desestimó el recurso de amparo interpuesto contra una decisión judicial que mantuvo el cumplimiento efectivo de la pena, al estimar que la interpretación de la Ley N° 18.216 no resultó ilegal ni arbitraria, aun cuando las condenas previas del imputado se encontraban prescritas

El tribunal estimó que la negativa del Servicio de Impuestos Internos a conceder el beneficio previsto en la Ley N° 20.732 resultó arbitraria y desproporcionada, al fundarse en una interpretación estricta del avalúo fiscal que desconoció la finalidad protectora de la norma y la situación de vulnerabilidad económica de la recurrente.

Cuando existe violencia intrafamiliar y presencia de armas de fuego, el riesgo para la víctima es inmediato y exige respuestas cautelares obligatorias y coordinadas del Estado. Comisiones unidas de la Mujer y de Familia del Senado acordaron votar y despachar la iniciativa en su próxima sesión, tras analizar indicaciones del Ejecutivo que refuerzan la prohibición de armas, la incautación inmediata y el acceso de los tribunales a los registros oficiales

El tribunal desestimó la reclamación judicial del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, al concluir que no había operado la prescripción ni el decaimiento del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia de Educación, confirmando la sanción aplicada al establecimiento por incumplir la normativa vigente en el proceso de cancelación de matrícula de un estudiante.

La Corte estimó que la medida de expulsión carecía de proporcionalidad y que la autoridad migratoria no acreditó haber respetado debidamente el derecho a defensa de la afectada, al no demostrar una notificación efectiva del procedimiento sancionatorio ni ponderar adecuadamente su arraigo familiar y laboral en el país.

La Corte rechazó el recurso de nulidad deducido por la empleadora contra la sentencia que declaró injustificado el despido de un trabajador acusado de inscribir como “pareja” a un tercero para acceder a un beneficio de pasajes aéreos y de solicitar un viaje de “luna de miel” mientras mantenía otros beneficiarios registrados, al estimar que la empresa no acreditó los hechos imputados ni una infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Concepción y acogió el reclamo de la sostenedora de un establecimiento educacional, al concluir que la Superintendencia de Educación inició fuera de plazo el procedimiento sancionatorio por no informar estados financieros al Consejo Escolar y no difundir oportunamente el Plan de Formación Ciudadana, configurándose la prescripción de la acción conforme al artículo 86 de la Ley N° 20.529.