Nacional

"el alejamiento forzado de la institución puede obedecer a responsabilidad penal, en el caso de la perpetración de un delito; responsabilidad administrativa, por la que se aplica la medida disciplinaria de separación o baja respectivamente, y como resultado de las calificaciones, cuyo es el caso de autos."

“no se determinó en la causa algún hecho o circunstancia que constituya falta de servicio por parte de la demandada en relación a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería, respecto del predio materia de autos”.

“no se aprecian situaciones arbitrarias por el ente estudiantil recurrido, precisamente por haberse ajustado al procedimiento que prescribe el Reglamento de la Universidad y sobre la base de las evidencias recopiladas durante el curso de la investigación”.

El TC declaró que no existe contienda de competencia entre el Juzgado de Familia de Peñaflor y la Fiscalía Local de Talagante.La gestión pendiente incide en causa sobre violencia intrafamiliar, donde el Juzgado de Familia estimó que se configuraba el delito de maltrato habitual, por lo que remitió los antecedentes a la Fiscalía, quien se…

agrupándose en cuatro grandes áreas: “lo relacionado con el Plan de Salud Garantizado (PSG); el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Salud y sus incidencias; las licencias médicas; y otros que tratan distintas temáticas”.

“no se reunieron las pruebas suficientes para sostener las faltas mencionadas por los acusadores, conforme a lo que establece la Constitución, sino que, al contrario, se demostró que el Secretario de Estado cumplió cabalmente con sus funciones”.

"en cuanto a la denuncia de haberse transgredido los artículos 1545, 1560, 1562 y 1563 del Código Civil, cabe señalar que del mérito de la lectura del recurso se puede constatar que este capítulo no reúne los requisitos formales que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil".

“no hay datos ciertos y precisos en estos autos, que permitan establecer que uno o más alumnos, padres o apoderados de los establecimientos educacionales de que se trata, haya resultado dañado en su integridad psíquica como consecuencia del fenómeno sobre el cual se discute, en grado tal que obligue a mantener las escuelas en su actual emplazamiento, como restablecimiento de un derecho de ese tipo que se hubiere quebrantado, máxime si los recurrentes incluyen en su libelo a “todos los alumnos, padres y apoderados”, cuestión improcedente por su vaguedad e indeterminación".

"el Informe se encuentra orientado a ser una herramienta útil y de fácil manejo para litigantes, operadores del derecho, estudiantes y profesores, quienes deben estar familiarizados con la interpretación y aplicación de normas constitucionales".

"habiendo invocado el requirente como norma infringida el artículo 19, N° 4°, de la Constitución, cabe recordar que el derecho al honor no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones, entre las cuales una muy principal es la libertad de opinión e información, con la cual cabe generalmente ponderarlo"

que la Fundación Integra es “una corporación de derecho privado instrumental, creada por el ente público en 1979 para coadyuvar en el cumplimiento de una función pública”, por lo que es parte del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

“el inciso 5° del artículo 169 (anterior artículo 174) de la Ley N°18.290 establece que la Municipalidad respectiva -o el Fisco en su caso- será responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. La precitada disposición guarda, a su vez, congruencia con la contenida en el artículo 152 (anterior artículo 142) de la Ley N°18.695, según el cual las Municipalidades incurren en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio”.

"análisis de la declaración de la ONU sobre derechos indígenas, en relación al derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos".

“Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia. Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”.

la causal “conducta homosexual” se constituye como una sanción a la orientación sexual de una persona y su exteriorización, sin que implique necesariamente contacto sexual con una persona del mismo sexo.

"las conclusiones a las que arriban los sentenciadores en orden a la inoponibilidad de los Convenios no se da en el orden territorial, sino temporal, por lo que el error denunciado no tiene influencia en lo decidido, ya que en caso de acogerlo y declarar que la Municipalidad de Lo Barnechea es continuadora legal de la Municipalidad de Las Condes, aquélla no podría cumplirlos conforme a lo razonado”.

"se han impuesto multas laborales por situaciones que la recurrente no se encontraba obligada a cumplir, toda vez que no se encuentra regida por las normas laborales, sino que por las normas comunes del derecho civil".

“se ajusta a derecho y no es arbitraria, pues constituye una sanción que guarda proporción con la falta en que incurrió”.

"la actuación de los recurridos no ha resultado ilegal, desde que se ajusta a la normativa que rige a los funcionarios municipales. A su turno, tampoco se la puede tildar de arbitraria, desde que la terminación de los servicios a contrata está dada por el solo ministerio de la ley"

el recurrente no habría impetrado oportunamente la doctrina del fraccionamiento de sus cotizaciones, pero a pesar de esto, tampoco fue invalidada por resolución del Instituto de Normalización Previsional, “por lo que, en la actualidad, debe producir sus efectos propios, entre los cuales se cuenta el de haber reservado periodos para la obtención de otra jubilación”.

“no es posible agravar dicho castigo añadiendo requisitos y exigencias que no están contemplados en el programa de la asignatura y que le son exigibles sólo a la recurrente, como quiera que la Universidad recurrida no ha demostrado que tales condiciones son también válidas para otros alumnos”.

el servicio de distribución eléctrica es una concesión del Estado a las empresas concesionarias, las cuales tienen la facultad legal de disponer el corte del servicio eléctrico, facultad que sólo es procedente “respecto del deudor directo, como lo son las dependencias municipales del abonado, con las excepciones que establece la propia ley, pero este corte jamás puede alcanzar a los administrados que no son clientes ni deudores directo de la concesionaria”.

"se desprende que no concurren los presupuestos constitucionales y legales para que la acción pueda prosperar, toda vez que la disposición reprochada no es decisiva para la decisión del asunto, configurándose de esta manera la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo 84 de la LOC del TC".

“la conducta omisiva de la DGA constituye un acto arbitrario que ha impedido a las recurrentes ejercer la actividad económica propia de su giro, vulnerándose así por parte del organismo estatal la garantía del inciso primero del N° 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, para lo cual no es óbice la existentes de otras solicitudes previas pendientes, ya que “la DGA debe arbitrar los medios y mecanismos necesarios para agilizar los trámites referidos”.

“debe estar referido al ejercicio de la acción de divorcio y no al plazo transcurrido desde el cese de la convivencia, porque este último es un hecho objetivo, que se exige probar de acuerdo a las exigencias que se incorporaron a raíz de la separación de hecho y con las limitaciones allí consignadas” (Boletín N° 1759-18 (N° 890), p. 178).

"a su juicio, la norma carece de razonabilidad y estatuye derechamente la tan cuestionada prisión por deudas, obligando al Edil a hacerse responsable personalmente de una carga que le es ajena a su voluntad, esto es, la carencia de disponibilidad presupuestaria comunal, pudiéndose disponer de su propia libertad personal".

“la construcción del hotel se ha llevado a efecto cumpliendo con la normativa que nuestro ordenamiento jurídico requiere para dicho efecto”.

“las infracciones graves al principio de la probidad administrativa solo procede sancionarla con la medida expulsiva sin que las circunstancias atenuantes puedan incidir para rebajar el castigo. Así también lo dispone el artículo 125 del Estatuto Administrativo”.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual tiene su origen en la “Oficina Central de Estadística” que tenía como misión centralizar todo el material generado por diversos entes estatales. A dicha institución, le sucedió la “Dirección de Estadística y Censos”, la que a su vez en el año 1970 se transformó en lo que hoy conocemos como INE.

“sí tenía facultades para fiscalizar la situación de lucro de las 62 universidades privadas creadas con posterioridad de 1981”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del DFL Nº 2, Ley General de Educación, que “establece que el Ministro puede iniciar investigación y llegar a la cancelación de la personalidad jurídica de una casa de estudio superior cuando se infringen gravemente los estatutos de una corporación educacional, como sería la persecución de fines de lucro”.