Nacional

la RAE, ha sido la principal detractora de la utilización del lenguaje de género, fundamentando que “este lenguaje quita claridad y elegancia a los textos normativos, propugnando la utilización genérica del denominado género no marcado, es decir del género masculino”.

"el proyecto observó que el precitado convenio constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley N° 1094, de 1975 y en el decreto supremo N° 597, de 1984, ambos del Ministerio del Interior, y encuentra su plena justificación en el interés de ambas Partes de estrechar los lazos de amistad existente entre los dos países".

a partir de la prueba rendida en autos, “se estableció que la infraestructura levantada en la estación de trenes se hallaba prácticamente desprovista de medidas de seguridad frente a la población que vivía a su alrededor, especificando los magistrados las medidas que no habían sido cumplidas, configurándose con ello la responsabilidad de la empresa propietaria de las instalaciones”, todo lo cual permite concluir que no se ha alterado la carga de la prueba en el caso sublite.

“que en armonía con lo expresado la falta de servicio se configura, puesto que la Municipalidad incumplió sus obligaciones legales al no mantener una importante vía pública en condiciones de brindar un tránsito seguro para los vehículos que circulan por ella, generando un riesgo previsible y evitable con una mediana diligencia y cuidado”.

la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual, "protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”.

“exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que la revisión responda a cambios efectivos y verificables de los precios de las prestaciones cubiertas por el plan”, lo cual se justifica tanto por el carácter extraordinario de la facultad de la Isapre como por la particular situación en que se encuentran los afiliados a un plan.

"el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 2132-11, de 29 de diciembre de 2011, declaró inconstitucional el artículo transitorio que sometía a un acuerdo del concejo municipal la instalación de los nuevos juzgados de policía local, por considerar que no es posible someter a una decisión de ese cuerpo colegiado la instalación de un tribunal de justicia, debiendo efectuarse exclusivamente por ley".

"no cabe duda que en la tradición constitucional occidental, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, se originaron primero en relación a la libertad de prensa y, ulteriormente, fue incluyendo otros medios de comunicación social, a medida que se desarrollaban tecnológicamente como soportes diversos de las opiniones e informaciones en flujo social, dentro del concepto genérico de libertad de expresión, que a su vez alcanza incluso a otras manifestaciones de las personas".

“que consignada la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la alegación esencial del recurso, esto es, la falta de aplicación del estatuto de la responsabilidad extracontractual basada en la falta de servicio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en su carácter de órgano de la Administración del Estado, al negarse a incorporar al actor a su planta, pugna con los hechos asentados por los jueces".

El requirente estima, que de aplicarse los preceptos impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso. Toda vez que un ciudadano víctima de actos cometidos por agentes públicos, como lo es Carabineros de Chile, deberá someter la satisfacción de sus derechos en un proceso en un proceso ante tribunales distintos, con diversa composición y con normas procesales diversas, cual serían aquellos tribunales que componen la jurisdicción militar, contraviniendo lo ya señalado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interame

El precepto legal impugnado dispone: "La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva…

restando sólo la dictación del "cúmplase" de la sentencia, la preceptiva impugnada no puede recibir aplicación en dicho trámite, toda vez que el Tribunal que conoce del asunto ya ha adoptado una decisión sobre el fondo del mismo y posteriormente se ha declarado el abandono del recurso, verificándose además la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo de la LOCTC.

“no significan que el recurrido haya representado lo que determinadamente se le ha ordenado, sino que involucra la pretensión de aclarar el tenor de lo decretado, atendida la inconsistencia con los registros que por ley Gendarmería debe levantar” y que justifican dicha actuación.

“el plazo para deducir la reclamación se interrumpió con la interposición del recurso de reconsideración y sólo comenzó a correr nuevamente una vez que fue notificada la resolución que lo rechazó”, por lo que no debió haberse acogido la excepción de caducidad de la reclamación.

"se constituye la corporación Educacional Universidad del Mar, donde atendida su naturaleza jurídica, esta Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse respecto a la situación que se denuncia, toda vez que el control preventivo de juridicidad y supervisión que por mandato constitucional y legal realiza este Ente Fiscalizador, se circunscribe a los organismos de la Administración del Estado, lo que no acontece en la especie, con la referida casa de estudios superiores".

"el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley, lo que ha sido reafirmado por la jurisprudencia de esta Contraloría General en los dictámenes N°s. 20.063, de 2004; 34.935, de 2011, y 25.336, de 2012, y en particular mediante el oficio N° 68.808, de 2011, en donde se le señaló expresamente a esa autoridad tal circunstancia".

en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete "el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligu

"la decisión de la recurrida se enmarca en la obligación legal de determinar los establecimientos en que los condenados deben cumplir sus penas, evitando los riesgos que el hacinamiento carcelario produce en la población penal".

Con asistencia de destacadas autoridades y académicos fue presentado el día de ayer el libro titulado “Congreso Nacional” mediante el cual la Asociación Chilena de Derecho Constitucional rinde un merecido homenaje al profesor don Alejandro Silva Bascuñan. La solemne ceremonia tuvo lugar en el Salón de Los Presidentes del ex Congreso Nacional en Santiago y…

“es por ello que la acción deducida es declarativa de derechos y no de nulidad de derecho público, siendo la declaración de nulidad solicitada, en realidad, una solicitud de declaración de ilegalidad para los efectos de pedir se declare su derecho a ser indemnizado, como por lo demás lo señala expresamente el actor, acción que como ha reiterado esta Corte Suprema se encuentra sometida a las reglas generales sobre prescripción”.

El requirente estima, que de aplicarse la normativa, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, las consagradas en el artículo 8 inciso 2°, toda vez que los mensajes enviados a través de correos electrónicos institucionales no constituyen información pública.

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Concón, por no recibir respuesta a su requerimiento de solicitud de información relativa al monto que dicho Municipio gastará en publicidad en los meses de julio, agosto septiembre y octubre de 2012 en comparación a los mismos meses de los últimos…

"se estableció la obligación de las empresas asociadas a la explotación de este rubro, informar al Ministerio de Salud –una vez por año- de los aditivos y sustancias que utilicen en la fabricación de cigarros, con el objeto de que pueda ser prohibido su uso en el caso de que exista certeza que su utilización aumente los niveles de adicción, daño o riesgo en los consumidores".

El TC declaró admisibles requerimientos de inconstitucionalidad –Roles 2386-12 y 2387-12: acumulados con Rol N° 2388-12– interpuestos por un grupo de parlamentarios que solicitaron declarar la inconstitucionalidad de una serie de preceptos del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín N° 8091-21).Declarado admisible el requerimiento deducido, el Tribunal Pleno ordenó ponerlo…

"es el momento oportuno de discutir y analizar la reforma al sistema, que fue presentada por el ex Presidente Ricardo Lagos, durante su mandato y que fue rechazada en su momento por falta de quórum".

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 6° de la Ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental.La gestión invocada incide en un recurso de protección interpuesto por diversos fiscales en contra del Ministerio Público, de que conoce actualmente la Corte…

"resulta preocupante para la institucionalidad y democracia de nuestro país, la inocua participación de los ciudadanos".

“uno de los puntos fundamentales que critica el informe dice relación con el tema de la contratación del entonces fiscal Peña, ya que mientras llevaba adelante el proceso judicial del caso bombas, mantenía tratativas y contactos con el Ministerio del Interior, a través del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para su contratación”, por lo que revelaría irregularidades en el proceso administrativo y político.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 16 B de la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.La gestión pendiente invocada incide en una acción de protección de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago incoada en contra de la Superintendencia de Electricidad y…

la Fiscal se encuentra indagando determinar la responsabilidad que pudiera caber a las autoridades político-administrativas en el caso del terremoto que afectó a la zona centro-sur del país el 27 de febrero de 2010, en la cual se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende.