Nacional

“la noción de delito puede apreciarse desde diversas posiciones, ética, sociológica, antropológica”, entendido como un hecho jurídico.

“todo aquél que aspire dirigir legítimamente el destino de la Nación debe tener un real y efectivo compromiso con la democracia y la institucionalidad del país”

en cuanto a la obligación de consulta, sostuvo que la recurrida ha explicado “la oportunidad en que dicha diligencia se llevará a cabo, en todo caso previo a la dictación de la resolución terminal que se pronuncia, esto es, la nueva Resolución de Calificación Ambiental”, por lo que tampoco concurre esta hipótesis.

“no se refiere a la regulación de las concesiones en cuanto a las condiciones o términos de su otorgamiento, sino a un hecho más simple, como es que ante la necesidad de cambiar la ubicación de las instalaciones se ha regulado quién es el obligado a ejecutar ese acto”, a partir de lo cual “será el propietario de las instalaciones y redes quien deberá asumir el costo de traslado de las mismas si se encuentran en la faja fiscal cuando la Dirección de Vialidad disponga su cambio”.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna una parte del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal.La gestión invocada incide en un juicio seguido en contra de los requirentes por los supuestos delitos de infracción a la ley de Mercado de Valores (18.045), Ley de General de Bancos y…

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna una parte del artículo 41 N° 5 y del artículo 42, incisos primero y segundo, del Decreto Ley N° 3.063 sobre Mentas Municipales.La gestión pendiente invocada incide en un proceso de protección en contra de un municipio, por la decisión de ordenar el pago…

“el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación”

"de aplicarse la preceptiva impugnada se infringe el artículo 8° de la Carta Fundamental, en la medida que se establecen motivos de secreto sin causa legal y mediante actos infralegales".

“de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones, la naturaleza de los antecedentes y el monto de las operaciones que deban servir de base para el cálculo del impuesto”.

"no individualiza al apoderado del Ministerio Público ni da cuenta del estado actual de la gestión pendiente, señalando al respecto sólo que ésta se encuentra en tramitación".

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal.La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal, del cual conoce actualmente la Corte Suprema a causa de un recurso de nulidad.La Sala designada por el Presidente del TC no admitió a trámite…

“En lo concerniente a la garantía consagrada en el artículo 19 numeral 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, debe reiterarse que la medida de expulsión adoptada por la Asociación recurrida no se ajustó al procedimiento reglado en el artículo 9 de los Estatutos que rigen la Asociación Gremial de Pequeños Quinteros Agropecuarios de la Comuna de Taltal".

“La Jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema en materia de recurso de protección, recalcando que se trata de una doctrina reiterada de ese máximo Tribunal (considerando 1º), precisa que ni siquiera es necesario analizar las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, cuando el acto perpetrado por los recurridos no pueda ser estimado de arbitrario e ilegal".

"Tampoco se la puede calificar de arbitraria, desde que no obedece al mero capricho de quien resuelve, sino que tiene su fundamentación en los hechos establecidos, en el marco de la investigación administrativa realizada, lo que en todo caso, está sujeto a lo que se pueda decidir respecto de los recursos pendientes en ese proceso administrativo”.

“no procedía tomar como “gastos” para efectos tributarios el pago de las patentes mineras, por lo que el artículo 21 de la Ley de la Renta es plenamente aplicable en el caso de autos, no sólo por lo expresamente dispuesto por la norma en comento sino de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos en la Circular Nº 61 de 2009”.

“las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan exclusivamente en la infracción de las normas que cita, pero que en modo alguno resuelven el asunto debatido, puesto que ello requiere de la aplicación de reglas de orden sustantivo que, como se advierte, no se consignan en el recurso intentado, como son, los artículos 2314 y siguientes del Código Civil”.

esto podría “significar eludir la acción de la justicia, dejando desamparados a quienes sufren las consecuencias del delito”.

juicio laboral de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo

"no ha sido la ley el título habilitante del ejercicio de esa función jurisdiccional, sino que una disposición de carácter administrativo”, y que “el artículo 116 del Código Tributario, que ha permitido el ejercicio de esa función sobre la base de un precepto distinto a la ley, no sólo vulnera el principio de legalidad del tribunal consagrado en los artículos 19 N° 3, inciso cuarto, 38, inciso segundo, 76 y 77 de la Constitución Política, sino que resulta contrario a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental que garantizan la sujeción integral de los órganos del Estado al imperio del derec

“de los antecedentes consignados en el motivo precedente, solo cabe concluir que la amonestación que se aplicó al periodista tuvo su origen en el hecho de haber infringido normas o reglas de procedimiento que conocía y que se obligó a cumplir en virtud del contrato de trabajo que le liga con Chilevisión, empleadora que está legítimamente facultada para exigir a sus trabajadores el cumplimiento de las obligaciones asumidas al suscribir el contrato"

“carece de influencia sustancial en lo dispositivo del mismo, desde que el Banco demandado no ha desconocido el documento que remitió a la Cámara de Comercio, en el que afirma que la causal de publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales no es imputable al demandante, sino que tal publicación se debe a un gasto que no corresponde”.

“en cuanto al derecho aplicable el Juez se encuentra vinculado por el principio “iura novit curiat”, en el sentido que es éste quien conoce y aplica el derecho, esto es, no se encuentra limitado u obligado por los razonamientos jurídicos expresados por las partes, aspecto que no obsta a la exigencia de que el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes sostienen”.

en el marco del cual se interpuso una demanda de cuidado personal a favor del hijo del requirente, y en contra de la madre, tramitado actualmente ante un Juzgado de Familia de San Miguel.

“pueden llegar a ser aprovechados por particulares mediante regímenes mineros especiales”.

“La Dirección del Trabajo procedió a dictar la segunda resolución a que se ha hecho referencia anteriormente, la Exenta N° 10995 de fecha 18 de junio de 2012, mediante la que se prorrogó a contar del 01 de enero y hasta el 30 de junio de 2012, o mientras sean necesarios sus servicios la contrata como Fiscalizador grado 12 a la recurrente, quien conservaría en propiedad el cargo de Fiscalizador grado 14 del que es titular”.

“en ausencia de norma expresa en materia de prescripción relacionada con el tema de la falta de servicio, han de considerarse supletoriamente las reglas del Código Civil”

“la incorporación del actual texto del artículo 57 de la ley 18.575, corresponde a la modificación efectuada por la ley 19.653, que en lo relativo a estas materias, de acuerdo a su Mensaje, se dirigía al control social de la gestión pública con el objeto de prevenir y combatir la corrupción, para evitar los posibles conflictos de interés durante el ejercicio del cargo"

“Deben ser necesariamente motivados para cumplir con la normativa de orden administrativa que le son aplicables y para no ser tachados de arbitrarios, injustos, parciales, y constituyen precisamente los fundamentos que se consignen en los vistos de la resolución los que legitimarán la decisión”

"se encuentra consagrado a nivel Constitucional, específicamente en el artículo 19 N°3, y reforzado por el N° 26, así como también por el inciso 2° del artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, ordenando a los órganos del Estado a promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana."

“el artículo 27 de la Ley 19.880, aplicable por supletoriedad al sumario sanitario, ha sido infraccionado por la recurrida de momento que dicha norma establece que los procedimientos administrativos no pueden exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, lo que claramente la autoridad sanitaria ha vulnerado, contraviniendo el principio de celeridad”