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El Instituto de Previsión Social respondió el oficio enviado por el Consejo por la Transparencia, respecto a la forma en que se ha dado cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, sumado al oficio anteriormente enviado por FONASA. El Director Nacional (s) del organismo, Juan Bennett, informó que luego de…

El máximo Tribunal tuvo presente lo dispuesto en el artículo 7 letra f) de la Ley N° 18.410, Orgánica de la SEC, según el cual el Superintendente podrá: “Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la Superintendencia”, precepto coherente con las normas generales sobre delegación de funciones establecidas en el artículo 43 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

“el actual sistema electoral binominal de nuestro país desde hace más de dos décadas, restringe la renovación de liderazgos, pues contribuye en gran parte a perpetuar la reelección de los actuales parlamentarios, tal cual ha sido desde el año 1990 a la fecha”

(...) las reiteradas “declaraciones de representantes de ciertas organizaciones en orden a señalar que su emperro permanente será llegar a de construir el concepto de familia para insertar en ella a la unión homosexual y permitir que ella pueda constituirse en matrimonio”.

Recibidos los antecedentes por el ente persecutor, se procedió a citar a declarar al imputado, quién señaló que las lesiones eran de carácter leve, tras lo cual el fiscal reenvió los antecedentes al Juzgado de Policía Local de origen, que reiterando el contenido de los informes forenses tuvo por trabada la contienda y ordenó elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Como contrapartida, el proyecto dispone también que las categorías aludidas en la definición antes transcrita “no podrán invocarse en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público”, en referencia a conductas de pedofilia, incesto y abusos sexuales.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje y refundido con mociones de distintos senadores dispone, entre otras materias, que la Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten su uso o izamiento. Con todo, su uso o izamiento será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento.

La parte requirente expone que la norma impugnada vulnera la garantía del juez natural y el principio de responsabilidad del Estado, al sujetar o condicionar el ejercicio de acciones jurisdiccionales, a una instancia previa de orden administrativo, es decir, ante un órgano que forma parte del Estado siendo “parte afectada y a la vez interesada”.

Los Ministros Gutiérrez, Herrera, Sanhueza, Araya, Solis y MacKay, fueron del parecer de acoger la solicitud de desafuero, al estimar que tal petición “se aviene perfectamente con los antecedentes acumulados durante la investigación efectuada por el Ministerio Público, y ello no puede ser entendido, en caso alguno, como una desprotección para la mencionada autoridad pública, precisamente porque dentro del procedimiento judicial podrá ejercer todos los derechos que estime le correspondan”

“haciendo cargo de miles de chilenos y chilenas producto del escándalo de La Polar, y la idea es repetir algo que hicimos producto del terremoto, que es ayudar a que la gente que estaba cesante fuera sacada del Dicom para que eso no afectara su situación laboral”

Asimismo, tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N° 20.379, velando porque las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población en el marco de las políticas, planes y programas establecidos.

De esta manera, lo único a que obliga el artículo 20 de la Carta Fundamental es a entregar necesariamente a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de las acciones constitucionales de protección y de su texto no se deriva el derecho a una segunda instancia previa vista de la causa ante la Corte Suprema.

El Presidente de la Comisión del Senado Fulvio Rossi, precisó de “útiles e interesantes, las audiencias que se han sostenido con médicos, especialistas y representantes de ONG´s, de esta forma se puede apreciar las distintas visiones de carácter biológico y ético”, agregó que “existen cerca de 2 mil casos de inviabilidad fetal, casi 800 con riesgo vital y 4 mil embarazos ectópicos que son interrumpidos, constituyendo así abortos ilegales, pero que no hay sanción porque la ley es letra muerta, por este motivo es que sea hace necesario adecuar la legislación y dar respuesta a esta serie de casos

La iniciativa define el AVP como un contrato celebrado entre dos personas mayores de edad, sin diferencia de sexo y que no altera el estado civil, con la finalidad o de regular efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común. Entre los impedimentos e inhabilidades que el proyecto establece para celebrar esta convención, se encuentran los ascendientes y descendientes por consanguinidad, los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado, las personas casadas y quienes mantengan un AVP vigente.

Observa luego que respecto de “los hidrocarburos, los artículos 48° y siguientes establecen el Plan de Cierre de Faenas de Hidrocarburos, señalando que quedarán sujetos a la obligación de presentar plan de cierre de sus faenas las personas naturales o jurídicas que efectúen exploración, explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, de acuerdo a las reglas establecidas por este Título”, y añade que si “bien esta ley, resulta aplicable a los hidrocarburos, respecto a los CEOP –Contratos Especiales de Operación Petrolera- habrían dudas..."

La decisión, en cuanto a la suspensión del procedimiento, fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.

En lo fundamental, la iniciativa consagra el principio de finalidad que debe respetarse en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cual es, que sólo deba referirse a la evaluación de riesgo para el proceso de crédito.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de queja interpuesto en contra de los ministros de la Novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de que conoce la Corte Suprema.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se pretende revocar una condena a 541 días de presidio en su grado medio, sin derecho a beneficio, que se aplicó en procedimiento abreviado por un Juzgado de Garantía de Santiago a una mujer que fue detenida al hacer entrega de un envoltorio contenedor de pasta base de cocaína.

e si bien los plazos no son un requisito de validez de las actuaciones de los procesos disciplinarios, su dilación puede afectar la responsabilidad administrativa del Jefe de la Unidad Jurídica del Municipio, el que tiene el deber de velar por su rectitud y oportunidad, además de estar sometido al deber de cumplir las instrucciones de la órgano contralor en la materia.

Con la intención de discutir los temas de fondo que aquejan a nuestra democracia y posibilitar el debate sobre una nueva Constitución política, los senadores Andrés Zaldívar y Camilo Escalona, exhortaron a los Presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional, Presidentes de los partidos políticos y parlamentarios, a instituir una Comisión Bicameral con el objeto…

“la propia resolución certifica el cumplimiento de la normativa del proyecto, como también da cuenta de haberse acompañado los antecedentes necesarios para la ponderación respectiva de los PAS involucrados, estableciendo que estos antecedentes son suficientes para asegurar los requisitos ambientales de cada uno de estos permisos, posibilitando un análisis de la evaluación de los componentes ambientales vinculados a los permisos ambientales sectoriales respectivos, sin que por otra parte, corresponda a esta Corte realizar un análisis de índole..."

Manifestando su preocupación frente a estas iniciativas, el informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) desarrolla una fundada crítica a la llamada “democracia plebiscitaria”, entendida como “el uso indiscriminado de la institución del plebiscito en una democracia representativa”, concluyendo que su uso se presta con demasiada frecuencia para “hacer demagogia” o emprender medidas de tipo populistas.

Observa luego que al suprimir este impedimento, habilitaría para que las “instituciones privadas de Educación superior tengan la libertad de organizarse de la manera que estimen”, debiendo “efectuar una modificación de sus respectivas escrituras públicas que dan cuenta de sus estatutos” y aclarando que respecto a “las universidades del Estado” –por tratarse de servicios públicos descentralizados- “no les afecta”, al ser constituidas por ley y no por escritura pública.

La iniciativa señala enseguida que si el precepto constitucional solo “señala el momento de inicio del plazo que tiene la Corte”, pero no “con la misma precisión hasta cuándo tiene para informar”.

“a esta magistratura mantener la vigencia de ambas normas dentro del ordenamiento jurídico y solo en cuanto hubiera una insalvable imposibilidad de coexistencia hacer primar aquella de mayor grado o nivel en la estructura jurídica chilena”.

La Cámara de Diputados aprobó –con más de 70 votos a favor- el veto que el Ejecutivo formuló al proyecto de ley que pretende terminar con los candidatos "descolgados".El veto señala que los candidatos independientes que quieran optar a cargos de representación popular en como candidato de un partido político o de un pacto electoral,…

La gestión pendiente invocada incidía en un juicio ordinario laboral de restitución de cobros indebidos de pensiones seguido ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en el que se encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, donde se impugnó la sentencia que desestimó la demanda por encontrarse prescrita la acción.

“proceso penal tiene dos órganos que son fundamentales, uno es la Fiscalía Nacional y la segunda es la Defensoría. Resulta que la Fiscalía es autónoma y la Defensoría Penal Pública no lo es, depende del Ministerio de Justicia, lo cual es un contrasentido”.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Carmona, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento ya que no se encuentra razonablemente fundado.