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“aún cuando la resolución en sí misma no consignara las hipótesis precisas por las que se imponía la multa, ésta se basó en antecedentes que justificaban y explicaban la misma, de los cuales el recurrente tuvo conocimiento oportunamente”.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende dejar sin efecto una sentencia interlocutoria de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmando la de primera instancia, hizo lugar a una excepción de corrección del procedimiento y ordenó a los demandante recurrir al procedimiento de mediación contemplado en la Ley N°19.966.

Observan luego que la Carta Fundamental “proclama el derecho del pueblo a manifestar su opinión a través del plebiscito como modalidad de democracia directa”, pero no obstante ello “el sesgo ideológico de quienes la redactaron”, sólo pretendió “reforzar la propia figura del Presidente”.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Viera-Gallo, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por carecer de fundamento plausible, toda vez que formula una cuestión de mera legalidad propia de las atribuciones de los jueces del fondo.

En lo fundamental, la iniciativa sustituye el Título VI de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de manera que el presupuesto de aquellas esté integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos de la Nación, los que se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas y a satisfacer las capacidades estratégicas de la defensa

"...resulta redundante fundar la casación en normas constitucionales, ya que sólo establecen derechos de orden general que luego se desarrollan en normas legales".

"educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios”

Diputados de distintas bancadas solicitaron al Ejecutivo que, en el marco de sus atribuciones en el proceso legislativo, disponga la discusión inmediata del proyecto de ley que reforma la Constitución para introducir el plebiscito.El proyecto de reforma, iniciado por moción de los diputados Aguiló, Girardi, Harboe, Jiménez, León, Rubilar, Schilling, Sepúlveda, Teillier y Velásquez, incorporar…

Observa luego que la Ley N°20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, incorpora una serie normas tendientes a “capacitar e insertar laboralmente” a estas personas, en donde el Estado –mediante acciones positivas – debe promover y aplicará “algún tipo de discriminaciones a fin de propender a una verdadera igualdad de oportunidades” entre las personas con discapacidad y las que no la poseen.

“el matrimonio por esencia es la unión entre un hombre y una mujer no me impide reconocer que existen otras formas de relaciones afectivas incluidas aquellas entre personas del mismo sexo y que son también relaciones respetables, valiosas. Por tanto el Estado tiene la obligación, en mi opinión, en la búsqueda del bien común, defender, proteger y respetar”.

Observan luego que se debe precisar el momento a partir del cual se hace exigible el derecho a contar con un abogado defensor nombrado por el Estado, lo que tiene relevancia a fin de hacer operativa la norma del artículo 103 del CPP, en cuanto se sanciona con nulidad las actuaciones realizadas en ausencia del defensor cuando su participación sea obligatoria.

Observa luego que el proyecto la reforma constitucional que ingresan a trámite es “un imperativo ético y político de la mayor envergadura”, a fin de crear “caminos institucionales de resolución de conflictos y de expresión democrática de las mayorías, para lo cual, el mejor expediente es recurrir a la consulta directa a través del plebiscito”.

El tema quedó pendiente de resolver, pero con el acuerdo de no postergarlo más allá de la siguiente sesión, teniendo en cuenta además que se requeriría efectuar modificaciones al Reglamento del Senado para dar el carácter de permanente a esta Comisión.

“no es aceptable hoy día en Chile que sea más grave tener Dicom que tener antecedentes penales”

El Ministro Bertelsen es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho de la Universidad de Navarra y profesor de Derecho Constitucional.

La moción de los diputados Andrade, Araya, Auth, Carmona, De Urresti, Goic, Gutiérrez, Muñoz, Sepúlveda y Velásquez, expresa que la Carta Fundamental reconoce dos derechos fundamentales que se vinculan con la acción de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en el ámbito laboral: la libertad sindical y la autonomía colectiva (artículo 19 N° 16…

El libelo se fundamenta en la infracción de la Constitución, al vulnerarse “el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo, por no velar por el orden público y la interferencia ilícita con una suerte de Estado de Emergencia”.

Por su parte, el senador Bianchi señaló que ya fue presentado un proyecto de reforma constitucional respecto de la realización de plebiscitos ciudadanos, precisando que la propuesta se funda en su convencimiento de que llegó el momento en que la ciudadanía se exprese y que el gobierno permita que la gente pueda tener una opinión vinculante en materias tan relevantes como las mencionadas”.

La Corte Suprema revocó la sentencia en alzada, al lograr convicción que se habría infringido tanto el derecho a sindicarse como el derecho de propiedad del recurrente.

El punto de mayor discordia versaba sobre el tope del subsidio para las mujeres trabajadoras que dieran a luz a uno o más hijos, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la modificación introducida por el Senado, que eliminaba el tope del subsidio propuesto originalmente por el Ejecutivo.

“el Ejecutivo hace bien en interpretar la necesidad de participación comunal y proponer esta modificación de modo que las consultas se puedan realizar con mayor facilidad”; en todo caso precisó la necesidad de que "el procedimiento que se apruebe sea ágil, expedito y rápido, de modo que dé respuesta a las demandas de la gente”.

El nuevo Ministerio, estará conformado por las subsecretarías de Evaluación Social y de Servicios Sociales, y las secretarías regionales ministeriales de Desarrollo Social.

“no se trata entonces de una legislación contra la vida, por el contrario protege la vida y la dignidad de la mujer. Por tanto, es importante realizar una jerarquización de valores que debe ser considerada por el Estado y dar una respuesta legal a una serie de situaciones que ocurren en nuestro país.”

Observan luego que no existe una apertura y renovación en los concejales, lo que se traduce en que finalmente se envejece nuestro padrón electoral, como la edad promedio de los representantes que se eligen.

“se colige que el propósito final de las argumentaciones de la recurrente es promover una nueva valoración de las probanzas allegadas, distinta a la efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta ajena a la casación”.

Observan luego que esta limitación “impide que la competencia electoral genere mayor participación”, destacando que ello restringe “la opción de elegir representantes” y el “proceso de renovación, apertura e integración” a nuestro sistema político; y a la vez que sean “los ciudadanos y no las directivas partidarias” quienes elijan parlamentarios y concejales”.

Concluye que de los antecedentes recopilados por el Gobierno desde las redes sociales pueden constituir datos personales, en tanto sean éstos concernientes a personas naturales, identificadas o identificables, se debiera aplicar a su respecto las normas de la ley sobre protección de datos, y si en cambio no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable, sólo utilizando la información como datos estadísticos, no se pondría en riesgo la privacidad de las personas.

En cuanto a la suspensión del procedimiento seguido ante la Corte Suprema dispuesta por la Magistratura Constitucional, la decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.

“poseemos una tasa de hacinamiento del 60%, por lo que requiere adoptar medidas para racionalizar el uso de los penales y principalmente, para poder focalizar la inserción social”.

“Por no revestir la factura” ninguna de las “calidades referidas” para que procediera “la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de DICOM era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor”.