Acciones de Amparo y Protección

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Coyhaique que había ordenado la reincorporación de una funcionaria municipal sancionada con destitución, al estimar que viajar al extranjero durante una licencia médica constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa y que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar la proporcionalidad de la sanción disciplinaria.

Revocó fallo de la Corte de La Serena, señalando que mantener a la imputada en un penal sin evaluación psiquiátrica vulnera garantías constitucionales y contraviene expresamente el Código Procesal Penal

Desestimó el recurso de amparo interpuesto contra una decisión judicial que mantuvo el cumplimiento efectivo de la pena, al estimar que la interpretación de la Ley N° 18.216 no resultó ilegal ni arbitraria, aun cuando las condenas previas del imputado se encontraban prescritas

El tribunal estimó que la negativa del Servicio de Impuestos Internos a conceder el beneficio previsto en la Ley N° 20.732 resultó arbitraria y desproporcionada, al fundarse en una interpretación estricta del avalúo fiscal que desconoció la finalidad protectora de la norma y la situación de vulnerabilidad económica de la recurrente.

La Corte de Santiago estimó que la autoridad migratoria no justificó de manera concreta por qué el solicitante, pese a su arraigo familiar, permanencia prolongada en el país y ejercicio profesional, no se encontraba en una situación calificada o humanitaria, ordenando emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre su regularización.

Reafirma el carácter cautelar de la acción constitucional y descarta que esta vía permita revisar el mérito o la proporcionalidad de sanciones de destitución impuestas en sumarios administrativos regularmente tramitados.

Descartó ilegalidad o arbitrariedad del Servicio Nacional de Migraciones que rechazó la solicitud de ciudadano extranjero y ordenó su abandono del país, al estimar que el actor no subsanó la falta del certificado penal original y apostillado y que no es admisible tener por cumplido el requisito tras acompañar un documento adulterado, pese a los plazos otorgados para regularizar.

Reafirma que las instituciones financieras no pueden excluir unilateralmente la aplicación del régimen legal de restitución de fondos en casos de fraude, aun cuando el cliente haya sido inducido a entregar sus claves, debiendo seguir el procedimiento establecido por la ley.

Reafirma el carácter cautelar y excepcional de la acción constitucional, exigiendo la acreditación de una afectación actual, concreta y urgente del derecho de propiedad para intervenir frente a obras sanitarias preexistentes, descartando que su sola existencia baste para activar la tutela constitucional.

Dejó sin efecto resoluciones del Hospital Regional de Coyhaique y del Servicio de Salud Aysén que modificaron la designación y destinaron en comisión de servicio al funcionario con cargo concursado, al estimar que se trató de un actuar arbitrario y carente de fundamentación suficiente

Revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua y concluyó que Gendarmería vulneró la libertad personal de un condenado al aplicar normas más gravosas con efecto retroactivo, ordenando recalcular los plazos de acceso a beneficios penitenciarios conforme a la legislación vigente al momento del delito.

Descarta ilegalidad en la información remitida a Tesorería cuando la sanción ya fue descargada del sistema, enfatizando el carácter cautelar y transitorio del recurso de protección frente a hechos sobrevinientes.

Reafirma que esta acción no constituye una instancia para revisar el mérito ni la proporcionalidad de sanciones administrativas, precisando que la motivación por remisión satisface el deber de fundamentación en procedimientos disciplinarios.

Precisó que el llamado a retiro temporal constituye una facultad legal autónoma, desligada del resultado del sumario administrativo, y que durante dicho período no subsiste el derecho al pago de remuneraciones, al tratarse de una consecuencia propia del cese en la prestación efectiva de servicios.

Revocó fallo de la Corte de Valparaíso y estableció que el Ministerio de Justicia vulneró el principio de irretroactividad al negar el beneficio fundado en una ley dictada después de cometer los delitos más gravosa para el afectado

Acogió la apelación de la defensa al considerar que la medida cautelar impuesta carecía de sustento legal y vulneraba principios de excepcionalidad, proporcionalidad e interpretación restrictiva aplicables a adolescentes imputados, ya sometidos a otras medidas cautelares similares

El secreto dispuesto por el Ministerio Público no puede quedar fuera del control jurisdiccional y decretar prisión preventiva sin otorgar a la defensa acceso mínimo a los antecedentes vulnera el derecho a defensa y torna ilegal la privación de libertad. Ordena nueva audiencia tras concluir que el Juzgado de Garantía de Puerto Natales impuso la medida sin permitir a la defensa acceder a antecedentes esenciales, vulnerando el derecho a defensa y el principio de contradicción

El máximo tribunal confirmó que la medida cautelar fue dictada por el tribunal competente, con fundamento suficiente y sin dilaciones arbitrarias, pese al tiempo transcurrido sin audiencia de preparación de juicio oral

El tribunal dejó sin efecto la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que ordenaba la salida del país de una ciudadana venezolana, al considerar desproporcionada la medida y valorar su arraigo familiar, permanencia prolongada en Chile y voluntad de regularizar su situación migratoria

Ratificó que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores carecía de competencia para disponer el sobreseimiento del procedimiento disciplinario sin designar previamente a un fiscal de igual o superior jerarquía al funcionario investigado, vulnerando las garantías de igualdad y de debido procedimiento administrativo.

Reafirma que los municipios tienen obligaciones permanentes en la administración, fiscalización y conservación de áreas verdes y bienes nacionales de uso público, aun cuando las labores de orden público correspondan a otros órganos del Estado.

Reafirma la facultad de la Contraloría General de la República para exigir la restitución de recursos fiscales percibidos indebidamente, aun cuando medie buena fe, siempre que la decisión se encuentre debidamente fundada y considere las circunstancias personales de los afectados.

Confirmó fallo que descartó inhabilidad de magistrado cuya actuación previa fue objetada por la defensa, al estimar que no se configuró una amenaza real a la libertad personal del imputado ni se vulneró el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial

Reafirma que los administrados pueden optar por la vía recursiva prevista en la Ley N° 19.880 cuando deciden impugnar actos de la Dirección del Trabajo ante la propia Administración, sin que la autoridad pueda declarar inadmisibles dichos recursos por estimar procedente una reclamación judicial alternativa.

Tribunal ordenó revisar nuevamente solicitud de residencia definitiva tras calificar de desproporcionada la medida de expulsión y prohibición de ingreso impuesta por el Servicio Nacional de Migraciones

Descarta vulneración al debido proceso y reafirma que el Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos es un órgano estatutario preexistente, con competencia para sancionar infracciones graves en la administración institucional.

Revocó el fallo de Corte de San Miguel y sostuvo que la audiencia de preparación de juicio oral debe fijarse dentro de los plazos del artículo 260 del Código Procesal Penal, aun frente a problemas de agenda, para evitar una extensión indebida de la prisión preventiva. Corrigió decisión del Juzgado de Garantía de Santiago tras constatar que la audiencia fijada fuera del plazo legal, extendiendo injustificadamente la prisión preventiva del imputado

Estimó ilegal y desproporcionada la decisión del Servicio Nacional de Migraciones que rechazó la residencia definitiva de una ciudadana venezolana y ordenó su abandono del país, ordenando reabrir el procedimiento y otorgar un nuevo plazo para acreditar el pago de la multa y considerar el arraigo familiar y laboral de la afectada

Confirmó la sentencia de la Corte de San Miguel que desestimó un recurso de amparo presentado contra la decisión que sustituyó las medidas de firma mensual y arraigo nacional por prisión preventiva, al considerar que no se acreditó una privación de libertad ilegal ni arbitraria.

Ordena descontar 144 días de privación de libertad cumplidos en proceso anterior, al estimar que su exclusión vulnera principios fundamentales y constituye una extensión ilegal de la pena vulnerando la libertad personal del condenado