Acciones de Amparo y Protección

Gendarmería actuó conforme a la normativa vigente, y la naturaleza del recurso de amparo es de carácter excepcional, y su supuesto de hecho resulta o proviene de un caso o escenario de limitación o privación de libertad arbitraria o ilegal, lo que no ocurre ni se aprecia en la especie.

La reprogramación de la audiencia excedía los 60 días desde la detención del acusado. El no cumplimiento del plazo de agendamiento de audiencias implica extender más allá de lo estrictamente necesario la privación de libertad del amparado, infringiéndose con ello lo dispuesto en el artículo 19 número 7 de la Carta Fundamental.

Revoca fallo de la Corte de Concepción y prohíbe a particular cercar área verde vecinal. El recurrido actuó por vías de hecho, alterando una situación preexistente sin la debida autorización legal. Al actuar unilateralmente se otorgó a sí mismo facultades que no corresponden a los demás ciudadanos en situaciones similares.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que la Municipalidad puede ordenar la demolición de construcciones que amenacen ruina, o de aquellas construidas ilegalmente vulnerando el Plan Regulador.

La Corte Suprema determinó que, conforme a una interpretación armónica de la Ley de Acceso a la Información Pública, también deben someterse a las obligaciones de transparencia aquellas entidades privadas que presten servicios públicos o celebren contratos con órganos del Estado.

La recurrente denunció que, tras el deterioro de la relación con el recurrido —con quien comparte un terreno heredado y un único medidor de agua—, éste habría cortado el suministro y dañado las cañerías que abastecen su vivienda, dejándola sin acceso al servicio básico.

Tiene presente que no se formalizó adecuadamente la suspensión de pagos durante un procedimiento disciplinario, suspensión que debió disponerse explícitamente, por lo que al imponérsele en definitiva la sanción de amonestación y ordenarse su reincorporación tiene derecho a sus remuneraciones por el periodo intermedio en que estuvo alejado de la institución.

La Corte sostuvo que representa un peligro potencial para la vida y la integridad física de las personas que transitan por un cruce no regularizado e ilegal.

La conducta del Servicio se asemeja la autotutela, pues no existe norma que lo faculte a bloquear el acceso a la plataforma virtual.

En tanto no se autorice el uso de suelo para incluir una pista de aterrizaje y hangar, para lo cual es necesario que se modifique el Plan Regulador de la Comuna de Huechuraba, el funcionamiento del Helipuerto es ilegal.

Sin perjuicio, ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias y eficaces para que en el barrio residencial “José Domingo Cañas”, donde se emplaza el CRS, no se produzcan las incivilidades denunciadas, incluyendo evaluar la instalación de una garita de seguridad ciudadana.

Acogió el recurso de protección tras constatar la inacción de autoridades ante la ocupación del inmueble.

Los padres del menor sostuvieron que el Programa Nacional de Inmunizaciones no ofrece las condiciones para asegurar de manera inequívoca una vacunación ética y responsable.

El reclamo se enmarca en el contexto de un requerimiento de un listado de patentes respecto de las cuales se pidió duplicado en el mes de junio de 2024, incluyendo el número de placa, la fecha de solicitud y la oficina.

Considera desproporcionada e infundada la prohibición de 30 días de acceso al recinto por falta de documentación formal sobre el supuesto insulto.

Acoge recurso de amparo contra Gendarmería priorizando la reinserción y el apoyo familiar del interno. Revocó decisión de la Corte de Puerto Montt.

Para que se revisen eventuales vulneraciones de los derechos del amparado: su derecho a defensa técnica considerando que aparentemente quería ser representado por una defensora privada y evaluar la potencial afectación de su libertad personal.

La casa de estudios tiene la facultad legal de fijar las condiciones a sus alumnos para cursar sus estudios, por lo que su negativa a que la actora inscriba los ramos de Derecho, se refiere al cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

Si la persona está protegida por la confianza legítima, sólo puede ponerse término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que lo permita.

El Servicio Nacional de Migraciones incumplió su deber de promover la obtención de permisos de residencia, al rechazar la residencia definitiva y ordenar el abandono del país del amparado por falta de documentos, sin antes adoptar medidas razonables para permitir que subsane dicha omisión. Tal omisión administrativa vulnera el principio de debido resguardo al procedimiento migratorio justo, consagrado en la Ley N°21.325.

La comparecencia del imputado no constituía una condición de la audiencia para la que fue citado.

Dicho principio entraña que sólo se puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

Revoca fallo de Corte de Apelaciones y acoge recurso de protección contra Municipalidad de Valparaíso por no seguir procedimiento de invalidación para desvincular a un funcionario al que había renovado su contrata que luego dejó sin efecto.

Afecta la libertad personal la negativa del Juzgado de Garantía de Curicó no reconocer y abonar a la condena los días que el amparado estuvo sujeto a medidas cautelares, ya que ello infringe el artículo 348 del Código Procesal Penal.

La recurrente cursó sus estudios en Chile bajo modalidad online en un establecimiento de Estados Unidos, por lo que no cumplió con el requisito de haberlos realizado en un país extranjero.

La Corte calificó el actuar de la recurrida como caprichoso, infundado y, por ende, ilegal, evidenciando con ello, la afectación del derecho de propiedad del actor.

La Corte consideró que las publicaciones denunciadas caducaron en 24 horas y fueron compartidas solo con un grupo cerrado, sin masividad ni persistencia.

Corresponde al Servicio atender en forma oportuna las peticiones formuladas por los contribuyentes, para lo cual debe arbitrar las medidas que faciliten la presentación de tales solicitudes y comunicaciones.

Aunque el hecho ocurrió en una instancia privada, involucró a miembros de la comunidad universitaria y afectó gravemente a una alumna. La víctima, compañera de carrera del sancionado, no pudo concluir su práctica profesional debido al daño sufrido.

La privación de libertad del amparado resulta ser ilegal, por existir una medida suficiente y establecida en la ley para dar cumplimiento a la pena que le fue impuesta.