Acciones de Amparo y Protección

Tribunal desestimó acción del voluntario contra el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, confirmando la legalidad del proceso disciplinario y la gravedad de la inconducta acreditada.

Retirarse intempestivamente de la audiencia significa que el imputado quebrantó la medida cautelar de arresto domiciliario total, ya que ésta se había suspendido únicamente para que pudiera asistir a la audiencia.

La mantención de la prisión preventiva a que se encuentran sujetos las personas por quienes se recurre, puede ser revisada con independencia del plazo de investigación fijado.

Uno de los requisitos para la procedencia de la acción cautelar es la legitimación activa de quien recurre por el agraviado por cuanto no se trata de una acción popular, sino que corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión, y no se ha establecido cual es el interés directo de la recurrente en la acción interpuesta, pues la negativa es de los padres a vacunar a su hija, razona la Corte de Santiago.

De conformidad con lo establecido en el artículo 680 N°2 del Código de Procedimiento Civil, los conflictos relativos a la constitución, ejercicio o extinción de servidumbres deben ser dilucidados en un juicio de lato conocimiento, en el cual las partes puedan ejercer plenamente sus derechos de contradicción y prueba.

La recurrente alegó que le generó preocupación y alarma la expresión vertida por la recurrida; “Tengo tus fotos en pelota, cuéntame. ¿Porque le envías fotos en pelota a mi novio?. Alegó que la recurrida no tiene vínculo con la actora ni derecho a acceder a material privado y tiene temor de que estas imágenes puedan ser divulgadas, afectando su honra, vida privada, desempeño profesional y bienestar personal.

Además, excede los márgenes de un procedimiento de cautela. Los recurrentes alegaron que el actuar de los recurridos ha perturbado gravemente su estado de ánimo y la moral, provocándoles estrés, vergüenza, ansiedad y miedo a las reacciones de los usuarios de Facebook, afectando directamente su salud mental, al publicar sus nombres y fotografías sin consentimiento, difundir información sensible y falsa, y permitir la viralización de contenido difamatorio a través de redes sociales.

El recurrente alegó que la respuesta del servicio recurrido es arbitraria, en cuanto la condena del recurrente fue omitida de su certificado de antecedentes penales, e ilegal, en cuanto infringe lo previsto en el artículo 217 de la Ley 18.290, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 409 de 1932.

A pesar de las solicitudes del recurrente y de lo que le ordenó la SEC, la recurrida persistió en los cobros excesivos e ilegítimos, no permitió al recurrente pagar las cuentas a que efectivamente ascendía el suministro eléctrico prestado y, agravando la situación, procedió al corte del servicio.

La incorporación de la foto del actor en el mesón de los conserjes, con la leyenda “prohibido su ingreso” obedece a la obligación del Condominio recurrido de cumplir con la medida cautelar dispuesta en una causa penal, consistente en la prohibición de acercamiento del recurrente al domicilio de la recurrida.

Resulta inadmisible que la autoridad fiscalizadora aplique una sanción cuya magnitud podría ser modificada por una autoridad como la recurrida, que carece de facultades para ello, y que sólo puede hacer efectivo su cumplimiento, sin alterar de modo alguno la cuantía de la multa, pues ello supondría exceder los límites de sus potestades e implicaría una flagrante vulneración al debido proceso.

La resolución impugnada se limita a consignar el tiempo en que el recurrente gozó de licencias médicas, señalar las normas pertinentes, sin ofrecer razones que expliquen por qué su estado de salud, tras la cesación de las licencias médicas y su reincorporación efectiva al Hospital, es incompatible con las tareas a las que está asignado.

Aunque una unificación de penas podría haber derivado en cumplimiento efectivo, ello no procede ya que las causas fueron tramitadas en paralelo y las sentencias están firmes, y la unificación sería perjudicial para el condenado, por lo que las penas sustitutivas deben cumplirse en forma sucesiva, salvo revocación legal posterior.

No existió asamblea que decidiera la suspensión, no existió acuerdo entre ésta y el administrador para tal fin, no se notificó de forma previa a la suspensión, no se repusieron los servicios una vez solucionada la deuda.

Según el reglamento del establecimiento recurrido, corresponden a conductas que alteran gravemente la convivencia escolar, afectando valores esenciales de la comunidad educativa: “(…) Llevar a cabo comportamientos de connotación sexual al interior de las dependencias del colegio”.

Los recurridos han ejercido las facultades fiscalizadoras y administrativas que les otorga la ley. Una de las peticiones del actor es que se cuente con un procedimiento para el manejo de residuos de desecho por parte del supermercado, lo cual se cumple, como detalla la Seremi de Salud, señalando que se realizan visitas inspectivas constantes para verificar su cumplimiento.

Se puede establecer un actuar arbitrario de la institución recurrida, ya que el error que reprocha en la redacción de la declaración jurada es mínimo, una diferencia de $1.000.- en una de las transacciones cuestionadas, pudiendo haberse adoptado otro tipo de actos previos a adoptar la decisión de cierre del caso.

El plazo de agendamiento de la audiencia fijado por el tribunal no es razonable ni prudente, atendida la naturaleza del bien jurídico reclamado por el imputado, afectándose incluso el derecho a la celeridad de un procedimiento justo y racional.

Aun cuando concurren condenas para cuya postulación al beneficio de la libertad condicional se requiera el cumplimiento de los dos tercios de la misma, no resulta atendible que dicho requisito se le aplique por añadidura a las otras, aun cuando ellas no lo demanden, bastando a su respecto el cumplimiento de la mitad de la misma.

La presunción de pobreza del artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales no se aplica a las multas, informó el recurrido.

Debe explicar cómo se cumplen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Al observar que tales exigencias no se cumplían en la resolución del Juzgado de Garantía, el máximo Tribunal concluyó que tal falta de fundamentación afectaba indebidamente la libertad personal del recurrente.

Prolongación injustificada del proceso penal afecta el derecho a la libertad personal del imputado, quien permanece en prisión preventiva desde octubre de 2021. Ordena cierre definitivo de investigación que se extendió por más de 3 años.

Son expresiones que se ventilan en ejercicio de la libertad de expresión y en las que se critica a la actora con motivo de un desacuerdo familiar, que no pueden ser calificados de ilegales ni arbitrarios y que no revisten la entidad y gravedad suficiente para causar una afectación al derecho a la honra.

Los actores debían tramitar sus permisos respectivos, tanto en la Dirección de Obras como en Rentas y Patentes de la Municipalidad, gestiones que no fueron realizadas oportunamente, motivo por el cual la recurrida no podía haber recibido el pago del permiso solicitado en esas condiciones.

Los sentenciadores a quo, realizan un pormenorizado análisis de todos los medios probatorios rendidos en el juicio, estableciendo claramente la correlación directa que existe entre tales pruebas con aquellos aspectos factuales que resultan relevantes para configurar el tipo penal de receptación.

El asunto planteado dice relación con la calificación jurídica y la interpretación del artículo 229 bis del Código Procesal Penal, lo que resulta impropio de la sede cautelar impetrada, refiere el voto en contra.

La prohibición de ingreso que afecta al amparado es del 23 de julio de 2023 y se basó en una denuncia por ingreso clandestino al país en 2020, lo que si bien infringe el artículo 32 N°3 de la Ley N°21.325, no es razonable desde que tiene arraigo laboral en Chile. Se ordenó al Servicio iniciar un nuevo proceso a fin de reevaluar la situación migratoria del amparado.

No es posible por parte del administrador la suspensión del servicio de agua potable, toda vez que la normativa sólo hace referencia a la suspensión del servicio de energía eléctrica, no así el del agua potable.

El recurrido informó que, en razón de la suplantación de identidad, fue imposible iniciar protocolos específicos para pacientes de salud mental, razón por la cual, las medidas preventivas habituales para evitar fugas en dicho contexto no se aplicaron, en contraposición al derecho de autonomía del paciente.

Los antecedentes que fundamentan la decisión, dada su gravedad, comprometen los estándares de conducta de un funcionario penitenciario, según estima Gendarmería, quebrantándose los principios rectores, valores y objetivos que inspiran la labor de la autoridad penitenciaria.