Acciones de Amparo y Protección

De los antecedentes se desprende que el amparado padecería en la actualidad patologías de carácter mental, lo que es necesario determinar por un médico del área de psiquiatría para los efectos, eventualmente, de seguir un tratamiento farmacológico u otros, resuelve la Corte de Valparaíso para resguardar su salud y seguridad individual.

Tal incertidumbre afecta garantías fundamentales, en particular, la igualdad ante la ley, al entenderse que este retraso constituye un trato diverso a aquellos administrados que reciben respuesta en tiempo y forma.

La mera disconformidad del recurrente con el modo en que fue atendida su solicitud, o con las formalidades exigidas para canalizar su queja, no resulta suficiente para configurar una vulneración constitucional.

No resultan suficientes las argumentaciones de la recurrida para la no renovación de la contrata, puesto que se hacía necesario una investigación que permitiera acreditar las deficiencias que acusó.

La Universidad dio lugar a denuncias presentadas por estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la sede Puerto Montt, ordenando amonestación escrita y cumplimiento de condiciones de conducta por cuatro semestres.

La sanción impuesta había prescrito según el Estatuto Administrativo. El plazo de prescripción debe contarse desde la ocurrencia de los hechos, no desde la reapertura del procedimiento. La inactividad durante dos períodos calificatorios hace que continúe corriendo el plazo de prescripción. La destitución del exfuncionario vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y la legalidad administrativa, al no haberse ajustado a los plazos establecidos por la normativa.

La sanción de “derecho de admisión” refiere a aquella que impide el acceso a espectáculos deportivos del futbol profesional a los individuos que hayan infringido las normas de ingreso y permanencia.

La resolución impugnada no puede ser calificada como ilegal, dado que el artículo 368 del Código Procesal Penal establece que los recursos de apelación, como regla general, se conceden en el solo efecto devolutivo, salvo disposición legal en contrario, refiere el voto en contra.

Aunque tiene facultades discrecionales para rechazar el beneficio, la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente y no explica las razones por las cuales desestimó los antecedentes objetivos contenidos en el informe de Gendarmería.

Ordena a Tesorería General de la República devolver al recurrente $5 millones retenidos de una transacción laboral. Si bien, puede aplicar la compensación de acuerdo a su Estatuto, no puede hacerlo en términos generales. La compensación de deudas requiere un procedimiento formal que garantice los derechos del contribuyente. Lo resuelto es sin perjuicio de que ejerza las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer efectivo el pago de deudas tributarias que los particulares tengan con el Estado.

La Corte de Santiago resuelve que el Instituto Nacional del Deporte deberá emitir un certificado con vigencia actualizada que acredite la elección y titularidad de los miembros electos por la Federación.

No se acreditaron los hechos que vinculan las obras de relleno con las inundaciones en la zona.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, de manera que, en la especie, al negarse el beneficio solicitado por aplicación de las disposiciones de la Ley N°21.421, no se observó el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

La sociedad recurrida no formalizó adecuadamente la sanción a comerciante, incurriendo en una comisión especial que vulnera el derecho a un “juez imparcial” y la igualdad ante la ley. Ordena a la sociedad que lleve adelante el procedimiento disciplinario conforme a su reglamento si considera que se debe sancionar al comerciante.

Razona la Corte Suprema que, si bien los hechos ameritaban una corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa.

El retraso excesivo en la resolución del sumario administrativo, especialmente en sus etapas finales, transgrede el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Se descartó ilegalidad en la autorización, al considerar que se fundó en el interés superior de los menores y en el incumplimiento del padre de su deber alimenticio, señalando además que la acción cautelar no puede utilizarse para impugnar resoluciones jurisdiccionales.

Se concluyó que se adoptaron medidas adecuadas para proteger a niños que denunciaron maltrato por parte de asistente de la educación.

El fallo reafirma que la libertad de expresión no es absoluta y debe ceder cuando afecta el derecho al buen nombre y la vida privada de terceros.

El instituto comunicó su decisión de no perseverar en el cierre voluntario, lo que permitió que el año académico comenzara con normalidad.

La decisión es arbitraria e ilegal, al desconocer la confianza legítima generada por la prolongada prestación de servicios en la Administración y al carecer de una debida fundamentación que la justifique.

La Corte Suprema señaló que las empresas de transmisión tienen derecho y deber de intervenir la vegetación en la franja de seguridad para asegurar la continuidad del servicio, siempre que no implique una tala injustificada.

Se consideró arbitraria la sanción impuesta por comentarios sobre el término de un reemplazo, al no acreditarse conducta vejatoria.

La negativa a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física de la paciente, vulneró sus derechos fundamentales.

La Corte ordenó restituir la administración del templo de Pudahuel, ocupado por la fuerza.

La solicitud de bloquear sitios de apuestas en línea fue formulada en términos genéricos, sin individualizar los sitios, por lo que la Corte concluyó que su determinación excede los límites de la acción cautelar.

Se constató que han permanecido en cárceles comunes, vulnerando el artículo 464 del Código Procesal Penal, que exige su traslado a un centro de salud mental especializado.

La compañía incumplió su deber de supervisar al liquidador del siniestro, quien desestimó evidencia técnica aportada y emitió un informe sin justificación, vulnerando los derechos del asegurado.

La emisión del reportaje, en el que participó la persona directamente sindicada como responsable, fue difundido en virtud del derecho a informar y la libertad de expresión.

La omisión impidió a las beneficiarias adquirir el dominio de las propiedades, respecto de las cuales tienen un derecho indubitado desde 2019, afectando su integridad psíquica dada la demora y su situación de vulnerabilidad.