Acciones de Amparo y Protección

La Corte de La Serena resolvió que no existe congruencia entre la naturaleza de la infracción con la sanción impuesta, conforme lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del DS 518, toda vez que, la recalificación y subsunción a las hipótesis de infracciones menos graves importan la aplicación de las sanciones dispuestas por el artículo 81

El tiempo en prisión preventiva debe considerarse parte de la condena, incluso en penas no privativas de libertad, resuelve Corte de Valdivia.

El material se almacenó en el notebook institucional, y fue visualizado por otros funcionarios, quienes al utilizar el dispositivo accedieron a videos pornográficos —algunos protagonizados por el propio actor— e incluso a contenidos que mostraban actos de zoofilia.

La Universidad no puede condicionar la rendición de un examen de grado o titulación a exigencias pecuniarias de ningún tipo.

Aun cuando la recurrida tiene la facultad de ponderar la documentación que le sea presentada y, conforme a ella, decidir fundadamente sobre la solicitud, el carácter facultativo de esa determinación no importa que la misma pueda adoptarse desatendiendo los antecedentes consignados en el informe de postulación psicosocial.

La mera expiración de los plazos no es suficiente para declarar el decaimiento administrativo. Se debe evaluar cada caso en su contexto, considerando la complejidad del asunto y las acciones tomadas por la administración durante el proceso. Si la extensión del procedimiento afecta negativamente los derechos o intereses legítimos del administrado. Si existe una falta de acción por parte de la autoridad administrativa que no pueda justificarse. Si la demora viola los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa.

La reclamante argumentó que la negativa impidió el acceso a la carpeta electrónica, lo cual constituye una grave y severa restricción a la posibilidad de que la prensa y las unidades de investigación académica puedan hacer seguimiento a este tipo de causas judiciales.

La legislación vigente no contempla la sustitución de la pena de presidio por reclusión domiciliaria en los términos solicitados, ya que dicha conmutación solo puede concederse mediante un indulto particular, facultad exclusiva del Presidente de la República, según la Ley N°18.050, refiere el voto en contra.

El artículo 151 del Estatuto Administrativo, permite la vacancia del cargo por salud incompatible con el desempeño del mismo, incluso cuando la COMPIN haya determinado que su salud es recuperable.

La Corte concluyó que el medio actuó dentro del marco legal al ejercer su libertad de informar, y que no corresponde reclamar por declaraciones de parlamentarios mediante esta vía.

El voto disidente estuvo por ordenar el retiro del reportaje por vulnerar el derecho al buen nombre, considerando que la libertad de expresión no es absoluta y que se le dio un enfoque sensacionalista al reportaje.

La recurrida impidió el acceso al inmueble, alterando la libre circulación de los promitentes compradores al tomar acciones unilaterales para hacer valer lo que considera bajo su posesión.

Resulta arbitrario adoptar una decisión de destitución sin una adecuada evaluación de la COMPIN, simplemente sobre la base de la cantidad de días de licencia médica.

La Corte de San Miguel concluye que los actos -ordenes de arraigo pendientes- que dieron origen al recurso efectivamente han afectado la libertad personal del recurrente, desde que al mantenerse las anotaciones relativas a incumplimiento de penas que se encontraban cumplidas en el marco del Código de Procedimiento Penal, se ha impedido al actor salir del país, lo que afecta su libertad de desplazamiento.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones y ordena la inmediata devolución de objetos incautados a Héctor Mery.

El Servicio informó que el sistema informático comenzó a operar en 1982, por lo que antes la información se registraba manualmente, lo que imposibilitaba detectar posibles bigamias al celebrarse un segundo matrimonio.

Se respaldó la decisión de declarar no apta a la alumna, tras diagnosticársele trastorno de adaptación con síntomas ansiosos, impidiéndole continuar sus actividades de formación en Carabineros.

El recurrente no presentó pruebas suficientes que demostraran trato desigual o despectivo por su condición de mapuche. La reprobación de la asignatura no constituye un acto de discriminación arbitraria.

Se determinó que el acto de suspensión no fue arbitrario ni ilegal, basándose en la evidencia de una conexión irregular y en las facultades de la empresa para suspender el servicio en tales casos.

Descartó que exista “una vulneración a las garantías alegadas" o que sea posible sostener "que la Decana haya dado la orden de tomar exámenes de manera arbitraria". Asimismo, que no existe justificación de la recurrente para no presentarse a examen.

El liquidador aplicó correctamente el límite establecido por el legislador, que exige al menos un año de servicio para acceder a la preferencia, requisito que los actores no cumplen, toda vez que desempeñaron sus servicios por un lapso de once meses.

Al decidirse por la jueza recurrida que no procede la imputación de abonos en causa diversa, ha incurrido en una ilegalidad, puesto que incorporó requisitos que no se contemplan por el legislador, vulnerándose además el principio rector de interpretación restrictiva de la ley procesal penal, en cuanto afecta derechos fundamentales del imputado, resuelve la Corte de Santiago.

Retrasar por más de 3 meses el traslado ordenado por un tribunal, genera una perturbación en el ejercicio de la libertad personal del amparado, agraviando su seguridad individual, sin que exista un fundamento para retardar el mismo.

Las normas de la Ley N°19.856 pertenecen al ámbito del Derecho Administrativo y forman parte del régimen de ejecución de penas, distinto al sistema penal sustantivo, por lo que no se encuentran sujetas al principio de irretroactividad de la ley penal, refiere el voto en contra.

El Servicio Nacional de Migraciones debe resolver la solicitud de nacionalización y remitir la calificación correspondiente en un plazo de 60 días, tras considerarse la demora como un acto arbitrario.

Recurso de amparo, quebrantamiento, responsabilidad penal adolescente, Ley 20.084, unificación de penas

Resolvió que la Superintendencia de Seguridad Social no dio fundamento ni motivación suficiente para calificar la enfermedad del trabajador como de origen común y no de tipo profesional. Un acto administrativo sin motivación suficiente se considera ilegal y arbitrario. Ordena a SUSESO reevaluar caso de trabajador con estudios ambientales completos.

Mediciones técnicas en diciembre de 2024 confirman incumplimiento normativo, superando el nivel máximo permitido por el Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio de Medioambiente

Existen dos rejas perimetrales que operan como portón de acceso al pasaje El Portal de la comuna de Maipú, sin autorización administrativa, conducta que constituye un acto de autotutela.

El tribunal ha incurrido en error de derecho al no aplicar el tercer orden de sucesión, no obstante que debían concurrir los sobrinos de la causante, por representación de sus padres -hermanos de la difunta-, exigiendo un requisito adicional no establecido en la ley.