Asuntos de Interés Público

El ejecutado puede oponer oportunamente sus excepciones si es emplazado.

El Tribunal de alzada estableció la responsabilidad de la empresa concesionaria por no mantener las condiciones de seguridad en la ruta 146, a lo que está obligada por ley.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada minera Berta en contra la sentencia definitiva, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

Rigen supletoriamente las normas del Código Procesal Penal.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, tras desechar todos los argumentos de la sancionada para desvirtuar la decisión adoptada en su contra por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Razona la sentencia que la reestructuración se motivó en la necesidad de optimizar procesos, dado el no alcance de metas comprometidas de producción, las que tienen directa relación con la operatividad de equipos mineros.

La solicitud de extradición fue con el objeto de que sea sometido a proceso porque conformó una organización criminal con el fin de cometer fraude por un monto que habría superados los sesenta y ocho millones de dólares.

El máximo Tribunal descartó que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, incurriera en el vicio ultrapetita, al incorporar en segunda instancia un documento que llevó al acogimiento de la acción.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado comenzó el análisis del mensaje que perfecciona el acceso a la información pública.

El sentido de la reforma al artículo 45 del Código del Trabajo fue solucionar el problema concreto de aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba sobre la base de comisiones, pero que también percibían un sueldo mensual, normalmente muy bajo, lo que los excluía automáticamente del beneficio de la semana corrida, al no ser remunerados exclusivamente por día.

Lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído. Se vulneró la igualdad ante la ley de la recurrente al darle un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas.

Esta se caracteriza por la convicción que se forma el órgano llamado a decidir acerca del sentido en que ha de emitirse la resolución que zanja la investigación.

Y la actora invoca la calidad de futura heredera de una de los contratantes señalando que los actos de enajenación disminuyen el patrimonio que está llamada a suceder. Se trata de una mera expectativa y no de un interés actual.

El estudio señala que, de aprobarse las enmiendas legislativas propuestas, ello se traduciría en una baja de las pensiones futuras y por ello proponen, además, que el Estado deba reintegrar los recursos.

El sujeto activo reiteró una conducta delictiva durante dos años de manera que correspondía aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal.

En cuanto al articulado mismo y preponderantemente en lo consultado, se concluye que el proyecto es pasible de diversas observaciones, muchas de las cuales han sido materia de anteriores informes de esta Corte Suprema entre 2017 y 2019. Lo anterior, con el fin de que su comprensión sea mejorada y su objetivo, mayormente susceptible de cumplimiento.

El tiempo transcurrido desde la modificación constitucional que cambió el plebiscito desde abril a octubre no se ha utilizado para emprender los cambios de fondo que debiéramos implementar en los siete procesos electorales antes descritos.

El Decreto Alcaldicio impugnado configura un acto trámite que no causa ninguno de los dos efectos mencionados por lo que no es impugnable a través de ese contencioso administrativo.

El Tribunal de alzada estableció que la exigencia impuesta no encuentra sustento en la legislación nacional e internacional sobre la materia.

De acuerdo al máximo tribunal esta iniciativa legal no entregaría una mejor respuesta a las víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género.

El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida tras establecer que no existe garantía constitucional afectada.

El Tribunal de alzada desestimó la pretensión de los recurrentes, al considera que la medida impugnada se fundamente en la garantía constitucional, contemplada en el artículo 19 numeral 9º de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la protección de la salud.

Los imputados junto a otros sujetos no identificados, fueron sorprendidos por funcionarios de Carabineros en el estadio Municipal "Las Golondrinas" de Hualpén jugando un partido de fútbol.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda presentada contra L'Oréal por el uso en la promoción de perfume de la expresión: "Stronger with you".

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica que estableció el pago de una indemnización sólo por los honorarios adeudados al profesional.

La empresa principal no acreditó haber ejercido el derecho de información y de retención que le reconoce el artículo 183-C del Código del Trabajo, pese a que en el contrato marco se dejó expresamente establecido.

El máximo Tribual detalla que no se advierte la justificación de eliminar los delitos concursales como supuestos de la sanción.

No concurren los presupuestos del artículo 2195 del Código Civil, la demandada no se encuentra ocupando el inmueble debido a una actitud permisiva, de transigencia, aquiescencia o condescendencia de la comunidad dueña, sino que de una relación vigente entre ambas.

El Tribunal ordenó a la universidad pagar $15.000.000 a la demandante, tras establecer la responsabilidad de la casa de estudios por la falta de mantención de las áreas verdes de la sede donde ocurrió el accidente.

El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por apoderados del establecimiento, tras establecer que el recurso de protección no es la vía para resolver este tipo de materias.