Ley de Transparencia

Con esto la iniciativa, en primer trámite constitucional, también denominada "Transparencia 2.0" quedó despachada a la espera de su votación en la sala de la Cámara Baja.

El Consejo para la Transparencia indica que sistemas que levantan datos biométricos con fines de investigación hacen pagar a justos por pecadores al recoger y tratar datos de personas que transitan por espacios públicos y no se vincularán con acciones delictuales o de violencia.

El Consejo para la Transparencia preparó documento con recomendaciones orientadas a prevenir prácticas de corrupción que han colaborado con la percepción de injusticia a nivel país. Lo mismo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público y Chile Transparente.

El Consejo considera clave realizar un análisis que permita evidenciar falencias y corregirlas, de manera de reducir brechas de seguridad en extremo sensibles para la institución, en particular en un contexto como el actual, comentó el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada.

El Consejo para la Transparencia remitió documento con recomendaciones a la policía uniformada para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley de Transparencia en el caso de registros públicos generados con recursos del Estado, que incluyen imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles.

Ello permitió establecer que en un 70% de los casos se dio cumplimiento al libre acceso, denegándose su conocimiento en un tercio de las unidades ante una primera solicitud.

La herramienta permite el "escrutinio público" de autoridades como las audiencias que han sostenido, costos de viajes y destinos, y donativos recibidos, y ha posibilitado conocer más sobre aquellos que ejercen actividades de Lobby en el país, colaborando con la rendición de cuentas para prevenir la corrupción que a juicio del presidente del CPLT contribuyó al estallido social.

El Consejo para la Transparencia insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a crear un portal único, centralizado, oportuno y claro que precise el avance de las diferentes agendas para contener la crisis.

El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, señaló que que "nos permiten conocer detalles de una situación histórica, lo que reafirma la relevancia de la postura que hemos defendido como Consejo que ha estado a favor de que se analicen en su justo mérito las causales de reserva".

"Priorizar una agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con urgencia en el Parlamento", destacó el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.

Asimismo, la entidad recuerda a los organismos públicos mantener información actualizada y sugiere disponer canales informativos centralizados.

En la oportunidad celebró la implementación de un sistema de prevención de delitos al interior de esta rama de las Fuerzas Armadas, el que fue presentado oficialmente por el Comandante en Jefe de la institución castrense.

Lo anterior deriva del rechazo del mencionado Tribunal de un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la rama castrense, en contra de los ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, subrayó que la idea era entusiasmar a los municipios con temas susceptibles de mejorar y avanzar progresivamente hacia una mayor transparencia.

Jaraquemada sostuvo que probablemente debiera existir alguna campaña informativa que de cuenta de las medidas que se están tomando en probidad y transparencia pero que era una buena señal contar con una ciudadanía alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro país en la materia.

La denuncia de parte de organismos de la sociedad civil, que acusan al MTT de incumplimientos de la ley vigente en este ámbito, apunta a la publicación de datos personales de los evasores del registro de la red de transportes sin necesidad de solicitar la información vía Ley de Transparencia.

La medida persigue subsanar el retraso que muestra el marco regulatorio en materia de protección de datos personales ?normativa que data de 1999-, dejando bajo la tutela del CPLT el resguardo, fiscalizaciones, sanciones y otras atribuciones en este ámbito.

Hoy en Chile dos proyectos de ley en trámite en el Parlamento abordan cómo gestionar información y datos personales entregados a prestadores de servicios en Red en caso de muerte del titular.

Se estimó que se requerirá a la reclamada proporcionar al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos.

No se acreditó que su entrega afecte la Seguridad de la Nación, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra de los funcionarios.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, presentó a Andrés Chadwick un documento preparado por el organismo que reúne más de 40 medidas para servir al debate sobre modernización institucional derivado de la crisis de confianza ante casos de corrupción en entidades clave para la democracia.

Se desestimaron las alegaciones de los terceros interesados.

El documento reúne una serie de medidas planteadas en distintas agendas de probidad y transparencia que se han propuesto desde la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994 hasta el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción de 2016.

El Tribunal de alzada obliga a la entidad a cargo de las estadísticas a cumplir con la decisión del CPLT, reconociendo que se ajustó a derecho, debiendo entregar un dato aislado de la base de datos de la versión 2011-2012 de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) al solicitante.

El máximo representante del CPLT manifestó que esta audiencia -a la que fue invitado por el general Martínez- posibilitó "compartir algunos temas en los cuales hemos tenido diferencias en el pasado", de manera de establecer acciones futuras para poder mejorar estándares de transparencia.

Se estimó que no se ha configurado ninguna causal de reserva que justifique denegar la información requerida.

A juicio del Consejo no se acreditaron las causales de reserva alegadas, entre ellas, la seguridad de la Nación y el interés nacional, determinándose además que la mayoría de las unidades cuya información se requirió fueron dadas de baja hace más de 30 años.

El titular de Transparencia, explicó qué sondeos realizados por el CPLT arrojan un bajo nivel de cuidado de parte de los chilenos de sus datos personales que se levantan en ambientes digitales, no sólo a través de compras electrónicas sino también a través del uso de aplicaciones o redes sociales.

A juicio del titular del Consejo, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona vía sistema de reconocimiento facial -que fue acusada por estafa-, esto "cuestiona al sistema" al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.

La Corte de Santiago consideró que la entrega masiva de nombres de dominio a un particular podía generar riesgos de ciberseguridad de diversa índole.