Ley de Transparencia

La evasión de pago del servicio de transporte reclamado por la demandada constituye una infracción de índole diversa, acreedora también de una sanción distinta, de manera que, dicha circunstancia no inhibe la responsabilidad del conductor en la conducción del vehículo.

Tras la publicación de padrones electorales auditados por parte del Servicio Electoral (SERVEL), el Consejo para la Transparencia (CPLT) afirmó que se exponen desproporcionadamente datos personales.

El demandante no logró acreditar que el Servicio de Salud haya prestado un servicio deficiente.

El fallo del Tribunal de alzada aludió, entre otras regulaciones, a lo establecido en la Constitución?art. 8 incisos 1 y 2-, en lo relativo al cumplimiento del principio de probidad funcionaria y de publicidad del actuar de los órganos del Estado.

El máximo Tribunal concluyo que resulta indiferente la naturaleza del acuso recibo pues, faltando éste y siempre que no haya sido reclamada dentro del plazo legal, la factura podrá gozar de mérito ejecutivo

El recurrente pretendía la invalidación de la sentencia impugnada invocando como argumento la infracción de autoridad de cosa juzgada que reviste el fallo.

El recurrente persigue una nueva revisión de instancia, incompatible con la naturaleza del recurso de casación.

El máximo Tribunal decreto que los vicios señalados por el recurrente no tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

No se acreditó infracción de normas reguladoras de la prueba lo que le impide al tribunal de casación modificar hechos establecidos soberanamente por sentenciadores del grado.

El examen de casación da cuenta que el recurso carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar errores de derecho de que adolecería el fallo impugnado, limitando su exposición a una enunciación de falta o errónea ponderación de determinados medios de prueba.

Se solicitó información sobre los detenidos -sexo y edad- y la detención -causal, organismo que la realizó y lugar en la que se efectuó-, entre otros antecedentes.

En el caso de viviendas fiscales, proceso que sólo contempló a las tres ramas de las FFAA, se pudo acceder a antecedentes que permitieron estimar los cánones de arriendo, que van desde poco más de 9 mil pesos, a los que podrían optar los funcionarios de algunas de estas entidades, y se constató que ex miembros del Ejército y la FACH gozan de esta alternativa contraviniendo reglamentos que rigen a estas instituciones.

El requirente solicitó la entrega de copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales.

Requirente había solicitado información sobre algunas empresas.

El órgano se había negado señalando que se trataba de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución.

El requirente había solicitado la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados de funcionarios del Servicio.

Información que se encuentra expresamente consignada como un caso de transparencia activa en las letras d) y e) del artículo 7 de la Ley de Transparencia, obligación que rige para todos los órganos de la Administración del Estado, pues se trata de una información que no está cubierta por el secreto tributario.

Carabineros habría declarado que el competente para conocer del requrimiento era el CPLT.

Consideró que la institución no realizó todos los esfuerzos correspondientes para entregar la información solicitada.

La requirente solicitó información de todas las reparticiones del Ejército de Chile ubicadas en la Región Metropolitana.

El establecimiento debe eliminar los datos personales contenidos en los documentos previo a su entrega.

El Consejo para la Transparencia (CPL) centraliza en esta plataforma datos de fuentes abiertas que distintas reparticiones publican para mostrar cuánto, en qué y cómo se han gastado los recursos del Estado para enfrentar los efectos del Covid-19.

Tras propuesta de la autoridad sanitaria de solicitar apoyo de compañías telefónicas para monitoreo de traslados en contexto de la emergencia sanitaria, el abogado y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, advirtió que deben conocerse detalles de la medida, puesto que no existiría habilitación legal que autorice a ningún órgano a recopilar y tratar datos personales y sensibles ?como la geolocalización- sin autorización expresa del titular.

Tras reportaje de CIPER que apunta a reportes del Ministerio de Salud (Minsal) dirigidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que registrarían cifras más altas de fallecidos por COVID-19 que el que la autoridad sanitaria comunica en ruedas de prensa, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó necesidad de optar por una cifra única.

Los reclamantes sostienen que, previo a la aprobación ambiental y ejecución del Proyecto, debió realizarse un proceso de consulta indígena.

Cerca de 2 mil millones de pesos destinaron estas compañías a remuneraciones y dietas de directores acorde a una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT). En promedio, cada uno habría recibido poco más de 20 millones en un año.

Tribunal de alzada desestimó todas las causales de nulidad invocadas por el fisco.

La plataforma permite acceder a registros básicos de la institución ?como nombres, defunciones, fallecimientos-, lo que es considerado un avance por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Carabineros la entrega de información relativa al procedimiento de filmación de allanamientos realizados por el Departamento Antidrogas OS7.

Tribunal de alzada indicó que no es posible aplicar supletoriamente las normas del código del trabajo a funcionarios sujetos al estatuto docente.