Contraloría

Esto, a propósito de una solicitud de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Los recurrentes alegan que fueron invitados a dicha ceremonia precandidatos que participarán de las elecciones primarias convocadas para nominar al candidato a la Presidencia de la República de la coalición de gobierno, entre los cuales se encuentra la actual alcaldesa de Providencia, lo que constituiría un acto de intervencionismo electoral y proselitismo.

Esto, a propósito de solicitud de reconsideración por parte del presidente de la Asociación de Directores y Jefes de Tránsito de las Direcciones y Departamentos de Tránsito de Chile.

El órgano contralor no advirtió irregularidades en la tramitación de la investigación interna de la entidad policial.

Se trata del contrato “Concesión Centro Cultural, Turístico y Gastronómico Tupahue Ex Enoteca hoy Restaurante Camino Real ubicado al interior del Parque Metropolitano de Santiago”, con motivo de los hechos acaecidos en el país a contar del mes de octubre de 2019 y, posteriormente, por el brote mundial coronavirus.

La Asamblea por el Agua del Guasco Alto solicitó pronunciamiento sobre las ilegalidades en las cuales habrían incurrido la Gobernación Provincial del Huasco, la Municipalidad de Alto del Carmen y el ex Ministro de Minería, Baldo Prokurica.

Por ejemplo, en lo que respecta a los profesionales de la educación, si bien la crisis sanitaria por brote del COVID-19 constituye una situación de caso fortuito que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna a la Administración del Estado, ello no autoriza a enterar remuneraciones o asignaciones que se aparten del texto legal que las regula.

No obstante, los servicios educacionales se han prestado de manera remota para los efectos de darle continuidad al proceso educativo, lo que se encuentra dentro de las facultades que pueden disponer los jefes superiores de los órganos del Estado.

Esto, como medida de gestión extraordinaria con ocasión de la actual pandemia a fin de resguardar la salud de esos empleados.

DIPRECA deberá continuar pagando esos montepíos, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste de impugnar tales actos en sede judicial, en caso de estimar que concurren causales para ello. Dos de las pensiones de montepío fueron conferidas sobre la base de una errónea interpretación legal.

Sin embargo, no procede que el cese en el cargo de Contralor Universitario opere por el solo ministerio de la ley como lo sostiene la Rectora, debiendo esta autoridad solicitar la aprobación de su remoción al Consejo Superior de esa casa de estudios superiores.

El artículo 206 del Código del Trabajo -aplicable a los servidores públicos, dispone que las trabajadoras tendrán el derecho irrenunciable a disponer, a lo menos, de una hora al día para dar alimento a sus hijos menores de dos años.

Esto, a propósito de una consulta de los diputados Andrés Longton y Frank Sauerbaum.

El denunciado adquirió los derechos actuando como particular y ya no pertenecía al servicio.

En aquellas actuaciones o diligencias que por su naturaleza resulta imprescindible la comparecencia personal del extranjero -circunstancia que deberá determinarse considerando el caso concreto de que se trate-, no procede admitir la presencia del representante en su lugar.

Los herederos del causante tienen derecho a percibir la bonificación adicional, por haber fallecido entre la fecha de su postulación y antes de percibirla.

El brote de COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado.

En cuanto a la eventual vulneración al derecho a la inviolabilidad del hogar, al encontrarse regulado expresamente el ingreso a recintos privados en los términos de los artículos 155 y siguientes del Código Sanitario, no cabe entender tal situación como una conculcación al derecho invocado.

El ente contralor adujo que no consta que el exfuncionario haya realizado posteriormente alguna gestión en el proceso sumarial que permita tenerlo por notificado tácitamente.

Esto, a propósito de requerimiento del Banco Estado, quien solicita un pronunciamiento respecto a la facultad que tendría Carabineros de Chile, en su función de autoridad fiscalizadora, para interpretar la normativa en materias inherentes a la seguridad privada. Además, reclama por la arbitrariedad de las infracciones cursadas a esa empresa y las consiguientes multas por falta de dotación.

El ente contralor adujo que no puede emitir un pronunciamiento, pues esta materia compete exclusivamente a los Tribunales de Justicia.

Esto, a propósito de consulta efectuada por el General la Directora Regional de Valparaíso del Instituto de Previsión Social.

Esto, debido a solicitud de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ente contralor adujo que, conforme a su calidad de bien nacional de uso público, las playas en general están sujetas a un régimen especial de uso y protección que requiere de medidas que hagan efectivo dicho uso público, lo que involucra tanto al MBN como a diversos entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre.

El órgano fiscalizador adujo que procede que ese servicio adopte las medidas tendientes a pagar, a la brevedad, los gastos generales que omitió solucionar con motivo de las obras adicionales ejecutadas en las señaladas contrataciones, así como aquellos gastos efectivamente acreditados.

El ente contralor adujo que no se advierte un sustento que permita admitir nuevas edificaciones en el terreno en cuestión, comoquiera que el coeficiente de ocupación de suelo se encuentra completado con las construcciones previamente emplazadas en ese inmueble. de modo que toda otra edificación importa exceder dicho coeficiente.

Esto, a propósito de solicitud del el Gobernador Provincial de Chacabuco, quien solicita un pronunciamiento respecto del alcance y ámbito de aplicación de las facultades legales que asisten a los gobernadores provinciales y a las municipalidades para autorizar la realización de actividades en lugares de uso público de una comuna.

Esto, a propósito de solicitud del diputado Pablo Vidal, quien aduce que en una entrevista que le realizara el diario “La Cuarta”, habría respondido que su candidata a dicho cargo es una exservidora de ese órgano comunal, lo que fue retransmitido a través del medio de comunicación “Tu Canal Colina”, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, además de ser posteriormente difundida tal afirmación por la red social Twitter.

Esto, a propósito de solicitud de la Diputada Claudia Mix, respecto a la legalidad de la instrucción emanada de la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social (BEAS) que habría ordenado el retorno a las labores presenciales de los funcionarios de alto riesgo y de los que estuvieron expuestos a ese virus.

Esto, a propósito de solicitud de una persona bajo reserva de identidad, denunciando que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no ha dado cumplimiento a dictámenes de este origen, respecto de funcionario, por no cesarlo en sus funciones y continuar pagando sus remuneraciones.