Contraloría

El ente fiscalizador expresó que ante la concurrencia de circunstancias extraordinarias, resulta factible que las entidades involucradas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen a fin de adoptar medidas que permitan dar mayor agilidad al referido proceso y evitar que las detenciones se extiendan excesivamente.

Esto, a propósito de solicitud efectuada por el alcalde de la Municipalidad de Huechuraba.

Esto, a propósito de consulta efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Este vacío legal, permitió que si bien, Loreto Silva, en ese entonces presidenta del directorio de ENAP, incumplía la Ley de Probidad al estar vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR SpA, no haya podido ser sancionada.

Esto, a propósito de consulta efectuada por la Asociación de Funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero.

Esto, a propósito de consulta efectuada por la Municipalidad de Vitacura.

La solicitud se da pues la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, expresó en un oficio que no le correspondía a esa entidad pronunciarse respecto de la suficiencia o no de los antecedentes que sirven de fundamento para las propuestas del Instrumento de Planificación Territorial.

El dictamen refiere a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control -contenida en el dictamen N° 5.236, de 2002, entre otros- refiriéndose a los concejos municipales en su rol de solicitar información, lo cual por su similitud con el tema en comento ayuda a esclarecer la consulta realizada.

La solicitud se da pues la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, expresó en un oficio que no le correspondía a esa entidad pronunciarse respecto de la suficiencia o no de los antecedentes que sirven de fundamento para las propuestas del Instrumento de Planificación Territorial.

Esto, a propósito de solicitud de la “Agrupación de Almaceneros Unidos contra la delincuencia y PYMES transportistas de productos del retail”, solicitando se declare la ilegalidad del actuar de Comisaría Motorizada de Carabineros, al prohibir que su personal efectúe controles y fiscalizaciones a vehículos que circulen sin su placa patente.

El ente contralor recordó que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en su artículo 19, N° 17, la admisión a todas las funciones y empleos públicos.

Esto, a propósito de solicitud de reconsideración de concejal de la Municipalidad de Ñuñoa, del oficio mediante el cual se representó el acto administrativo que le concedía una pensión en la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas.

Esto, a propósito de solicitud de particular respecto de la discriminación, a su juicio arbitraria, que la DGMN estaría efectuando en contra de la actividad agropecuaria, al permitir que ciertas autoridades fiscalizadoras, por encontrarse en áreas de cuarentena, no realicen los trámites relacionados con la compra de armas y municiones destinadas a la caza de fauna dañina y control de especies endémicas que ocasionan perjuicios a ese sector.

El ente contralor adujo esto, en la medida que se cumplan las condiciones que indica.

El ente contralor adujo que la eventual mantención del pago con ocasión de los contratos en cuestión resulta improcedente respecto de los proveedores que se acogieron a los beneficios de la Ley Sobre Protección al Empleo, toda vez que esos empleadores han optado por soluciones que les permiten dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Esto, a propósito de solicitud del General Director de Carabineros de Chile y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.

El ente contralor adujo que dado el principio de igualdad que debe regir entre los proponentes y que los convenios celebrados en la situación en estudio no incluyeron el costo por concepto de las referidas cauciones, no resulta procedente que tales pactos sean modificados para incorporar dicho ítem.

Requerido su informe, el Instituto de Previsión Social adujo, en síntesis, que la pensión no contributiva del solicitante se determinó en base a la información proporcionada por Carabineros de Chile, sobre las remuneraciones del interesado.

El ente contralor adujo que corresponde al tribunal electoral regional respectivo, y no a esta Contraloría General, conocer y declarar las eventuales contravenciones al principio de probidad administrativa en que pudieran incurrir, tanto los alcaldes como los concejales.

El ente contralor adujo que dicha información solo puede ser utilizada para fines estrictamente institucionales.

Requerido su parecer, el mencionado organismo manifestó, en síntesis, que el recurrente no entregó los productos ofertados dentro del plazo comprometido.

Esto, a propósito de solicitud del Director del Servicio Electoral -SERVEL-.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°9.913 de 2020.

El ente contralor adujo que la Subsecretaría de Obras Públicas puso término anticipado al convenio en comento por haberse superado el plazo de 30 días corridos para la entrega de la etapa N° 1 -consistente en la instalación de faenas en el lugar de construcción de la nave cercano al lago.

Esto, a propósito de denuncia del Diputado Miguel Mellado Suazo, respecto de que existirían viviendas adquiridas con subsidio habitacional en la comuna de Temuco, que no estarían siendo utilizadas por sus beneficiarios, por cuanto fueron arrendadas o estarían desocupadas.

Esto, a propósito de solicitud de Diputada Claudia Mix y de algunos concejales de dicha entidad edilicia.

El ente contralor concluyó que no se advierte irregularidad en la actuación del alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

Esto, a propósito de solicitud de, una funcionaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena –CONADI-, con desempeño en Temuco, quien reclama por la disminución en el monto de dinero que se le asignó para el año 2020, por concepto del beneficio de sala cuna.

El pronunciamiento se da, en virtud de la petición efectuado por los Diputados Érika Olivera de la Fuente y Jorge Alessandri Vergara.

Esto fue consultado, considerando que de acuerdo con el oficio circular Nº 15, de 2020, “Instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria producto del virus COVID-19”, tratándose de transferencias, “salvo autorización expresa de la Dirección de Presupuestos, no podrán girarse anticipos sin que medie la rendición efectiva aprobada de uno anterior y, en cualquier caso, montos que no puedan rendirse en este año presupuestario.