Contraloría

Le corresponde a los órganos de la Administración del Estado y sus jefes superiores adoptar las medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus servidores frente la emergencia sanitaria.

En la medida que se dé cumplimiento a los demás requisitos que esa normativa exige.

Esto, en la medida que el legislador no consagre una norma en sentido contrario, en cuyo caso corresponderá ajustarse a ella.

El pago en dichas circunstancias implica un enriquecimiento sin causa del proveedor.

Le corresponde a Contraloría fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, además de examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de entidades públicas.

Siempre que se reúnan los demás requisitos exigidos por la normativa que regula la materia.

No obstante, deben excluirse los períodos de licencias médicas que hubiere tramitado como trabajadora independiente.

El objetivo perseguido con este beneficio es prestar nuevos apoyos a las MYPEs, que se han visto afectadas en el contexto actual de la crisis sanitaria y económica.

No se advierten razones que justifiquen la dilación de la DGA para resolver el recurso.

El dictamen responde a las dificultades que las medidas sanitarias adoptadas con ocasión de la pandemia han provocado al respecto.

El Dictamen N°9.913 de 2020 se circunscribe a las circunstancias excepcionales y temporales provocadas por la pandemia del COVID-19.

La corporación, en ejercicio de sus facultades, consideró verificados los requisitos legales para la inscripción de la comunidad, cuya decisión no se contrapone ni a la ley ni al reglamento de la materia.

Si se acogió a la suspensión de los contratos de trabajo de sus servidores en virtud de la Ley 21.227 y el servicio no fue prestado, no procede mantener el pago de los servicios contratados.

Se debe evitar un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración del Estado.

No concurren los supuestos previstos en el artículo 146 del Reglamento para que proceda la indemnización reclamada, toda vez que la prórroga de las obras obedeció a una causa prevista en el cuerpo normativo.

La prestación se otorgó por un prestador institucional público, cuyo carácter no se alteró por atender a la interesada bajo la modalidad de libre elección.

El artículo 31 de la Ley N°19.296 establece un permiso gremial de 22 u 11 horas semanales, según se trate de dirigentes nacionales o regionales.

En la época en que la peticionaria accedió a la protección del artículo 59 de la Ley 18.695, su cargo no era de exclusiva confianza, por lo que tiene derecho a volver a ese empleo en razón de la norma citada.

La forma en que se implementarán y ejecutarán tales convenios son cuestiones que deben ser determinadas por la entidad edilicia.

Los funcionarios tienen derecho a percibir en forma íntegra sus emolumentos, aun sin desarrollar sus labores.

En atención al artículo 53, inciso 1º, de la Ley 19.880 y al transcurso de más de dos años desde la notificación del decreto alcaldicio que declaró vacante el cargo, no procede ordenar un procedimiento invalidatorio.

Los fondos extraordinarios tuvieron por finalidad solventar los mayores gastos que los municipios han debido realizar en el ámbito de sus funciones, lo que no incluye la intervención del personal militar.

La resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría determinó someter tales decretos al trámite de toma de razón, atendida la trascendencia de la materia y de sus efectos, a fin de cautelar la regularidad de dichos actos.

Los intereses económicos que tienen o han tenido los fideicomisos no pueden ser confundidos con los intereses del Presidente de la República, en razón de que esta autoridad se encuentra impedida de acceder a la información del destino de sus inversiones.

Las declaraciones objeto de la consulta constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, y en caso de reiterarse terminarán afectando el carácter no deliberante exigido.

Es fundamental que se mantenga a la Controlaría General de la República como un organismo autónomo constitucional debido al crucial rol que cumple al ejercer un contrapeso a las labores y poder de la Administración del Estado.

Esto, cuando contribuyentes se han visto imposibilitados o también disminuidos de desarrollar la actividad por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, como sucede actualmente con la emergencia sanitaria.

El pronunciamiento mantuvo el criterio sostenido sobre la materia.

Ha sido el propio legislador el que autorizó el desarrollo de este tipo de actividades en reservas nacionales, sin condicionamiento del otorgamiento de los títulos de concesión a la existencia de un determinado instrumento de gestión ambiental.

Se tomó en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.