Judicial

Resolvió que el finiquito no basta como prueba de pago íntegro cuando hay documentos que evidencian transferencias parciales y reclamos del trabajador, y reiteró que la ejecutada debe aportar antecedentes escritos de debida consistencia según el artículo 470 del Código del Trabajo.

Ha sido la propia Ley la que ha previsto que tanto la alcoholemia como la prueba respiratoria resultan idóneas para determinar la ebriedad de un conductor

El informe del CPT revela serias vulneraciones a los derechos de personas migrantes en procesos de expulsión administrativa en Chile, identificando prácticas que podrían constituir tratos crueles e inhumanos, y propone medidas urgentes para garantizar el respeto de las normas internacionales.

Concluyó que la medida carece de proporcionalidad, al aplicarse sin antecedentes suficientemente graves y en una etapa inicial de las investigaciones, vulnerando garantías constitucionales del recurrente.

Existen presunciones graves, precisas y concordantes, que permiten adquirir la convicción de que el contrato es simulado, pues no es más que el resultado de un proceso destinado a eludir el pago de la acreencia que la demandada mantenía con la parte demandante.

El hijo nacido en Chile y el matrimonio contraído en el país, aunque anteriores al acto impugnado, no fueron considerados por la autoridad y deben ponderarse para evaluar el arraigo familiar en la decisión.

La entrega de la información requeriría hacer una revisión manual de las carpetas, iniciadas el 1 de enero del año 2017 al 31 de diciembre de 2024, las que ascenderían a un total de 62.390 casos y que al no existir personal especial, debería distraer a funcionarios de sus labores habituales.

El IND carece de legitimación activa para impugnar la decisión del CPLT, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Transparencia. Este artículo prohíbe a los órganos de la Administración del Estado reclamar ante la Corte cuando la denegación de información se basa en la causal del artículo 21 N°1 de la misma ley, precisamente el argumento utilizado por el IND.

El proceso administrativo se originó a raíz de una fiscalización realizada por la Superintendencia en el marco de la investigación de una denuncia por maltrato a un profesor y a un alumno.

Se fijó una indemnización por daño moral de $70.000.000.- para la madre del operario, y de $15.000.000.- para dos de sus hermanos.

El proceso inició por una denuncia de discriminación hacia un estudiante, quien fue llamado repetidamente por su nombre legal y con términos femeninos, sin respetar su nombre social, generando burlas y un ataque de pánico.

A cinco años de su creación, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) destaca su labor en la protección de los derechos humanos en Chile, con más de 280 visitas a centros de detención y la emisión de más de 90 informes con recomendaciones orientadas a prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Acoge reclamación por prescripción de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Educación. La fecha de comisión de la contravención administrativa es un elemento esencial del tipo infraccional y ella no puede quedar entregada al arbitrio de la Administración, como sería en el caso de admitir que la infracción no se configure sino hasta que el hecho llegue a conocimiento de la Superintendencia, a través de una comunicación dirigida por el Ministerio.

La sentencia confirma que el terreno carecía de los cierros requeridos al momento de la declaración de abandono y la obligación de instalar o reponer los cierres perimetrales en su frente hacia el espacio público. Reconoce la facultad municipal para declarar propiedades abandonadas y aplicar las sanciones correspondientes, aun cuando existan alegaciones de uso o habitación parcial del inmueble.

La Corte concluyó que dicho recargo solo procede respecto de la indemnización por años de servicio, que no era aplicable en este caso.

La querellante no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación de la imputada en la publicación de la "funa" en su contra, pues no se presentó prueba suficiente ni imparcial que desvirtuara la hipótesis de que fue su padre quien habría usado la cuenta de Facebook, señala la Corte de Copiapó.

La suspensión condicional previa no constituye reincidencia para agravar penas. Una suspensión condicional del procedimiento previa no puede considerarse como "evento" para agravar penas en casos posteriores. El cambio de terminología de "reincidencia" a "evento" en la ley no modifica la naturaleza jurídica de la agravante. Se deben respetar los límites temporales establecidos en el Código Penal para la aplicación de agravantes.

Revoca fallo que había rebajado sanción de 7.000 UTM a 500 UTM. El reclamo de ilegalidad es un mecanismo de "derecho estricto" para revisar la juridicidad del actuar de la SEC. Determinó que la SEC consideró adecuadamente todas las circunstancias del artículo 16 de la Ley N°18.410 al imponer la multa. Critica falta de fundamentación en la sentencia de la Corte de Apelaciones para justificar la rebaja de la multa.

El fraude fue facilitado por la conducta descuidada de la propia clienta, a pesar de las campañas de advertencia que la banca en general realiza para impedir estas situaciones.

La tenencia del inmueble se justifica en la existencia de un contrato de compraventa de 1977, el que si bien no tiene la aptitud propia de un contrato de dicha especie, sí tuvo el mérito suficiente de haber habilitado la ocupación legítima del inmueble.

La Corte acogió recurso presentado por una inmobiliaria y ordenó a CGE intervenir en la red eléctrica para proteger la integridad de las instalaciones y la seguridad de los vecinos.

La empresa reclamante superó en 1,35 horas el límite de interrupciones eléctricas permitido por la normativa en la comuna de Colina durante el año 2021, según medición del SAIDI.

Se dejó sin efecto la orden del CPLT que ordenó entregar copias de actas y comunicaciones del Comité Anti-Elusión, por afectar la reserva de datos de terceros.

Se rechazó el reclamo del IND y deberá entregar la rendición de cuentas sobre $107.740.685.- millones entregados a la Corporación ADO Chile.

La Corte Suprema confirmó la condena por porte ilegal de arma de fuego y tenencia de municiones, rechazando un recurso de nulidad interpuesto por el acusado.

La primera atención médica omitió exámenes clave pese a síntomas graves, lo que impidió un diagnóstico precoz de pancreatitis y derivó en el fallecimiento del paciente.

Se incorporó y valoró en el juicio oral la declaración de la víctima prestada ante funcionarios policiales, sin cumplir los requisitos legales del artículo 331 letra f) del Código Procesal Penal, para introducir declaraciones previas. La Corte enfatizó que las excepciones a la inmediación deben interpretarse restrictivamente.

La medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los imputados, debe ser cumplida en el cuartel o establecimiento militar de la respectiva institución que el mismo mandamiento indique.

Los casinos deben capacitar anualmente a su personal y contar con un manual actualizado que regule procedimientos, alertas y conductas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El contrato a honorarios en la Administración Pública se considera una modalidad de prestación de servicios específica, sin generar vínculo laboral, incluso si existe supervisión o jornada definida.