Judicial

Las funciones desempeñadas por el actor se ajustan a una relación laboral, dadas su duración, naturaleza permanente y subordinación, incompatibles con una contratación a honorarios

La mera dictación de un fallo absolutorio (posterior a uno condenatorio) en caso alguno se erige como un presupuesto suficiente para acceder a la pretensión de la solicitante. En efecto, si el pronunciamiento anulado cumplió con un estándar adecuado de fundamentación, inmediatamente quedará erradicada cualquier potencial objeción de arbitrariedad que pueda formularse.

La prescripción se interrumpe por demanda interpuesta en pandemia y notificada en plazo excepcional. Aplica artículo 8° de la Ley N° 21.226 para justificar que la presentación de una demanda durante el estado de catástrofe por COVID-19, seguida de su notificación dentro del plazo legal posterior, interrumpe válidamente la prescripción extintiva.

Fallo establece límites al uso de mandatos bancarios y refuerza la aplicación de la Ley N°21.234 sobre responsabilidad en casos de fraude. Banco Estado excedió en el mandato conferido al emitir pagaré sin respaldo en un crédito efectivo, configurándose objeto ilícito, por lo que procede la excepción de nulidad de la obligación.

El actor solicitó indemnización, alegando abuso de poder, daños patrimoniales y morales; sin embargo, la Corte concluyó que el permiso de edificación no estaba vigente ni aplicaba al predio de su propiedad, lo que impidió fundar la responsabilidad municipal

La suspensión o cancelación de la licencia de conducir es una sanción que requiere, entonces, la existencia de un reproche previo, mediante sentencia firme, para su justificación, nada de lo cual ocurre en la especie. Para agravar la pena de suspensión de licencia se requieren condenas previas firmes. Hubo una errónea aplicación del artículo 196 de la Ley de Tránsito. Se impone suspensión de licencia de conducir por dos años por cada delito, a cumplirse de forma acumulativa.

Tribunal acoge recurso de nulidad por falta de valoración de pruebas clave de la defensa. No se puede condenar por el delito de receptación si contrato de promesa de compraventa del vehículo no fue debidamente valorado. El estándar subjetivo del delito de receptación, no requiere dolo directo ni conocimiento efectivo del origen ilícito, refiere el voto en contra.

El máximo Tribunal reprocha la conducta del demandado al permitir que el proceso avance para luego alegar abandono lo que califica como un abuso que "no puede ser amparado por la justicia". Enfatiza la importancia de la lealtad y diligencia procesal, citando la Ley N° 20.886.

Se ordenó a Fonasa y al Ministerio de Salud realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco, mientras así sea prescrito por el médico tratante de la menor, con el objeto que se inicie el tratamiento en el más breve tiempo

Cada vez que la acusada cometía una nueva apropiación indebida se interrumpía el plazo de prescripción que comienza a correr nuevamente.

Resulta irrelevante que las declaraciones de los imputados resultan poco creíbles o fiables, ni menos que estas presenten contradicciones entre sí y con la demás prueba, desde que, en todo caso niegan su participación, y en ese entendido, ante la absoluta ausencia de prueba que relacione la droga (o el dinero y la pesa) con los imputados, no puede razonablemente construir el puente sólo en base a la aseveración que los encartados mienten

Se requiere confirmar la hipótesis acusatoria, pero bajo una estructura racional, no puramente intuitiva de lo que el juez crea que realmente ocurrió, sino conforme a lo que los elementos de prueba entregan.

Se acreditó que los directores aprobaron préstamos entre partes relacionadas sin abstenerse, pese a conflicto de interés, lo que justifica la sanción aplicada por incumplir requisitos legales de la Ley de Sociedades Anónimas

Se acreditó la culpa grave del usuario al exponerse voluntariamente a una situación de riesgo que derivó en el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias

Pese al ingreso por paso no habilitado, la extranjera ha procurado ante las autoridades regularizar su permanencia en el país, para compartir su proyecto de vida con sus hijos ya residentes y con arraigo laboral

Invalidó sentencia que había dado lugar a una acción pauliana. Esta busca equilibrar la libre administración del patrimonio del deudor con los derechos de los acreedores. Requiere que el acreedor tenga esa calidad tanto al momento del acto impugnado como al ejercer la acción. El crédito debe ser anterior al acto que se intenta revocar.

Se constataron diversas irregularidades, como baños inoperativos, servicios higiénicos en mal estado, techumbre deteriorada con filtraciones, muros con humedad, vidrios rotos y pintura descascarada en diversas dependencias del establecimiento, condiciones que comprometen la seguridad y salubridad de la comunidad escolar.

Establece que la relación sentimental previa impide calificar de tenencia como “por mera tolerancia”. El vínculo de convivencia con la fallecida propietaria que conocían por las demandantes. No se configura la mera ignorancia ni la tolerancia pasiva de su parte, lo que hace improcedente la acción de precario.

Se determinó que sus funciones y facultades estaban limitadas a un ámbito operativo restringido y sujeto a supervisión, sin que ostentaran poder general de administración ni influencia decisoria en las políticas o patrimonio del empleador, lo que excluye la aplicación de la causal de desahucio

Concluyó que el arraigo familiar no constituye impedimento suficiente para evitar la expulsión y no puede ser una excusa para soslayar normas específicas de nuestro ordenamiento jurídico.

Descartó que el colegio deba responder por no haber adoptado medidas adicionales, señalando que no puede exigirse un estándar superior al legal, especialmente cuando la documentación presentada parecía auténtica y fue validada por autoridades competentes.

La decisión de sancionar una determinada conducta con medidas proporcionales y adecuadas, se inserta dentro de la autonomía y libertad de los establecimientos para definir su proyecto educativo, que toda la comunidad escolar reconoce y acepta al momento de elegir un determinado colegio.

Se acreditó que el hospital no respetó la lex artis desde el ingreso de la paciente a la unidad de alto riesgo, retardó injustificadamente la interrupción del embarazo, aplicó medicación en exceso sin descartar riesgos y omitió la analgesia indicada, lo que contribuyó directamente a las graves lesiones uterinas que sufrió la paciente.

Tribunal de Santiago sentencia a hombre que engañó a dos hermanas por más de $430 millones, haciéndose pasar por experto legal internacional. Elaboró una trama de engaños que incluyó falsas amenazas de extradición y penas en EE.UU. y uso de documentos falsos supuestamente emitidos por autoridades estadounidenses.

Corte de Santiago estableció que la pasajera cumplía con todos los requisitos de viaje, incluyendo la declaración jurada digital exigida por Chile. Iberia negó el embarque erróneamente, solicitando una prueba PCR que no era necesaria. Se acreditó que el demandante tuvo que utilizar 115.700 millas Latam y pagar una nueva tasa de embarque. Se rechazó la demanda por daño moral, al no presentarse pruebas suficientes.

La información solicitada requeriría revisar manualmente más de 62,000 carpetas investigativas. El Ministerio Público carece de un sistema automatizado para extraer estos datos específicos. La tarea de recopilación "implicaría revisar procesos por un período de siete años y respecto de todas las fiscalías regionales". Recopilar la información solicitada afectaría las funciones del organismo persecutor.

Confirma pago de $44.450.500 por daño emergente. Casación fue rechazada por no denunciar la infracción de normas decisorias de la Litis. Además, la Corte no puede modificar los hechos establecidos por los tribunales inferiores y la impugnación no explica cómo se habrían infringido las reglas de la sana crítica.

La falta de prueba concreta sobre el ejercicio efectivo de la actividad en competencia, la ausencia de evidencia documental y testimonios imprecisos determinaron que no se acreditó el incumplimiento de la cláusula prohibitiva de competencia ni el perjuicio para el empleador.

Respaldó la multa impuesta por la Superintendencia de Salud, confirmando que la presentación de un Vademécum GES con omisiones y errores afecta la garantía de acceso y la obligación de las Isapres de informar correctamente las prestaciones disponibles a sus afiliados.

Los artículos 4 y 4 bis de la Ley N°17.322 exigen acreditar un perjuicio efectivo al afiliado, como la afectación de sus fondos en el sistema de capitalización individual.