Judicial

El fallo tuvo por acreditada la relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños ocasionados a la demandante.

Además de avistamiento de la maniobra destinada a desprenderse de los papeles en el antejardín de un inmueble, todo lo cual autorizó el actuar autónomo de la policía.

Los actos administrativos objetos de revisión jurisdiccional resultan arbitrarios por carecer de fundamentos.

A la fecha de ocurrencia del delito el legislador no había tipificado como delito el legislador no había tipificado como delito de parricidio el caso que un hombre diere muerte a su conviviente también hombre.

Aunque fuese cierto que no hubiere pautas médicamente vinculantes, no por ello podría el sistema protector de la salud desentenderse del enfermo que reclama su expresa y urgente atención.

Yerran los jueces del fondo al comparar exclusivamente uno de los elementos denominativos de las marcas en conflicto.

Se incurrió en un error de derecho que ha influido substancialmente en lo dispositivo de lo resuelto.

La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Juica, quien adujo que para desechar la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039 se debe tener presente que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba.

El actor suscribió una renuncia voluntaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 N° 2 del Código del Trabajo, la que no es nula.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Künsemüller y Cisternas, quienes estuvieron por acoger el recurso de casación en el fondo.

Las razones de justificación aludidas en el pronunciamiento que se impugna descartan también su eventual arbitrariedad.

Se deben tener presente las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por lo que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón.

La Corte Suprema estimó que la denominación solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

A la data de la notificación de la demanda de autos, esto es, 20 de mayo de 2016, el cuadrienio de artículo 2332 del Código Civil ha transcurrido en exceso, indica el fallo.

Se concluye revocando la sentencia apelada, sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar una suma de $590.800, por concepto de daño material causado al actor.

Al concluir lo contrario los jueces del fondo han incurrido en los yerros denunciados, lo que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

Concluye la sentencia manifestando que es al empleador que cometió la infracción a quien debe aplicarse las correspondientes sanciones de multa.

A la Corte de Apelaciones solo le corresponde determinar si el actuar del órgano se ajustó a la normativa vigente.

Pago del crédito solidario universitario hecho la Tesorería no interrumpe la prescripción.

Es casi imposible no apreciar –de manera lógica- que los “pantallazos” se corresponden con la apelación, como forma de justificar su presentación al filo del plazo.

Se concluye revocando la sentencia de primera instancia, declarando que se acoge, con costas, la querella infraccional.

La Corte de Coyhaique concluye revocando la sentencia de primera instancia.

Concluye el máximo Tribunal señalando que sí ha existido un actuar defectuoso en el servicio que fue prestado a la fallecida.

Aquellos datos de personas naturales relativos al nombre, apellido, RUT, dirección, teléfono o correo electrónico, entre otros, son personales.

Concluye la Corte Suprema expresando que los ministros recurridos no han incurrido en falta o abuso al disponer la entrega de información que se cuestiona.

El tipo penal sólo señala "una pequeña cantidad" de una sustancia, por lo que basta comprobar la presencia de droga para configurar el tipo penal.

La demandante adujo que la resolución impugnada incurrió en la causal del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo.

Concluye el fallo aduciendo que corresponde acoger la excepción de prescripción opuesta en tiempo y forma por la demandada.

Aduce la sentencia el actuar del Alcalde reclamado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 148 de la LGUC.

El demandante adujo que la resolución impugnada incurrió en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.