Nacional

El tribunal descartó ilegalidad en la actuación de la Municipalidad de Lo Barnechea, al concluir que el retraso de 68 días en la entrega del manual exigido en las bases de licitación configuró un incumplimiento contractual objetivo y que el plazo de 10 días invocado por la empresa solo se refiere a la constancia del incumplimiento, no a la imposición de la sanción.

Se reclamó contra la revocación de una licitación para fabricar 500 literas para el Centro de Educación y Trabajo de Antofagasta, pero se resolvió que no se incurrió en infracción y además que existen vías específicas para impugnar actos administrativos en procesos de contratación pública

La acción fue presentada por la Municipalidad de Tomé en el marco de un juicio ejecutivo por cotizaciones impagas y cuestiona la constitucionalidad de la regla del DL N°3.500 que dispone la capitalización mensual de intereses, alegando vulneración de los principios de proporcionalidad y non bis in ídem

Acogió recursos de casación en la forma al concluir que la Corte de Apelaciones no fundamentó adecuadamente la reducción de las indemnizaciones fijadas en primera instancia por el secuestro calificado ocurrido en 1976. Ordenó el pago de $80.000.000.- para cada uno de los hijos de la víctima y de $20.000.000.- para cada uno de sus nietos, además de reajustes e intereses .

El organismo concluyó que la circular del Ministerio de Salud y la resolución de la Superintendencia de Educación se ajustan a la Ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, y no regulan el cambio registral de sexo de menores, sino medidas destinadas a respetar la identidad de niños, niñas y adolescentes y prevenir discriminaciones

El presente artículo analiza el cambio de paradigma introducido por la Ley 21.595 de Delitos Económicos en Chile, explorando cómo la ceguera voluntaria y el dolo eventual han redefinido la responsabilidad fiduciaria. A través de un análisis técnico de la debida diligencia, se argumenta que el Modelo de Prevención de Delitos ha dejado de ser un costo administrativo para convertirse en la única inversión capaz de garantizar la supervivencia patrimonial y la libertad personal del directorio y la alta gerencia.

El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación del proyecto de mejoramiento de la Ruta J-80 en la Región del Maule, concluyendo que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental y posteriormente por el Comité de Ministros, instancia que incluso reforzó las medidas de mitigación y compensación establecidas en la RCA.

El Tribunal estimó que la prohibición de impugnar la resolución que rechaza objeciones a la liquidación de alimentos vulnera el derecho al recurso y establece un trato distinto respecto de otros procedimientos ejecutivos sin justificación constitucional suficiente

La iniciativa busca generar un espacio regional de reflexión y cooperación en torno a temas estratégicos para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El lanzamiento contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, autoridades académicas, líderes internacionales y representantes del ámbito público.

La Primera Sala del TC suspendió el procedimiento en curso ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago. Se impugnan disposiciones del Código del Trabajo cuya aplicación habría generado una liquidación superior a $66 millones en un juicio laboral. Requirente alega vulneración al debido proceso, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, seguridad jurídica

El tribunal acogió el recurso de protección presentado por una residente y determinó que la instalación de un dispositivo de vigilancia dirigido hacia la puerta de su vivienda excede los fines de seguridad del condominio y vulnera su derecho constitucional a la vida privada.

La acción se originó tras un violento incidente ocurrido a la salida del establecimiento, donde —según estableció el tribunal— la apoderada agredió físicamente y amenazó a estudiantes, incluso acompañada por un hijo mayor que no pertenece al colegio, participando ambos en golpes, rasguños y amenazas contra alumnos. Frente a estos hechos, la Corte estimó justificada la decisión del establecimiento de removerla como apoderada y prohibir su ingreso para resguardar la convivencia escolar.

La acción sostiene que el artículo 2° de la Ley N°19.496 vulnera diversas garantías constitucionales al permitir que la normativa de protección al consumidor se aplique a la venta de lotes de terreno por empresas inmobiliarias

Estimó injustificado agendar la audiencia seis meses después del auto de apertura, considerando que el imputado se encuentra en prisión preventiva, lo que vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

El ente contralor desestima denuncia y confirma que la inclusión del escudo nacional en la banda presidencial no contraviene la ley, basándose en precedentes históricos y la interpretación de la normativa vigente.

El tribunal concluyó que la determinación sobre la procedencia de exenciones tributarias corresponde al Servicio de Impuestos Internos y que la comisión evaluadora aplicó correctamente los criterios establecidos en las bases del proceso licitatorio

La acción cuestiona los artículos 4 bis y 8 de la Ley N°17.322 por estimar que restringen el abandono del procedimiento y limitan el recurso de apelación en juicios de cobranza previsional. La AFC solicitó declarar inadmisible el requerimiento por tratarse —a su juicio— de normas ya declaradas constitucionales y carecer la impugnación de fundamento plausible

La Magistratura concluyó que la facultad del Presidente de la República para disponer el retiro temporal de oficiales de Carabineros constituye una atribución discrecional prevista en la Constitución y la ley, por lo que su aplicación no vulnera el debido proceso ni el principio de juridicidad

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Rancagua y concluyó que la tardía acusación del Ministerio Público, presentada casi cinco meses después del cierre de la investigación, vulneró el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable

Concluyó que la conducta constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa, descartando ilegalidad o arbitrariedad en el sumario disciplinario que culminó con la medida de destitución.

La Magistratura concluyó que la regla del artículo 127 de la Ley N°10.336, que restringe las excepciones en el procedimiento ejecutivo derivado de sentencias del juicio de cuentas, no vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley, pues responde a la naturaleza del procedimiento destinado a resarcir perjuicios fiscales

El tribunal concluyó que la decisión de la autoridad sanitaria se ajusta a la normativa vigente, ya que el fármaco Trastuzumab Deruxtecán no está incorporado al régimen GES ni financiado por la Ley Ricarte Soto, y su exclusión se basa en evaluaciones técnicas que indican baja certeza científica sobre su eficacia y seguridad.

Determinó que las acusaciones de hostigamiento y difamación entre particulares requieren un análisis probatorio propio de un juicio de lato conocimiento, por lo que no pueden ser resueltas mediante el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar

Confirmó la decisión de la Corte de San Miguel al estimar que los comentarios cuestionados se enmarcan en críticas a la gestión administrativa del recurrente y no constituyen una vulneración a su derecho a la honra protegido por la Constitución. Además, la protección no es la vía idónea para imponer censura a publicaciones en medios electrónicos

Sostuvo que la acción constitucional no puede utilizarse para revisar el mérito de una investigación sumaria administrativa ni para anular las decisiones adoptadas por la autoridad competente en ese procedimiento.

No podemos sino preocuparnos al conocer un fallo de Corte de Apelaciones que acoge un recurso de protección por el cual un funcionario público reclama en contra de resolución en sumario instruido por Contraloría General que ordenó su destitución luego de haberse acreditado, en sede disciplinaria, que este, durante su jornada laboral habría realizado actividades de campaña política.

Desestimó los argumentos de la defensa que denunciaban vulneración del debido proceso por una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima, concluyendo que el procedimiento policial se ajustó a la legalidad y que no se infringió el principio de congruencia ni las garantías del acusado. Voto en contra sostiene que una denuncia anónima imprecisa no constituía un indicio suficiente para iniciar el procedimiento policial y las diligencias posteriores.

A menos de nueve meses de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, las empresas enfrentan un nuevo desafío: integrar la protección de datos personales en los procesos de integridad y cumplimiento. La función de Cumplimiento, tradicionalmente enfocada en la confidencialidad de la información, deberá ahora gestionar el tratamiento de datos bajo un marco jurídico más exigente, incorporando estándares de responsabilidad proactiva, seguridad y control en ámbitos críticos como canales de denuncia, investigaciones internas y gestión de conflictos de interés.

Resuelve que no corresponde aplicar el plazo de caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo cuando previamente se discute la existencia de la relación laboral, pues la acción queda sujeta al plazo de prescripción de dos años del artículo 510 del mismo cuerpo legal.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había ordenado detener las faenas de exploración realizadas en el sector del humedal de Lari. Concluyó que la investigación de la Dirección General de Aguas descartó extracción ilegal de aguas y determinó que los sondajes tenían fines de exploración minera dentro de concesiones válidamente constituidas, por lo que no se acreditó vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.