Nacional

El tribunal rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una empresa comercializadora de herramientas y validó la sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, luego de que una fiscalización detectara la venta de diversos productos eléctricos y de combustibles sin contar con certificados de aprobación ni marcadores de seguridad exigidos por la normativa vigente.

El máximo Tribunal mantuvo la pena de 12 años de presidio impuesta al sentenciado por el delito de lesa humanidad cometido en Temuco en 1974.

Concluyó que el municipio aplicó un criterio temporal incorrecto para determinar el promedio de remuneraciones exigido por el artículo 6° de la Ley N°19.886, vulnerando la finalidad protectora de la norma

La senadora de Renovación Nacional se convirtió en la quinta mujer en presidir la Cámara Alta y será la primera representante de su sector en tomar juramento y entregar la banda presidencial a un mandatario electo.

Determinó que el daño emergente derivado de la muerte de una mascota debe limitarse a pérdidas patrimoniales directamente acreditadas como la adquisición del animal, su alojamiento, necropsia y cremación. Rechazó incluir en la indemnización gastos por atenciones psicológicas y honorarios de abogados reclamados por los dueños, al no demostrarse su relación causal con el hecho.

Rechazó el reclamo de ilegalidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana y sostuvo que la grabación de una reunión institucional constituye información pública. Además, precisó que difuminar rostros no implica crear un documento nuevo, sino aplicar el principio de divisibilidad para proteger datos personales

Estableció que las gestiones telefónicas de cobranza no constituyen un servicio complementario de telecomunicaciones, por tratarse de comunicaciones dirigidas a un deudor específico y no de prestaciones ofrecidas o contratadas por los usuarios del sistema telefónico.

Desestimó argumentos de prescripción, desproporcionalidad y vulneración al debido proceso, manteniendo la multa de 51 UTM impuesta originalmente

El tribunal rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la empresa distribuidora contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, concluyendo que la omisión de valorizar y descontar la energía inyectada por un sistema de generación domiciliaria constituyó una infracción grave a la normativa eléctrica, pese a que la situación fue regularizada con posterioridad.

Respaldó el criterio que exige a los grandes consumidores de energía cumplir estrictamente el régimen de auditorías previsto en el Decreto Supremo N°28 de 2021, descartando que una auditoría basada únicamente en la norma ISO 50001 permita tener por satisfecha la obligación reglamentaria.

La magistratura estimó que exigir la certificación ISO 9001 como requisito de admisibilidad constituye una barrera de entrada injustificada que vulnera los principios de libre concurrencia e igualdad en las licitaciones públicas

La acción impugna el artículo 472 del Código del Trabajo, al estimar que impediría revisar por un tribunal superior la resolución que declaró el abandono del procedimiento en un juicio ejecutivo laboral, lo que —según el requirente— vulneraría el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La reforma introduce cambios al Código Orgánico de Tribunales y a la normativa registral, incorporando tecnologías digitales, nuevos mecanismos de nombramiento de notarios y conservadores, auditorías obligatorias y regulación de los precios de los servicios notariales y registrales.

La sesión de instalación está programada para las 9 horas de este miércoles y tras ser investidos en su cargo, se procederá a la elección de la nueva Mesa.

Estableció que el órgano contralor no puede excusarse de emitir pronunciamientos sobre reclamaciones de funcionarios públicos invocando que la materia ha devenido litigiosa, cuando la Constitución y la ley le atribuyen expresamente competencias para conocer de tales asuntos.

La instancia parlamentaria cuestionó la reducción de más de 20 mil subsidios habitacionales —principalmente del DS49 destinado a familias vulnerables— informada por el Ministerio de Hacienda, y solicitó la presencia de los nuevos ministros de Hacienda y Vivienda para explicar la medida y evaluar la restitución de los cupos comprometidos en la Ley de Presupuestos 2026.

El tribunal de alzada revocó la resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro que había omitido el período probatorio, señalando que cuando se discute el carácter ejecutivo del finiquito corresponde admitir la excepción del ejecutado y recibirla a prueba.

La acción de inaplicabilidad sostiene que el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales permite a la Corte Suprema negar el juramento profesional sin parámetros objetivos, vulnerando la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al trabajo y la presunción de inocencia

Desestimó argumentos de la defensa y sostuvo que existen antecedentes plausibles que otorgan mérito suficiente para permitir la persecución penal por eventuales delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos atribuidos a la exmagistrada.

Sostuvo que la agravante del artículo 12 N°22 del Código Penal es objetiva, por lo que basta que la víctima sea menor de 18 años para su aplicación.

La acción de inaplicabilidad sostiene que en un juicio de desposeimiento tramitado ante el 29° Juzgado Civil de Santiago se omitió la tasación pericial del inmueble, fijándose como mínimo de subasta el avalúo fiscal pese a que el valor comercial del bien superaría ampliamente la deuda reclamada. Se cuestiona el artículo 486, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, que establece el avalúo fiscal como tasación para remates judiciales. Se alega vulneración al debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad

El tribunal desestimó la reclamación de la concesionaria y concluyó que la transmisión de antecedentes íntimos de la víctima durante una audiencia judicial, en horario de protección infantil, vulneró el deber de cuidado exigido a los servicios de televisión, configurando una infracción al principio de correcto funcionamiento establecido en la Ley N° 18.838.

Descartó todas las causales de nulidad invocadas por la defensa y ratificó la sentencia que estableció que el exdirector de la Policía de Investigaciones sustrajo $146 millones de gastos reservados entre 2015 y 2017, fondos que posteriormente fueron incorporados al sistema financiero mediante diversas operaciones.

El requerimiento cuestiona el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, al sostener que su aplicación impide rendir un testimonio clave en un juicio ejecutivo, vulnerando el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa

Rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa y mantuvo la sentencia que condenó al uniformado a 21 días de reclusión militar y multa de 1 UTM, tras acreditarse que no devolvió municiones institucionales encontradas en su domicilio en 2020.

Concluyó que la escritura pública de constitución de una Unión Temporal de Proveedores no es un requisito de admisibilidad de la oferta, sino un documento exigible al momento de contratar, descartando así la ilegalidad en la readjudicación del proceso licitatorio

La iniciativa, que pasó a segundo trámite legislativo, permite denunciar conductas como el comercio ambulante no autorizado, el uso de servicios sin pago de tarifa o la alteración de la convivencia en las instalaciones del Metro.

Desde 1826, la investidura presidencial se realiza ante el Congreso Nacional, institución que encarna la soberanía popular y legítima la transferencia del poder en Chile.

El requerimiento impugna disposiciones del Estatuto Administrativo Municipal aplicadas a docente municipal por viajar durante licencia médica que fue destituida e inhabilitada por cinco años para ejercer funciones públicas. Alega que a su respecto rige el Estatuto Docente y que se ha vulnerado el principio de legalidad, debido proceso, proporcionalidad y libertad de trabajo

El máximo tribunal respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que validó la medida decretada por el Juzgado de Garantía de Quellón al estimar que la gravedad del delito, las lesiones ocasionadas y la necesidad de cautela justificaban la privación de libertad, pese a los cuestionamientos de la defensa sobre proporcionalidad y falta de antecedentes previos