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El máximo Tribunal acogió el recurso de protección y ordenó restituir $453.000 a un cliente víctima de una estafa, al establecer que la Ley N°20.009 también se aplica cuando un tercero obtiene las claves mediante engaño y que el banco debió devolver los fondos al tratarse de un monto inferior a 35 UF.

Rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Ready Mix Hormigones Limitada, al concluir que el arbitrio buscaba modificar los hechos establecidos por los tribunales de instancia, los que acreditaron omisiones en medidas de prevención y capacitación en materia de seguridad laboral

Confirmó que las obras realizadas por la arrendataria en un inmueble fiscal no generan derecho a indemnización cuando fueron ejecutadas sin autorización expresa de la autoridad administrativa y el contrato establece que tales mejoras sólo pueden retirarse antes del término del arriendo.

El tribunal desestimó el reclamo presentado por la empresa y confirmó la sanción impuesta por la Unidad de Análisis Financiero, consistente en una amonestación y una multa de 40 UF, por incumplimientos a las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellos deficiencias en el monitoreo de operaciones de clientes, la falta de medidas reforzadas de debida diligencia respecto de jurisdicciones de riesgo y la omisión de actualizar información relevante ante el organismo fiscalizador.

La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer que el antecedente de cáncer u otras enfermedades curables no pueda ser utilizado como fundamento para declarar la no aptitud de postulantes a las Escuelas Matrices ni de personal civil o profesional.

El organismo fiscalizador concluyó que, tratándose de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, corresponde a dicha autoridad ejercer la potestad disciplinaria, por lo que instruyó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores adoptar medidas para subsanar irregularidades detectadas en procesos administrativos

Concluye que el requerimiento de información efectuado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales se enmarca en las atribuciones constitucionales y legales de fiscalización de la Contraloría General de la República, descartando la existencia de un acto ilegal o arbitrario

El requerimiento cuestiona la constitucionalidad del artículo 10, numeral 6°, párrafo tercero, del Código Penal, al estimar que su aplicación podría justificar actos de tortura cometidos por funcionarios policiales. La acción se vincula a un nuevo juicio oral fijado para el 30 de marzo de 2026 ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena

La sanción fue aplicada por el club en ejercicio del derecho de admisión, luego de imputarle supuestamente participación en un hecho vinculado al uso de fuegos artificiales durante un partido entre Colo-Colo y Everton disputado en marzo de 2025. Sin embargo, la Corte concluyó que la medida carecía de fundamentos verificables, no fue debidamente notificada ni permitió a la afectada ejercer su derecho a defensa, además de fijarse por un plazo superior al contemplado en la normativa aplicable.

Sostuvo que la expulsión de una estudiante por incurrir en dos faltas gravísimas contempladas en el reglamento de convivencia escolar se ajustó a la normativa educacional y respetó el debido proceso, destacando el ámbito de autonomía que la Constitución y la ley reconocen a los establecimientos para desarrollar su proyecto educativo.

El máximo tribunal concluyó que el término anticipado de la contrata de una psicóloga no fue ilegal ni arbitrario, al no configurarse el principio de confianza legítima y encontrarse el acto administrativo debidamente fundado en necesidades del servicio

Dejó sin efecto las resoluciones que habían declarado incompetente al Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara para conocer la demanda presentada contra la Municipalidad de Santa Bárbara por descuentos aplicados a remuneraciones de docentes entre 2020 y 2024. La controversia por descuentos aplicados a las remuneraciones corresponde a materias propias de la jurisdicción laboral.

Dejó sin efecto la sentencia que había ordenado pagar $100 millones por daño moral, al establecer que los mismos hechos ya habían sido indemnizados mediante una transacción judicial de 2019

Descartó que la sentencia laboral hubiera infringido las reglas de la sana crítica o calificado erróneamente los hechos, manteniendo la decisión que declaró injustificado el despido de una trabajadora acusada de incumplimiento grave luego de la sustracción de más de $232 millones desde una sucursal.

Determinó que la controversia —relativa a descuentos aplicados por concepto de impuesto a la renta sobre una asignación docente— corresponde ser conocida por la judicatura laboral, al tratarse de un conflicto derivado de la relación de trabajo y del pago íntegro de las remuneraciones.

Determinó que la asignación de experiencia prevista en un reglamento vigente para funcionarios no docentes constituye una remuneración derivada del vínculo laboral, por lo que su pago no puede ser desconocido por interpretaciones administrativas que pretendan dejarla sin efecto.

Reprocha que la Corte de Santiago no valorara toda la prueba rendida en juicio indemnizatorio vinculado a inundaciones de viviendas sociales y a la presunta utilización de sociedades relacionadas para eludir el pago de una sentencia previa.

Descartó vulneración al debido proceso en un juicio simplificado y sostuvo que las penas sustitutivas contempladas en la Ley N°18.216 se aplican únicamente respecto de las penas privativas o restrictivas de libertad, y no a las penas accesorias que afectan otros derechos.

Iniciativa que busca incorporar una figura específica en el Código Penal para castigar a quienes, teniendo el deber de cuidado, abandonen a personas mayores que requieren asistencia permanente y que introduce enmiendas en la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, no presenta avances en el Senado desde 2013.

El Tribunal Pleno de la Corte Suprema designó a los ministros y ministras que integrarán el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para el período 2026-2028, instancia que será presidida por Gloria Ana Chevesich e integrada por Andrea Muñoz, Mauricio Silva, Omar Astudillo y Jorge Zepeda.

Un análisis jurídico y administrativo cuestiona el diseño actual de la gratuidad en la educación superior, advirtiendo debilidades en sus criterios de mérito, mecanismos de control y transparencia, mientras que la reciente limitación etaria aparece más como un ajuste fiscal que como una reforma estructural del sistema.

La acción cuestiona el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales por permitir que una condena penal ya cumplida opere como impedimento indefinido para acceder al título profesional, vulnerando —según el requirente— la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad

Confirmó la decisión de la Corte de Rancagua que rechazó el recurso de amparo de la defensa de una imputada por homicidio, al estimar que el tribunal de garantía actuó dentro de sus facultades al considerar que los hechos descritos podrían configurar homicidio calificado por alevosía y exceder los límites legales del procedimiento abreviado

Confirmó la sentencia de la Corte de Iquique que rechazó la acción constitucional presentada contra el Juzgado de Garantía de esa ciudad, al estimar que la negativa a unificar penas fue adoptada por un tribunal competente, mediante resolución fundada y en el marco de condenas firmes y ejecutoriadas. Además, una de las sentencias se dictó mediante procedimiento abreviado, lo que implicó un acuerdo sobre la pena y circunstancias del caso que impide revisar nuevamente los hechos para aplicar las reglas de unificación de condenas

La Magistratura concluyó que la disposición del artículo 234, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, que restringe las excepciones que pueden oponerse en el procedimiento de cumplimiento incidental de una sentencia, no produce efectos contrarios a la Constitución. No vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley. Además, la ejecución del laudo arbitral no plantea un problema de constitucionalidad sino de legalidad

Docente le indicó al alumno salir momentáneamente al pasillo para recuperar la compostura, reingresando pocos minutos después a la sala. Se acogió reclamo del Colegio y dejó sin efecto sanción de 51 UTM impuesta por Superintendencia de Educación, al estimar que la autoridad administrativa incurrió en errónea calificación de los hechos y omitió analizar la autonomía pedagógica de la docente. Resolución sancionatoria carecía de motivación suficiente

El uso de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo jurídico se expande rápidamente, especialmente en tareas como la revisión de contratos y la investigación preliminar. Sin embargo, investigaciones recientes advierten sobre un fenómeno emergente denominado “rendición cognitiva”: la tendencia de las personas a aceptar las respuestas de la IA sin activar plenamente el pensamiento crítico. En el ámbito legal, donde el valor profesional radica en el juicio y la interpretación, el desafío no será solo aprender a utilizar estas tecnologías, sino mantener el criterio humano y la supervis

Recordó que el recurso de queja sólo procede cuando la falta o abuso se comete en la dictación de una sentencia definitiva o de una interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, lo que no ocurre respecto de resoluciones destinadas únicamente a ordenar la sustanciación del proceso

El tribunal concluyó que la oferta del demandante fue correctamente declarada inadmisible, ya que el profesional propuesto como administrador del contrato solo contaba con un grado académico de licenciado y no con el título profesional o técnico exigido por las bases del proceso licitatorio

El artículo 231 del Código Penal, en la expresión objetada, vulneraría los principios de proporcionalidad, de legalidad penal, tipicidad, la igualdad ante la ley y debido proceso, al no establecer qué debe entenderse por perjuicio ni calificar la gravedad de éste para efectos de fijar la sanción aplicable