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Acogió un recurso de queja y determinó que negar la tramitación dejó al trabajador sin acceso a la justicia, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad de la defensa y dejó firme la sentencia que estableció que el funcionario golpeó a un adolescente de 14 años, causándole ceguera legal permanente. El recurso fue manifiestamente mal formalizado. Resulta inconsistente cuestionar los hechos acreditados cuando previamente se aceptan al alegar un error de derecho.

Rechazó el recurso de nulidad de la defensa y descartó infracción al debido proceso, al establecer que no era necesario acreditar el grado de pureza de la droga para configurar el delito de tráfico. La cantidad incautada —más de un kilo de marihuana— permite concluir que existía un peligro concreto para la salud pública, por lo que no hubo error al condenar por tráfico

Considera que la interpretación aplicada impedía al trabajador acceder a un pronunciamiento judicial de fondo en su demanda. Ninguna interpretación puede dejar a un trabajador sin acceso a la justicia. Voto en contra; la interpretación realizada por los jueces recurridos se enmarca dentro de criterios jurídicos razonables y el recurso de queja no es una vía para revisar discrepancias interpretativas, salvo que exista una infracción evidente y grave, lo que —a su juicio— no ocurrió en este caso.

Descartó vulneraciones al debido proceso y concluyó que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales al fiscalizar a la acusada en la vía pública. La sentencia por receptación de vehículo motorizado, dictada por el Tribunal Oral de Antofagasta, quedó firme

El tribunal de alzada desestimó la alegación de cosa juzgada planteada por el Fisco y sostuvo que no existió reparación previa efectiva. Además, reafirmó que en casos de crímenes de lesa humanidad prevalece el derecho a la reparación integral consagrado en tratados internacionales.

La independencia, como garantía del derecho de defensa y exigencia del Estado de Derecho, impone al abogado la exclusión de todo interés ajeno al cliente, legitima la renuncia sin expresión de causa y exige preservar el secreto profesional frente a cualquier interferencia.

Rechazó la calificante de alevosía al no acreditarse que la víctima estuviera dormida al momento del ataque y aplicó dos atenuantes por entrega voluntaria y colaboración sustancial, imponiendo ocho años de presidio mayor en su grado mínimo

Se rechazó la demanda principal por responsabilidad contractual y la demanda subsidiaria de cumplimiento de contrato, pero se acogió parcialmente la demanda de indemnización del daño emergente, aunque se rechazó el lucro cesante por falta de prueba suficiente.

En decisión unánime, el tribunal recalificó los hechos como homicidios simples, pero concluyó que la prueba fue insuficiente para acreditar participación. También descartó el encubrimiento por tratarse de una tentativa inidónea y excluyó una declaración obtenida con vulneración de garantías. Prueba de cargo resultó insuficiente y carente de fiabilidad para formar convicción más allá de toda duda razonable.

El tribunal estableció que la Superintendencia de Educación Superior cumplió con la normativa vigente, desestimando alegatos sobre atenuantes no aplicadas, desproporcionalidad de la sanción y decaimiento del acto administrativo.

Descartó vulneraciones al debido proceso y mantuvo penas de hasta 10 años de presidio impuestas por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por delitos cometidos en Cabildo, Puente Alto y Putaendo. Reitera la jurisprudencia sobre valoración de pruebas y límites de revisión en recursos de nulidad.

Acogió el recurso de nulidad contra sentencia del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, al estimar que se aplicó erróneamente una condena de 1990 —ya prescrita conforme al artículo 104 del Código Penal— para agravar la pena accesoria. Fijó en dos años la suspensión de la licencia de conducir. Voto en contra; el legislador utilizó deliberadamente los términos “ocasión” o “evento” y no “reincidencia”, con el fin de no aplicar las reglas generales sobre reincidencia contenidas en el Código Penal, como el artículo 104, que regula la temporalidad para aumentar penas

Requerimiento cuestiona la constitucionalidad de la norma que ordena tener por no presentada la demanda si no se notifica en plazo y declara inapelable la resolución que ordena inscribir el inmueble. Se alega vulneración a la igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad.

El fallo favoreció a 1.005 docentes dependientes de la DAEM de la Municipalidad de los Ángeles, a quienes se descontaron tres días de remuneración por adherir a una paralización nacional, al estimar que la medida fue aplicada sin un procedimiento previo que permitiera verificar individualmente la inasistencia efectiva ni otorgarles la posibilidad de justificarla, vulnerando así su derecho de propiedad.

Respaldó el criterio de la Superintendencia de Educación que calificó como infracción grave la entrega incompleta de certificados bancarios para acreditar la disponibilidad total de recursos públicos, confirmando la privación del 2% de la subvención general por seis meses.

El máximo Tribunal ratificó el rechazo del reclamo presentado por la sostenedora del Liceo Mauricio Hochschild contra la Superintendencia de Educación, confirmando la rebaja de la sanción a una privación del 3% de la subvención general por un mes, aplicada por vulnerar las garantías procedimentales exigidas en la cancelación de matrícula de un estudiante.

El máximo Tribunal estimó que el Servicio Nacional de Migraciones incurrió en ilegalidad al no fundamentar adecuadamente la expulsión de un ciudadano dominicano condenado por tráfico de drogas, omitiendo analizar su arraigo familiar y la existencia de dos hijas chilenas menores de edad, circunstancia que debía ser considerada conforme al artículo 129 de la Ley de Migraciones.

Los sentenciados golpearon y amarraron a la víctima a un poste en diciembre de 2024, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico. El tribunal aplicó las atenuantes de legítima defensa incompleta e irreprochable conducta anterior, pero ordenó cumplimiento efectivo de la pena.

La sentencia rechazó las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción, afirmó la aplicación de normas de ius cogens y concluyó que los crímenes de lesa humanidad generan responsabilidad extracontractual del Estado con obligación de reparación integral

El condenado deberá cumplir la pena en forma efectiva, será incorporado al registro nacional de ADN y se ordenó el comiso y destrucción del arma utilizada en el crimen ocurrido en febrero de 2023.

El artículo analiza los posibles avances que el caso de la Corte IDH Mães de Cabo Frío contra Brasil puede generar en la lucha contra la violencia obstétrica en la región.

Concluyó que el Consejo incurrió en ultra petita al ampliar el alcance de una solicitud de acceso a información, vulnerando el principio de congruencia y el debido proceso administrativo

El tribunal rechazó recalificar el delito como homicidio calificado y estimó que no se acreditó que el acusado actuara “a traición” ni “sobre seguro”, pese a que el disparo fue por la espalda

Desestimó todas las excepciones preliminares planteadas por la inmobiliaria, pero concluyó que la acción fue presentada fuera del plazo legal de cinco años establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El acusado realizó actos idóneos y directos para apropiarse de las especies, frustrándose el delito únicamente por la intervención oportuna de Carabineros

En fallo unánime descartó que la prisión preventiva decretada contra un imputado luego absuelto por homicidio haya sido injustificadamente errónea o arbitraria, al tratarse de etapas procesales con estándares probatorios distintos

El máximo Tribunal estimó que la negativa a financiar el fármaco prescrito no fue ilegal ni arbitraria, ya que responde a una política pública sanitaria definida sobre la base de criterios técnicos y objetivos, orientada a priorizar recursos limitados y a asegurar igualdad de trato entre los pacientes. Añadió que el medicamento solicitado no está incorporado en los mecanismos legales de cobertura, que su eficacia no se encuentra validada en el país y que el riesgo vital alegado fue controvertido por la autoridad sanitaria.

Estableció que la sanción aplicada a dos estudiantes por un hecho de violencia escolar fue impuesta sin respetar el derecho a ser oídos ni una etapa previa de descargos. Revocó el fallo de la Corte de Santiago, dejó sin efecto la cancelación de matrícula y ordenó al establecimiento educacional tramitar nuevamente el procedimiento sancionatorio conforme a su reglamento interno

Sentencia estableció que el acusado disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima la madrugada del 23 de enero de 2022, basándose en prueba testimonial, pericial, documental y evidencia balística que permitió superar el estándar de la duda razonable. Disidente estimó que la prueba era insuficiente para acreditar su participación más allá de toda duda razonable. Acusación descansaba en testimonio de un testigo reservado, única prueba directa que vinculaba al acusado con los disparos, pero destacó la situación de vulnerabilidad del testigo —consumo de sustancias, privación de libertad y temo