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La gestión pendiente invocada recae en un proceso seguido ante el Juzgado de Garantía de La Serena.

La Dirección de Fiscalización elabora un plan anual y realiza fiscalizaciones periódicas a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa.

La sentencia confirma la responsabilidad de Sacyr que estableció la sentencia recurrida, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago.

El Servel sancionó a Luis Fernando Japaz Lucio y Víctor Barahona Ugarte, candidatos a alcalde y concejal respectivamente, con multa de 80 UTM a cada uno.

Se ordenó dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada.

La gestión pendiente invocada que recae en un juicio sumario de reclamación de multa emanada del 12° Juzgado Civil de Santiago.

Se acogió el recurso de nulidad laboral en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Concluye la Corte Suprema acogiendo parcialmente la reclamación deducida por Sociedad Importadora y Comercializadora Floka Limitada.

El proyecto pasó al Senado para su análisis en segundo trámite constitucional.

Mediante la Resolución Exenta N° 1715/2015 el SEA determinó que el proyecto no se encontraba obligado a ingresar al SEIA.

El máximo Tribunal acogió recurso de casación y ordenó a médico pagar 2.027,01 UF por incumplir contrato que le permitió acceder a una beca de especialización en cirugía coloproctológica.

El CPLT ordenó a la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas entregar a la requirente las comunicaciones.

La Asociación señala que al efectuar una caracterización a nivel global de la muestra se entregaron 36.342 visas temporales en el año 2011 y 142.256 en el 2015, lo que significa que casi se cuadruplicó en 5 años.

El proyecto, de ser aprobado, vendría a modificar el artículo 24 de la Carta Fundamental.

La Magistratura Constitucional procedió a suspender la gestión pendiente sólo respecto del requirente de estos autos.

Esta normativa introduce importantes cambios en la anterior regulación, ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en la que ésta debe presentarse.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad e invalidó parcialmente la sentencia dictada el 21 de diciembre pasado, por el Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu, dictando sentencia de remplazo.

El máximo Tribunal revocó la resolución dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso presentado en contra de la resolución exenta dictada por la Intendencia de la Región Metropolitana que decretó la expulsión del país de Lorenzo Spairini.

Del mérito de los antecedentes se desprende que las recurridas procedieron a publicar una deuda de hace más de cinco años, lo que resulta ilegal e improcedente.

En el fallo se establece que el despido del demandante carece de causal y ordenó a la ANFP pagar una serie de prestaciones e indemnizar por el daño moral al trabajador despedido.

La gestión invocada incide en autos de derechos humanos sobre homicidio calificado, conocido por un Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Chillán.

El fallo del máximo Tribunal establece que el cobro de un préstamo adquirido por Carmen Delbene, en 2006, es ilegal, debido a que la obligación de pago se encuentra prescrita por procedimiento judicial concluido en 2013.

El Tribunal de alzada confirma la sentencia que ordenó entregar la información solicitada por el abogado Cristián Cruz Rivera.

El recurrente denuncia que a propósito del nuevo llamado a inscripción, la Comisión Electoral no lo dejó inscribirse como candidato.

La Asociación indica que no deja de llamar la atención la escasa participación que se le asignó a los municipios en la creación de una nueva institucionalidad de protección de menores.

La gestión pendiente invocada recae en un recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema.

En esta parte número 11 y final analizaremos el modo en que la reforma laboral previó su entrada en vigencia.

Esta actividad se realizará el día jueves 16 de marzo, a las 18:30 horas, en el CEP.

La gestión pendiente invocada recae en un procedimiento de tutela laboral, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Notificada la demanda existe un plazo de 15 días para contestar, más el término adicional establecido en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.