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El tribunal acogió parcialmente la reclamación, tras estimar que la divulgación de antecedentes técnicos relacionados con el funcionamiento e ingeniería de la empresa podría afectar sus derechos comerciales, por lo que resolvió mantener en reserva parte de la información cuya entrega había sido ordenada por el Consejo para la Transparencia.

En respuesta a una consulta de la Municipalidad de La Serena, la Contraloría concluyó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla no puede acogerse a los procedimientos de liquidación regulados por la Ley N° 20.720, al estar sujeta a un régimen jurídico de derecho público. Su disolución debe realizarse conforme a sus estatutos y que el municipio deberá reasumir las funciones y el personal traspasado.

El dictamen señala que el empleador no puede considerar el descuento de remuneraciones como parte de una sanción disciplinaria, pues corresponde a una consecuencia del incumplimiento de la obligación de prestar servicios. Las sanciones se limitan a amonestaciones o multas de hasta el 25% de la remuneración diaria conforme al artículo 154 del Código del Trabajo.

Confirma pena de 80 días con beneficio y multa de 10 UTM por microtráfico al rechazar recursos de nulidad del Ministerio Público y la defensa. Valida reconocimiento de atenuante de colaboración sustancial. Descarta vulneraciones al debido proceso en allanamiento.

Prohíbe la subcontratación en actividades del giro principal de empresas estatales reguladas por la Ley de Sociedades Anónimas. Establece multa de 1.500 UTA por incumplimiento. Incluye norma transitoria para contratos vigentes. Se argumenta que esta medida homogeneizará estándares laborales y de seguridad. Reducirá la conflictividad laboral. Fortalecerá la capacitación. Resguardará el principio de igualdad en el empleo público empresarial. Garantizara relaciones laborales directas en funciones permanentes del giro principal.

Corte de Santiago confirma rechazo a demanda contra Fisco y Municipalidad por muertes en concierto de 2015. No hubo falta de servicio del Fisco ni de la Municipalidad de Santiago. Responsabilidad recae exclusivamente en el organizador del evento. El local contaba con patentes municipales vigentes. El cambio de recinto el mismo día impidió fiscalización previa. Carabineros acudió al lugar, pero fue agredido por una turba. No se probó nexo causal entre la actuación estatal y las muertes

Corte de Santiago reafirma el carácter excepcional de la apelación en el sistema procesal penal. Destaca que el rechazo de diligencias no impide la prosecución de la investigación. Enfatiza la importancia del control judicial sobre medidas que afectan derechos fundamentales.

La requirente cuestiona el artículo 394 del Código Civil, que exige la venta en pública subasta de los bienes de una persona declarada interdicta. Alega que su aplicación en el caso concreto vulnera derechos constitucionales como la dignidad, la vida y la propiedad, al retrasar la obtención de recursos necesarios para financiar cuidados médicos y generar perjuicios patrimoniales. El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite a trámite el requerimiento antes de pronunciarse sobre el fondo.

El máximo Tribunal estableció que la fundación no acreditó las condiciones mínimas de habitabilidad ni los permisos municipales requeridos para operar la residencia, configurando una infracción urbanística que pone en riesgo a sus residentes.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Copiapó y determinó que la negativa del propietario a permitir el acceso constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera el derecho de propiedad de la concesionaria sobre sus instalaciones eléctricas.

Defensa alegó ilegalidad del procedimiento por falta de fundamento objetivo en el control y registro del vehículo. Sin embargo, se validó la actuación policial por estar permitido el control vehicular sin necesidad de infracción flagrante de tránsito y por la posterior percepción de olor a marihuana, lo que constituyó un indicio suficiente para la revisión y detención y confirma prisión preventiva

Rechaza sobreseimiento y confirma que conducta podría seguir siendo delito bajo nueva ley. Defensa alegó que la conducta fue despenalizada por la Ley N°21.601, convirtiéndola en infracción administrativa. Tribunal consideró que hechos descritos (modificar con huincha aisladora) podrían configurar una alteración o falsificación y la calificación jurídica requiere prueba y debate en juicio oral.

El tribunal confirmó la legalidad de la decisión de la Dirección de Obras Municipales, al estimar que no podía autorizar la edificación mientras no existiera certeza sobre los límites del área afecta a utilidad pública del Parque Canal El Bollo, descartando además que la resolución municipal careciera de fundamento o vulnerara principios del procedimiento administrativo.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 12338/2025-CR, que propone reformar la Constitución para ampliar el plazo máximo de detención hasta 15 días en casos de extorsión y sicariato. La iniciativa, impulsada por la congresista Gladys Echaíz, busca fortalecer la persecución penal frente a la criminalidad organizada y cuenta con el respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones reales —ajustadas por inflación— aumentaron 1,4% en doce meses, con mayor incidencia en los sectores de comercio, enseñanza y construcción.

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán impuso la pena más alta del ordenamiento penal a los padres y al cuñado de la víctima, tras acreditarse su participación en abusos sexuales cometidos entre 2021 y 2023.

Extiende la exclusión de la circunstancia atenuante de arrebato u obcecación a delitos de lesiones corporales en los casos en que la víctima sea alguna de las personas que menciona el artículo 5º de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, al delito de maltrato a menores de dieciocho años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad y al delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar, fortalecer la protección penal hacia personas en situación de vulnerabilidad.

El informe consolidado N°9 de la Contraloría General de la República reveló más de 25 mil casos de funcionarios públicos que habrían incumplido reposos médicos, desatando una ola de sumarios y debate sobre la proporcionalidad de las sanciones. Sin embargo, fallos como el de la Corte de Valdivia han puesto en duda la aplicación retroactiva de criterios administrativos y la necesidad de ponderar cada caso bajo el principio del justo y racional procedimiento.

Durante dos días, Santiago fue el punto de encuentro de destacados referentes legales y tecnológicos de América Latina, quienes junto a más de 400 profesionales del derecho participaron en conferencias, paneles y talleres enfocados en los principales desafíos de la transformación digital en la industria legal de la región.

Busca ser reincorporado al padrón electoral para las elecciones del 16 de noviembre próximo. Cuestiona constitucionalidad de normas que lo inhabilitan. Vulneran el principio de legalidad y el debido proceso. Atentan contra la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Afectan el núcleo esencial de los derechos políticos, porque se lo excluyó del padrón electoral por una acusación penal que fue dejada sin efecto

El máximo Tribunal estimó que la casa de estudios no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad al negar la matrícula a una estudiante con deudas de aranceles, pues la autonomía universitaria permite condicionar la contratación de un nuevo período académico al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias pendientes.

Ratificó que el secretario municipal, al subrogar legalmente al alcalde titular tras su renuncia, estaba plenamente facultado para ejercer las atribuciones del cargo, incluida la decisión de no renovar contratas. Asimismo, precisó que no se configura confianza legítima en vínculos inferiores a cinco años.

Revocó parcialmente sentencia en alzada y condenó al Estado a pagar $31.740.000.- por concepto de lucro cesante, además de los $80 millones ya otorgados por daño moral, a favor de una víctima de prisión y torturas en los años 70 cuya condena fue anulada por la Corte Suprema. Reconoce pérdida de ingresos durante 5 años de privación de libertad injusta. Rechaza excepciones de cosa juzgada y litis pendencia alegadas por el CDE. Distingue entre indemnización por torturas y por error judicial. Calcula lucro cesante basado en el ingreso mínimo actual por 60 meses

Confirma condena de 541 días de presidio militar menor. Mantiene beneficio de remisión condicional de la pena. Desestima alegato de incompetencia del Juzgado Naval. Rechaza argumento sobre infracción a ley reguladora de la prueba. Señala que la casación no puede usarse para reexaminar hechos del proceso.

Queda a firme fallo de Corte de San Miguel que autorizó el desafuero. Establece que la discusión sobre valoración de prueba no es materia de unificación. El recurso no planteaba una verdadera cuestión de derecho. La discrepancia era sobre fundamentos, no sobre interpretación de normas. Reafirma los límites del recurso de unificación de jurisprudencia

Insultó gravemente y agredió físicamente (empujó) a superior jerárquico a bordo de la fragata Almirante Lynch. Se lo condenó a 61 días de presidio militar menor por delito de ofensas a superior, con pena sustitutiva de remisión condicional por un año. Desestimo alegato sobre falta de recepción de la causa a prueba en segunda instancia. Rechazó argumento sobre falta de voluntad por efectos de fármacos.

Confirma pago de $195 millones por saldo de precio y daño moral. Desestima alegato sobre falta de exigibilidad de las obligaciones contractuales. Recurso adolece de "manifiesta falta de fundamento"

Revocó sentencia de primera instancia. Reconoce el uso ancestral, permanente y colectivo de la vertiente Cebollar. Ordena inscribir derechos de aprovechamiento a nombre de la comunidad. Aplica perspectiva intercultural en la interpretación del Código de Aguas. Prioriza la Ley Indígena sobre disposiciones generales. Destaca el deber estatal de proteger derechos indígenas sobre aguas en sus territorios. Destacó el deber del Estado de proteger las aguas indígenas conforme a la Ley 19.253 y el Convenio 169 de la OIT.

El Ministerio Público formalizará a doce funcionarios de Gendarmería y a siete civiles por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos dentro de recintos penitenciarios en Tarapacá, Coquimbo, Biobío y La Araucanía. Penas por tráfico de drogas pueden alcanzar 15 años de presidio. Gendarmería colaboró con la investigación y reafirma su compromiso contra la corrupción interna.

El concepto de familia en Chile ha evolucionado notablemente, pasando de una visión tradicional a una más amplia e inclusiva que incorpora diversas formas de convivencia y afecto, incluyendo a las mascotas como miembros del núcleo familiar. Este cambio cultural se refleja en iniciativas legislativas como la denominada “Ley Duque”, que busca reconocer el vínculo emocional entre las personas y sus animales, otorgando un día de permiso laboral y estudiantil por duelo ante su fallecimiento. La propuesta pone sobre la mesa el desafío de adaptar el Derecho a las nuevas realidades sociales y afectiva