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El tribunal consideró que no existe norma que obligue a identificar al responsable de una publicidad emitida en televisión abierta, y descartó que la omisión de dicha información vulnere el deber de correcto funcionamiento del medio. La Corte estimó que el contenido se difundió dentro de un espacio comercial y que la sanción carece de sustento legal.

El órgano contralor objetó diversas disposiciones de la ordenanza comunal sobre construcción y urbanización, por vulnerar el principio de juridicidad al imponer requisitos sin base legal y delegar funciones resolutivas a una comisión sin competencias para ello. También rechazó exigencias como el certificado de no deuda y la aplicación de multas sin intervención judicial. El municipio deberá adecuar su normativa y respetar el marco legal previsto en la LGUC y su Ordenanza General.

La Dirección del Trabajo precisa que, en casos de licencias médicas rechazadas o reducidas, la justificación de la inasistencia laboral se mantiene vigente mientras existan recursos administrativos pendientes, garantizando el derecho a percibir subsidios hasta que la resolución sea definitiva.

Análisis de sentencias de la Corte Interamericana y tribunales de México y Colombia muestra avances y retrocesos.

De singular interés es el apartado en que se refiere a las restricciones al derecho a la reunión pacífica permitidas tanto por la CADH y el PIDCP.

Corte Interamericana aplica enfoque intercultural en defensa de pueblos indígenas de allí la importancia de conocer el nuevo paradigma jurídico que busca proteger derechos colectivos y cosmovisiones indígenas en América Latina

El ejecutado en juicio de cobro por sentencia del Tribunal de Cuentas solicitó declarar inaplicable la norma que restringe las excepciones oponibles en este tipo de ejecuciones, por considerar que vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a defensa al impedir invocar causales distintas a prescripción, pago o falta de emplazamiento.

El máximo Tribunal señaló que la revocación de un decreto alcaldicio que prorrogaba la contrata de una funcionaria solo puede realizarse mediante un procedimiento de invalidación que respete el debido proceso, lo que incluye otorgar audiencia a la afectada. Agregó que los actos administrativos que generan efectos favorables para los destinatarios solo pueden ser dejados sin efecto por razones de ilegalidad y no por motivos de mera conveniencia.

El tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento por prescripción argumentando que el plazo debía contarse desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, aplicando una norma derogada al momento de la formalización, lo que mantuvo al imputado sometido a proceso y medidas cautelares, afectando su derecho a la libertad personal.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de San Miguel y acogió el amparo tras concluir que la acción penal por cuasidelito de homicidio ya se encontraba prescrita, precisando que solo la formalización interrumpe dicho plazo, por lo que mantener vigente la persecución penal vulneraba la libertad personal de la amparada.

El dictamen reafirma que el descanso comienza a más tardar a las 21 horas del día anterior y concluye a las 6 horas del día siguiente, incluso tras reformas legales.

Revocó el fallo de la Corte de Coyhaique que había acogido el reclamo contra la expulsión de una ciudadana venezolana que ingresó por un paso no habilitado. Si bien la actora alegó arraigo familiar por su hijo menor de 15 años, el máximo Tribunal concluyó que dicho vínculo no impide la aplicación de la medida, ya que el menor también ingresó irregularmente y no ha realizado gestiones para regularizar su situación migratoria.

El dictamen desestima un reclamo por restricciones de uso y confirma que, según el marco legal vigente, el beneficio solo puede emplearse en viajes con fines académicos, reafirmando el criterio aplicado por la Subsecretaría de Transportes.

El máximo Tribunal sostuvo que la acción intentada por los comuneros tuvo por finalidad obtener el reconocimiento de su dominio proindiviso sobre el retazo de terreno en posesión de los demandados, constituyendo un acto dirigido a la conservación de la cosa común. En su calidad de comuneros, están facultados para interponer esta acción conforme a lo dispuesto en el artículo 2305, en relación con los artículos 2078 y 2081 del Código Civil.

La Corte rechazó el reclamo presentado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), que buscaba evitar la entrega de correos electrónicos intercambiados con la Federación Chilena de Tenis de Mesa. Se respaldó la decisión del Consejo para la Transparencia, al considerar que se trata de comunicaciones vinculadas al ejercicio de funciones públicas, por lo que tienen carácter público.

Red Women Labor Law Association presenta informe con diagnóstico y propuestas concretas para fortalecer la aplicación de la ley contra el acoso sexual laboral

Análisis crítico del fuero militar y propuestas para garantizar los derechos humanos en el sistema judicial castrense.

El Primer Tribunal Ambiental rechazó la demanda por daño ambiental presentada por comunidades indígenas de la Región de Tarapacá en contra de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, al concluir que no se acreditó un perjuicio efectivo al medio marino en el sector de Punta Patache.

Tras un fallo de la Corte Suprema, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) entregó al Consejo para la Transparencia (CPLT) los antecedentes sobre la ejecución de cerca de 1.000 millones de pesos transferidos por SEGPRES, destinados a programas de participación ciudadana de la disuelta Convención Constitucional.

El requerimiento fue presentado por un titular de derecho de aprovechamiento de aguas incluido en el listado de no uso, pese a tener en trámite una solicitud de traslado del punto de captación. La Magistratura concluyó que la controversia corresponde al ámbito del reclamo de ilegalidad y que la patente persigue fines legítimos. Tres ministros estuvieron por acoger, al estimar que el cobro resulta injusto ante la inacción administrativa.

Valida condena a 10 años y un día por tráfico ilícito de drogas. La Corte estimó ajustado a derecho el procedimiento policial, pues la observación directa del bolso con sustancia sospechosa permitió transformar el control preventivo en uno investigativo. La droga incautada —cocaína base, ketamina y cafeína— estaba destinada a terceros y fue hallada en poder del acusado y sus acompañantes, lo que justificó la condena.

El acusado fue condenado por haber abusado sexualmente de una menor que se encontraba bajo el cuidado personal provisorio de su cónyuge, conforme a resolución del Tribunal de Familia, situación que le otorgaba una posición de autoridad según lo dispuesto en el artículo 368 del Código Penal.

Rechaza recurso de invalidación contra sentencia que impuso 6 años de presidio por secuestro calificado de Sergio Valdovinos Pérez en 1973. Fue rechazado por deficiencias formales al invocar causales múltiples sin desarrollo argumental claro, omitir precisión respecto de los errores de derecho alegados y presentar un petitorio vago e incongruente.

Desestima recurso contra fallo que rechazó demanda por falta de servicio. Concluyó que no se acreditó nexo causal entre la hipoacusia y el servicio militar. La pericia consideró probable un origen congénito del daño auditivo, y no se probó exposición sin protección acústica.

El acusado fue sorprendido huyendo junto a otro sujeto desde un vehículo con encargo por robo, abordando otro automóvil que también registraba encargo vigente; ambos fueron detenidos tras una persecución, lo que permitió al tribunal concluir que actuaban como poseedores del móvil y que no podían menos que conocer su origen ilícito, desestimándose la tesis defensiva de un simple traslado sin dominio ni conocimiento del ilícito.

El ente contralor revisó y actualizó su postura sobre el pago de horas extraordinarias en salud municipal, aclarando que solo corresponde remunerar las horas extras realmente trabajadas, incluso en sistemas de turnos rotativos. Esta interpretación limita la compensación durante feriados, licencias médicas y permisos con goce de sueldo, enfatizando el uso responsable de recursos públicos y el respeto al principio de juridicidad.

El Ordinario N° 381 de 2025 precisa aspectos fundamentales sobre la aplicación del feriado colectivo y el feriado individual en las empresas. El documento aclara la frecuencia, la forma de notificación, la posibilidad de otorgar feriado colectivo parcial y el derecho irrenunciable del trabajador al feriado individual, buscando equilibrar las facultades del empleador con los derechos laborales establecidos por la ley.

La propuesta aclara qué resoluciones pueden ser apeladas y detalla las circunstancias en que corresponde presentar recursos ante cortes jurisdiccionales superiores.

El Segundo Tribunal Ambiental desestimó las reclamaciones de comunidades y particulares contra la aprobación del Proyecto Blanco, validando la solidez técnica de la evaluación ambiental, especialmente en lo relativo al componente hídrico y la afectación al medio humano. La sentencia concluyó que no se acreditaron ilegalidades ni omisiones significativas por parte de la autoridad evaluadora.

El ejecutado en juicio ejecutivo por cobro de pagaré reclama que nunca fue válidamente notificado, promoviendo un incidente de nulidad procesal. Afirma que la aplicación del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil vulnera el debido proceso al impedir suspender el juicio mientras se resuelve dicho incidente. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.