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El máximo Tribunal confirmó que el término anticipado de una contrata anual resulta ilegal cuando afecta a un funcionario con más de cinco años de servicios continuos, protegido por el principio de confianza legítima. Agregó que la Administración sólo puede poner fin al vínculo mediante sumario o calificación, pues lo contrario vulnera el debido proceso y el derecho a una investigación racional y justa.

El Tribunal validó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación debido a la falta de elementos esenciales en los protocolos internos del establecimiento “Rayito de Sol”, como rutas de derivación, medidas preventivas y mecanismos de seguimiento ante situaciones de riesgo.

La proliferación de tecnologías basadas en inteligencia artificial y el uso intensivo de plataformas digitales exponen a niñas, niños y adolescentes a nuevas formas de violencia, manipulación y explotación de datos. Frente a este escenario, urge una respuesta regulatoria integral con enfoque de derechos humanos que proteja a las infancias en el entorno digital.

El tribunal consideró que los documentos solicitados están protegidos por el deber de confidencialidad establecido en el Decreto Ley N° 3.538, ya que su divulgación podría afectar el orden público financiero y la eficacia fiscalizadora de la Comisión, descartando que se trate de información pública sujeta a transparencia.

Deficiencias en respaldo eléctrico, registro desactualizado y colapso de canales de atención fueron parte de los incumplimientos detectados por la SEC durante la emergencia de agosto de 2024 en la RM. Una persona falleció y más de 2.900 llamadas quedaron sin respuesta.

El ente contralor respondió a una consulta parlamentaria y estableció que, una vez entregada una solución habitacional transitoria a los afectados por los incendios forestales de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, el bono de acogida cesa, ya que su objetivo es financiar soluciones habitacionales temporales y no coexistir con ellas.

Senado aprueba en Comisión de Relaciones Exteriores proyecto de acuerdo que facilitará la movilidad entre ambos países. Permite el reconocimiento mutuo de licencias sin necesidad de exámenes adicionales. Establece un marco de cooperación y procedimientos claros para la verificación y validación de licencias.

El organismo advirtió que el uso de términos genéricos y la facultad unilateral del empleador para modificar funciones vulneran el principio de certeza legal en contratos laborales. Además, dispuso una fiscalización para investigar eventuales incumplimientos y la aplicación de la normativa sobre teletrabajo.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, aprobó de manera exprés una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y debilita principios fundamentales del sistema democrático, consolidando un giro autoritario en favor de Nayib Bukele.

El máximo Tribunal anuló la sentencia que confirmó la acogida de la excepción de cosa juzgada en una acción reivindicatoria, al concluir que no se acreditó la identidad legal necesaria, debido a la falta de singularización precisa de los inmuebles y a la ausencia de una decisión sustantiva sobre el objeto del litigio en procesos anteriores. Ordenó que el juez de primera instancia resuelva nuevamente las cuestiones de fondo.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo del recurso interpuesto contra la Municipalidad de Santiago. Sostuvo que el municipio actuó dentro de sus facultades legales y basó su decisión en razones técnicas, el orden público y la falta de respaldo vecinal. Además, indicó que el recurso perdió oportunidad al referirse a actividades ya realizadas, descartando vulneración al derecho a desarrollar actividades económicas lícitas.

La Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un precedente en litigios climáticos al reconocer la emergencia climática como una amenaza real y transfronteriza a los derechos humanos, y establece obligaciones reforzadas para los Estados y empresas en mitigación, adaptación, prevención y acceso a la justicia.

¿Qué ocurre cuando la soberanía estatal y el desarrollo económico entran en conflicto con los derechos fundamentales de pueblos en aislamiento?

La Corte de Chillán rechazó la nulidad interpuesta por la defensa y confirmó la medida de internación en recinto psiquiátrico. Aunque advirtió que el imputado, declarado inimputable, no debió declarar ni ser interrogado en juicio, validó la calificación de homicidio simple por la puñalada en el muslo que cercenó la arteria femoral de la víctima y le causó la muerte.

El fallo vulneró el principio de la sana crítica al no acreditarse el peso del vehículo como elemento esencial para exigir licencia profesional. La deficiente valoración de la prueba impidió justificar la condena, lo que llevó a anular la sentencia y el juicio oral, ordenando la realización de uno nuevo ante tribunal no inhabilitado.

Reduce condena al reconocer cooperación eficaz del condenado en el esclarecimiento de los hechos y la detención de coimputados. Error de derecho al omitir aplicación del artículo 228 bis A del Código Procesal Penal influyó sustancialmente en la sanción impuesta, lo que justificó acoger la nulidad y rebajar la condena.

Confirma decisión que ordenó a la SMA recalificar la gravedad de una infracción ambiental. Rechazó que la sentencia fuera ultra petita o contradictoria, y descartó que se hubiesen infringido las reglas de la sana crítica. En relación con la casación en el fondo, advirtió que los recurrentes intentaron revalorar hechos y pruebas del proceso, lo que excede el objeto del recurso. La calificación jurídica y la valoración probatoria corresponden privativamente a los jueces del fondo.

La multa de 51 UTM impuesta a la Municipalidad de Chillán surge tras denuncia de una apoderada por maltrato entre estudiantes, confirmándose que el establecimiento no aplicó adecuadamente los protocolos de accidente escolar y agresión entre pares, al no asistir oportunamente a la alumna afectada, no trasladarla de inmediato al hospital, ni informar a la apoderada, ni activar el seguro escolar de manera expedita.

El dictamen concluye que no existió conflicto de intereses en la participación del Subsecretario de Telecomunicaciones y del exjefe de la División de Fiscalización en un congreso organizado por la GSMA en Shanghái, financiado por la misma entidad. La asistencia se enmarcó en funciones públicas legítimas y la invitación no afectó la imparcialidad de los funcionarios.

El organismo recordó que el proceso calificatorio del personal regido por la Ley N° 19.378 es obligatorio y debe realizarse dentro del plazo legal, sin que situaciones como la emergencia sanitaria autoricen su omisión. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar denuncias ante la Dirección.

El Municipio adjudicó la licitación asignando erróneamente un puntaje inferior en el criterio de descentralización. El tribunal determinó que bastaba que uno de sus integrantes de la UTP tuviera domicilio en la comuna para obtener el puntaje máximo.

El fallo judicial sobre un caso de valores bursátiles contenía múltiples imprecisiones que alertaron a los abogados, reabriendo el debate sobre el uso no controlado de inteligencia artificial en los tribunales.

La Magistratura rechazó por unanimidad un requerimiento que impugnó la norma del Estatuto Docente que obliga al pago de una indemnización adicional a profesores despedidos fuera del plazo legal. Reafirmó la justificación de un trato diferenciado hacia los docentes, ya que responde a la necesidad de proteger la continuidad del proceso educativo y la especial situación laboral del gremio.

Confirma fallo de la Corte de Chillán que protege a una mujer en situación de discapacidad, tras determinar que la retención prolongada de sus fondos y el cierre de sus productos bancarios fue ilegal y arbitraria, y contrario a su derecho de propiedad y al debido proceso.

Revocó la decisión de la Corte de Rancagua al estimar que Gendarmería impuso arbitrariamente una limitación de visitas sin justificar su necesidad, afectando la dignidad del interno y endureciendo injustificadamente sus condiciones de reclusión.

El requirente cuestiona la constitucionalidad del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, alegando que al limitar las excepciones oponibles en el cumplimiento incidental de sentencia —sin contemplar la incompetencia del tribunal— vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Gendarmería actuó dentro de sus facultades al denegar el traslado, considerando el alto compromiso delictual del interno y la falta de infraestructura adecuada en los recintos solicitados, señala el fallo.

No resulta correcto considerar que el acuerdo del Concejo Municipal pueda ser impugnado directamente, al tratarse de una etapa dentro del procedimiento de licitación cuya decisión final corresponde al Alcalde mediante decreto.

Sostuvo que la nota de crédito emitida por el proveedor, luego de ceder la factura al factoring, es inoponible al cesionario cuando la factura ha sido irrevocablemente aceptada, desestimando así la excepción de nulidad fundada en dicha nota y reafirmando la protección legal al crédito circulante.

El ente contralor concluyó que, pese a los avances registrados, la tardanza en el procedimiento iniciado en 2020 carece de justificación suficiente. Ordenó al Ministerio del Medio Ambiente dictar una resolución final y evaluar eventuales responsabilidades administrativas.