Acciones de Amparo y Protección

Comisión excluyó al interno por supuesta reincidencia, aplicando el artículo 17 letra g) de la Ley N°19.856. Sin embargo, la Corte constató que en la sentencia se le reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior, descartando dicha condición. Determinó que la exclusión carecía de fundamento legal y vulneraba la libertad personal.

Se realizó la audiencia para debatir el monto de la caución, cumpliendo con el artículo 146 del Código. El juez consideró que $1.000.000 propuesto por la defensa no era suficiente para garantizar la comparecencia del imputado. La la determinación del monto de la caución es una facultad del tribunal y no una obligación legal. Ante la insuficiencia de la caución ofrecida no hay ilegalidad en mantener la prisión preventiva por peligro de fuga. No hubo vulneración al debido proceso, ya que se realizó la audiencia y se tomó una decisión fundamentada. No corresponde revisar la razonabilidad de la de

Decisión fue tomada por autoridad competente y dentro de sus facultades legales y no existe vulneración ilegítima a la libertad del imputado. Enfatizó el carácter extraordinario del recurso de amparo, distinguiéndolo de otros mecanismos de impugnación.

Ordena a la compañía eléctrica abstenerse de cortar el suministro y refacturar según instrucciones de la SEC. Consideró ilegal y arbitraria la amenaza de corte basada en facturas que incluían montos rechazados por la SEC. Enfatizó que CGE debe cumplir con las resoluciones de la SEC mientras estén vigentes.

Resolución impugnada "deviene en ilegal por ausencia de suficiente fundamentación y motivación". Es necesario que las resoluciones sobre prisión preventiva aborden argumentos de la defensa y expliquen por qué no fueron suficientes para desvirtuarla. El tribunal ad quem no relacionó los requisitos del artículo 140 del CPP con la participación concreta del imputado. No se consideraron adecuadamente factores como la irreprochable conducta anterior del imputado y la calificación jurídica alternativa propuesta por la defensa.

La Universidad de Chile recurrió de protección para impugnar un oficio de la Fiscalía Nacional Económica que le ordenó entregar datos personales de estudiantes, en el marco de un estudio de mercado sobre educación superior. Se descartó la existencia de ilegalidad o vulneración de derechos, al considerar que la FNE actuó dentro de sus atribuciones legales y que la entrega de la información está permitida por la normativa vigente

Se confirmó la sanción impuesta por el Instituto Marianista de Linares a dos estudiantes involucrados en una agresión física contra un alumno de octavo básico, ocurrida dentro del establecimiento. Se constató la gravedad de los hechos y la ausencia de un cambio de conducta, lo que justificó la cancelación de matrícula para proteger la seguridad de la comunidad

Se desestimó la acción presentada por la comunidad “Los Luchadores”, compuesta principalmente por familias migrantes vulnerables, que fue objeto de una orden de desalojo administrativo. El tribunal respaldó la actuación de la Delegación Presidencial Provincial, que ordenó el desalojo para proteger terrenos estatales y permitir la ejecución de un proyecto habitacional que beneficiará a 256 familias vulnerables

Amparo no es la vía para impugnar resolución emanada de un juez competente para resolver el planteamiento de la defensa. La resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación. Presentación de querella contra persona determinada suspende prescripción de la acción penal conforme al artículo 96 del Código Penal. Investigación no está agotada al existir pesquisas pendientes

Acoge recurso de amparo y revoca decisión de Comisión de Libertad Condicional. Reconoce que condenado cumplía con el tiempo mínimo requerido según el D.L. N°321 vigente al momento del delito. Valoró positivamente el informe psicosocial que acreditaba avances en el proceso de reinserción. Consideró que interno presentaba un riesgo muy bajo de reincidencia y contaba con apoyo familiar.

Respaldó el actuar de la Universidad de Magallanes, al concluir que el procedimiento sancionatorio se ajustó a derecho, fue debidamente motivado y no vulneró garantías constitucionales del estudiante, pese a su diagnóstico de salud mental. Las conductas sancionadas —como agresiones verbales, incumplimiento de normas sanitarias, amenazas a compañeros y malos tratos a funcionarios— fueron reiteradas, graves y acreditadas

El máximo Tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de Temuco, que acogió la acción cautelar interpuesta por la instalación arbitraria de un cerco que bloquea una servidumbre de tránsito legalmente constituida, reafirmando el derecho de propiedad y que nadie puede impedir el uso legítimo de una servidumbre sin resolución judicial

La Corte Suprema confirmó el rechazo de nueve licencias médicas, extendidas por 152 días, al concluir que la SUSESO y la COMPIN actuaron dentro de sus atribuciones y fundamentaron la decisión en la falta de justificación técnica y médica para prolongar el reposo

Revoca fallo de Corte de Concepción. Estableció que el predio estaba parcialmente ocupado sin consentimiento de los dueños. Confirmó tala ilegal de árboles y otras actividades sin permiso de los propietarios. Los ocupantes tienen 6 meses para abandonar el predio voluntariamente. En caso de incumplimiento, autoriza el desalojo forzoso con apoyo de Carabineros.

El máximo tribunal confirmó que la negativa del Concejo Municipal a renovar la patente de alcoholes se fundó en antecedentes objetivos, como denuncias vecinales, informes de Carabineros y fiscalizaciones sanitarias

Revoca decisión del Juzgado de Garantía de San Antonio. No procede supeditar declarar la prescripción de la pena a la ejecución de otras exigencias distintas a los requisitos legales.

La interna cumplió su condena el 13 de mayo de 2025 gracias a una rebaja de 11 meses por buena conducta. Gendarmería envió los antecedentes a la SEREMI el 10 de junio de 2025. La SEREMI no remitió la documentación a la Unidad de Reducción de Condenas, impidiendo la emisión del decreto correspondiente. La Corte consideró que la demora es "ilegal" y que la interna está "privada de libertad sin una causa legal que lo justifique".

El tribunal confirmó que la medida disciplinaria fue adoptada conforme al reglamento del establecimiento, tras acreditarse que el alumno incurrió en reiteradas conductas graves, incluyendo porte de armas cortopunzantes, hostigamiento en redes sociales, agresiones físicas y la introducción de una sustancia en el alimento de un compañero

Se desestimó la acción contra Radio Bio-Bio y un periodista por un reportaje basado en información pública sobre un proceso judicial. El tribunal confirmó que el derecho a la libertad de expresión y a informar sobre asuntos de interés público prevalece cuando se actúa con diligencia y sin efectuar afirmaciones categóricas, y que existen mecanismos legales específicos para corregir eventuales abusos en la difusión de información

Al tratarse de un imputado adolescente, resultaba aplicable la Ley N°20.084, cuyo régimen especial fija un plazo de prescripción de dos años para simples delitos, el cual se encontraba largamente cumplido. Declaró ilegal mantenerlo vinculado a un proceso penal ya prescrito. La formalización se realizó más de 6 años después de los hechos. Se decretó el sobreseimiento definitivo por prescripción de acción penal.

La causa penal invocada por la autoridad concluyó mediante sentencia definitiva que condenó al amparado por el delito de uso malicioso de instrumento público, pena que se tuvo por cumplida atendido el tiempo que permaneció privado de libertad. No existen impedimentos legales vigentes para la emisión del documento. La negativa de las autoridades excedió sus competencias legales.

La instalación unilateral de un cerco que invade la propiedad de la recurrente, sin resolución judicial ni consentimiento de la afectada, constituye una perturbación arbitraria al derecho de propiedad y vulnera el debido proceso. Si bien se reconoció que existen disputas sobre los límites, la vía para resolverlas es la justicia ordinaria

Revoca fallo de Corte de Punta Arenas al determinar que la negativa de la alcaldesa a cumplir el acuerdo del Concejo Municipal para remover a la administradora municipal fue ilegal y arbitraria. El voto de la alcaldesa no debe contabilizarse para el quórum necesario en la remoción del administrador municipal. La interpretación de la alcaldesa sobre el quórum requerido es incorrecta y vulnera los derechos de los concejales.

Confirma fallo que ordena a MetLife Chile cumplir con cobertura de póliza colectiva. Negativa de la aseguradora a pagar el beneficio pactado fue arbitraria e ilegal, al interpretar erróneamente que la cobertura por enfermedad grave requería de un origen accidental, desconociendo el tenor literal del contrato.

La Corte Suprema confirmó que las acciones del socio recurrido, que incluyeron cambiar cerraduras y bloquear accesos, constituyen vías de hecho prohibidas que vulneran los derechos societarios del recurrente. Las controversias empresariales deben resolverse mediante procesos judiciales y no mediante actos de autotutela que alteren el normal funcionamiento de la sociedad

La Corte constató contradicciones entre los informes de la Policía de Investigaciones y del Servicio Nacional de Migraciones, además de la falta de entrega de documentos clave para el inicio del procedimiento sancionatorio

Avala legalidad del proceso administrativo. El SAG actuó conforme a la ley, respetando el Estatuto Administrativo y la Ley N°19.880. Constató que la exfuncionaria tuvo oportunidad de ejercer su derecho a defensa en todas las etapas del proceso. No encontró demora injustificada en los plazos, y la resolución de destitución fue considerada suficientemente fundamentada. No se observó indicios de discriminación de género en el procedimiento. Destitución cumplió con los requisitos legales y no vulneró derechos constitucionales.

El máximo Tribunal revocó la decisión que obligaba al sistema público de salud a otorgar cobertura al fármaco Risdiplam, tras concluir que la menor no se encuentra en riesgo vital, el medicamento no está aprobado por el Ministerio de Salud y su financiamiento comprometería decisiones propias de políticas públicas

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección interpuesto por un subarrendatario, tras constatar que el arrendador procedió al cierre unilateral del local arrendado y sin recurrir a los mecanismos legales establecidos para poner término al contrato, configurando una vía de hecho contraria al debido proceso. Se ordenó mantener abierto el local comercial, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes

Reafirma facultades fiscalizadoras del SII. Actuó dentro de sus facultades legales de control y fiscalización. No se vulneraron las garantías constitucionales de la empresa. La limitación impuesta es temporal y se enmarca en las potestades legales del SII.