Acciones de Amparo y Protección

La Corte reprochó al banco no haber restituido los fondos pese a que la usuaria cumplió con los requisitos legales, señalando que debió devolver el dinero y, solo después, acreditar en juicio la eventual culpa grave o solicitar al juez la suspensión del reintegro, lo que no hizo; su actuación fue calificada como ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho de propiedad de la recurrente

Revoca fallo de la Corte de Apelaciones exigiendo acción inmediata a autoridades locales y regionales al constatar múltiples y graves deficiencias sanitarias en varios recintos de atención primaria de La Serena, lo que vulnera el derecho a la vida e integridad física de usuarios y funcionarios tras hallazgos de salas clausuradas, equipos oxidados, filtraciones, hongos y presencia de ratas, y emplaza a autoridades sanitarias y municipales por abandono y falta de coordinación en la red de salud primaria.

La Corte respaldó la decisión del municipio y del Juzgado de Policía Local de denegar la renovación de la licencia por falta de idoneidad moral, fundada en condenas previas por conducción en estado de ebriedad, y concluyó que no existe un derecho indubitado que habilite acoger la acción constitucional

Los estudiantes acosaron y agredieron físicamente a otro alumno durante una clase, lo que motivó la aplicación del procedimiento “Aula Segura” conforme a la Ley N° 21.128 y el Manual de Convivencia, debido a la gravedad de las conductas descritas, como golpes, humillaciones y agresiones que afectaron la integridad de la víctima y la convivencia escolar

La decisión del Servicio Nacional de Migraciones infringió el principio de reunificación familiar, al disponer la expulsión de la madre de una niña chilena de un año y seis meses, pese a que el rechazo se fundó en el no pago de una multa por residencia irregular

Concluyó que el Consejo incurrió en ilegalidad al denegar la apelación, la cual cuestiona la decisión de la CNA que otorgó seis años de acreditación en lugar de los siete solicitados, interpretación que contraviene el marco normativo vigente

El recurrente fue excluido del proceso de regularización por contar con condenas por tráfico de drogas en Colombia; la Corte estimó que la autoridad actuó conforme a derecho y descartó vulneración de garantías

Acoge recurso de protección contra fintech y bancos por retención ilegal de fondos.

La recurrente fue excluida de postular a un subsidio habitacional porque su difunto esposo había sido beneficiario en 2004, antes de su matrimonio. El SERVIU argumentó que su decisión se basó en una aplicación objetiva del artículo 17 del D.S. N° 1/2011 del MINVU. La Corte de Temuco consideró que la actuación del SERVIU se ajustó a la normativa vigente y no fue ilegal ni arbitraria. Se determinó que no corresponde a la justicia revisar la legalidad de normas de aplicación general ni realizar interpretaciones distintas a su tenor literal.

El arrendatario denunció la expulsión ilegal de 100 vacas lecheras y el cierre no autorizado del acceso al predio. El contrato de arriendo está vigente hasta 2026, pese a cambios de propietario. Recurridos alegaron deudas de arriendo y daños al predio, pero actuaron sin autorización judicial. Corte Suprema ordenó restituir acceso a terreno y ganado expulsado ilegalmente. La acción constituye vías de hecho que importa una vulneración al derecho de propiedad del recurrente, en lo que respecta a la normal ejecución del contrato de arriendo.

Valida decisión administrativa de reubicar a interna por descongestión y perfil criminógeno. Reconoce facultad de Gendarmería para reubicar internos. Actuó dentro de sus atribuciones legales, justificando la medida en razones de descongestión del penal de origen —unidad concesionada con capacidad limitada por licitación—, condiciones de habitabilidad y conducta inestable e inadecuada de la interna

Legalidad del decreto municipal debe revisarse en un juicio de lato conocimiento. No se constató la existencia de un derecho preexistente e indiscutido, dado que los recurrentes no acreditaron propiedad sobre el terreno. En contra de lo resuelto se dedujo recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

Revoca fallo de la Corte de Talca al considerar que la municipalidad actuó conforme a derecho al iniciar un procedimiento de invalidación para subsanar vicios formales. Su actuación se enmarcó en las facultades previstas en la Ley N°19.880.

La recurrente denunció la existencia de un vertedero ilegal que afecta su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La recurrida negó los hechos, pero la evidencia audiovisual demostró el depósito arbitrario e ilegal de residuos. La Corte de Santiago consideró que, aunque no se acreditó vulneración al derecho de propiedad de la arrendataria, sí existe una clara afectación al medio ambiente. Se ordenó a la recurrida retirar los escombros y basura, y abstenerse de continuar arrojando residuos en el inmueble. Decisión se confirmó por la Corte Suprema.

La recurrente impugnó la decisión que le impide ser cotitular en solicitudes de excavación arqueológica debido a su cargo en el CMN. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural argumentó que existe una incompatibilidad legal basada en el artículo 56 de la Ley N° 18.575. La Corte de Santiago consideró que la exclusión no es ilegal ni arbitraria, ya que se basa en una norma legal clara y aplicable. Se determinó que la incompatibilidad afecta incluso a quienes ejercen funciones públicas ad honorem.

Tardar más de dos años en tramitar la solicitud de nacionalización constituye una dilación injustificada que vulnera principios administrativos y la igualdad ante la ley. Se otorgó un plazo de 60 días hábiles para avanzar en el proceso. El voto en contra refiere que la solicitud de nacionalización encuentra actualmente en tramitación ante la autoridad administrativa competente, proceso que requiere la recopilación de antecedentes para emitir un pronunciamiento fundado, resultando por ello razonable el tiempo transcurrido.

Impedir que acceda a la libertad completa a condenada a presidio perpetuo simple es ilegal si ha cumplido satisfactoriamente mas de 10 años bajo libertad condicional. No existe prohibición para su aplicación a penas de presidio perpetuo simple. Mantener indefinidamente el control estatal sobre una persona que ha cumplido con el fin resocializador de la pena vulnera la libertad personal y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

No hubo ilegalidad ni arbitrariedad al formalizar por el delito de huir del lugar del accidente. La formalización es una facultad privativa del Ministerio Público. La investigación aún estaba vigente al momento de la nueva formalización. La defensa no utilizó los mecanismos legales disponibles para cerrar la investigación. No hubo vulneración al derecho a defensa ni a la libertad personal del imputado.

Se removieron cercos y construcciones incipientes, no viviendas establecidas. Se confirmó la calidad de ocupantes ilegales de los recurrentes. No se encontró evidencia de un cementerio ancestral en la zona afectada.

Descartó vulneración de derechos fundamentales y reafirmó que el recurso de protección no es la vía idónea para controvertir el mérito de actuaciones administrativas.

El fallo, dictado con voto en contra, corrigió el criterio de la Corte de Apelaciones y precisó que los stents no reemplazan órganos ni miembros, por lo que deben ser considerados insumos clínicos cubiertos, descartando una negativa arbitraria por parte de la clínica.

La clienta sufrió la sustracción de 35 UF de su Cuenta RUT tras una llamada telefónica fraudulenta. Cumplió con todos los requisitos legales para solicitar la restitución, incluyendo la denuncia y declaración jurada. BancoEstado rechazó la solicitud, argumentando negligencia de la clienta. La Corte consideró ilegal y arbitraria la negativa del banco, por desconocer el procedimiento de la Ley N° 20.009. Se ordenó al banco restituir los fondos y pagar las costas del juicio.

El artículo 12 de la Ley 21.325 establece el principio pro homine, por el cual los derechos que reconoce esa ley serán interpretados según la norma más amplia o extensiva y, por el contrario, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la norma más amplia o extensiva.

Error en la valoración de antecedentes penales lleva a la Corte a acoger recurso de amparo y otorgar reclusión parcial domiciliaria. Se consideró erróneamente una condena posterior a los hechos juzgados como antecedente para denegar la pena sustitutiva. La falta de fundamentación adecuada en una resolución judicial puede ser motivo de amparo, especialmente cuando afecta la libertad personal

Si la privación de libertad temporal tuvo su justificación en un proceso judicial seguido por un hecho concreto, resulta adecuado que dicho tiempo de privación sea reconocido como parte de la condena finalmente impuesta, no pudiendo quedar sujeto su reconocimiento a un evento futuro e incierto.

Revoca decisión de trasladar a módulo común penitenciario a persona con presunta inimputabilidad, aun si el imputado se encuentra compensado. Si se teme pueda encontrarse en la situación del artículo 10 número 1 del Código Penal, debe cumplir las medidas decretadas a su respecto en un lugar especialmente destinado al efecto, lo que no se verifica en la especie.

Ordena reevaluar solicitud de permanencia transitoria tras reconocimiento de equivocación en cálculo de fondos. Competencia de la Corte se mantiene pese a que la amparada es ciudadana extranjera y reside en el exterior, por estar domiciliados en su jurisdicción los abogados patrocinantes.

Concluye que la negativa del establecimiento a disponer de personal capacitado para asistir al menor constituye una vulneración a su derecho a la salud, integridad física y a la inclusión escolar.

Si bien el procedimiento administrativo ha excedido el plazo de seis meses que establece el artículo 27 de la Ley N°19.880, ello no basta para acoger el recurso. No existe acto arbitrario o ilegal en la extensión de más de dos años del procedimiento sumarial, dada la complejidad de la materia investigada y la falta de afectación sustancial a los derechos del recurrente.

Fallo ordena cerrar investigación y pronunciarse sobre medidas cautelares en caso amparado por Ley Karin.