Acciones de Amparo y Protección

El máximo Tribunal estimó que negar el abono del tiempo de privación de libertad cumplido en una causa distinta implicaba mantener una injusticia derivada de un exceso en el ius puniendi del Estado, obligando al afectado a iniciar un sumario de indemnización, lo que vulnera el principio de interpretación restrictiva de la ley penal y el derecho a la libertad personal.

La Corte determinó que la autoridad migratoria archivó indebidamente las solicitudes de residencia temporal de los menores, pese a que presentaron certificados de nacimiento y explicaron la imposibilidad de obtener pasaportes o DNI debido al cierre del consulado venezolano, vulnerando el interés superior del niño y su derecho a la libertad personal.

El máximo Tribunal confirmó que las publicaciones realizadas por la exarrendataria, que incluyeron insultos, memes y llamados a boicotear el negocio de la recurrente, constituyen una forma ilegítima de hacerse justicia por vías de hecho, vulnerando el derecho a la honra y vida privada.

El máximo Tribunal confirmó que la decisión unilateral de cerrar la cuenta, comunicada sin una motivación concreta, constituye una afectación ilegítima al derecho de propiedad del cliente, obligando a la entidad bancaria a fundamentar debidamente cualquier eventual cierre.

La Corte considera que la Municipalidad de Chillán actuó conforme a instrucciones de Contraloría y respetando la prohibición constitucional de huelga para funcionarios municipales.

La imparcialidad judicial es "El modo de posicionarse frente al conflicto objeto del proceso y a la pretensión de las partes, de manera que sea equidistante de las mismas y distante del conflicto, a fin de poder analizar y concluir con prudente objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de dictar la sentencia."

El máximo Tribunal confirmó que la sanción impuesta por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota careció de fundamento fáctico y jurídico, pues no se acreditó que el funcionario haya actuado con intención de perjudicar a terceros. Por el contrario, su conducta fue considerada parte de su deber funcionarial de denunciar posibles irregularidades.

El máximo Tribunal señaló que la revocación de un decreto alcaldicio que prorrogaba la contrata de una funcionaria solo puede realizarse mediante un procedimiento de invalidación que respete el debido proceso, lo que incluye otorgar audiencia a la afectada. Agregó que los actos administrativos que generan efectos favorables para los destinatarios solo pueden ser dejados sin efecto por razones de ilegalidad y no por motivos de mera conveniencia.

El tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento por prescripción argumentando que el plazo debía contarse desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, aplicando una norma derogada al momento de la formalización, lo que mantuvo al imputado sometido a proceso y medidas cautelares, afectando su derecho a la libertad personal.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de San Miguel y acogió el amparo tras concluir que la acción penal por cuasidelito de homicidio ya se encontraba prescrita, precisando que solo la formalización interrumpe dicho plazo, por lo que mantener vigente la persecución penal vulneraba la libertad personal de la amparada.

El máximo Tribunal confirmó que el término anticipado de una contrata anual resulta ilegal cuando afecta a un funcionario con más de cinco años de servicios continuos, protegido por el principio de confianza legítima. Agregó que la Administración sólo puede poner fin al vínculo mediante sumario o calificación, pues lo contrario vulnera el debido proceso y el derecho a una investigación racional y justa.

Confirma fallo de la Corte de Chillán que protege a una mujer en situación de discapacidad, tras determinar que la retención prolongada de sus fondos y el cierre de sus productos bancarios fue ilegal y arbitraria, y contrario a su derecho de propiedad y al debido proceso.

Revocó la decisión de la Corte de Rancagua al estimar que Gendarmería impuso arbitrariamente una limitación de visitas sin justificar su necesidad, afectando la dignidad del interno y endureciendo injustificadamente sus condiciones de reclusión.

Gendarmería actuó dentro de sus facultades al denegar el traslado, considerando el alto compromiso delictual del interno y la falta de infraestructura adecuada en los recintos solicitados, señala el fallo.

Se constató que el Registro Civil actuó fuera del marco legal al rechazar la solicitud. La negativa a iniciar el procedimiento de inscripción por testigos se fundó en requisitos no exigidos por la normativa vigente, vulnerando el principio de legalidad, el derecho a la identidad del niño y la igualdad ante la ley. Se ordenó dar tramitación a la solicitud conforme al procedimiento establecido.

El máximo Tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por una fundación en favor de una trabajadora, al constatar que la Comisión Médica Central modificó su calificación de invalidez sin realizar nuevos exámenes ni justificar el cambio de criterio, lo que vulneró la igualdad ante la ley y los principios de racionalidad e imparcialidad administrativa.

El máximo Tribunal ratificó que la negativa a suministrar el medicamento risdiplam, indicado para tratar la atrofia muscular espinal tipo 1, vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la menor, y ordenó a los órganos recurridos adoptar las medidas necesarias para su entrega.

La Corte de Temuco resolvió que el Instituto de Previsión Social actuó de forma ilegal y arbitraria al trasladar a un funcionario sin dictar resolución fundada ni motivar la medida, afectando sus derechos fundamentales y ordena restablecer la situación anterior.

El interno fue incluido en el acta de la Comisión de Reducción de Condena y contaba con los requisitos para acceder al beneficio, pero la autoridad no dictó el decreto correspondiente en el plazo debido, manteniéndolo privado de libertad de forma arbitraria y vulnerando su derecho a la libertad personal y a la seguridad jurídica.

El máximo Tribunal ratificó el rechazo del recurso de protección presentado por la autoridad edilicia contra la Ministra de la Mujer, tras declaraciones públicas sobre un proceso penal en curso. El fallo sostuvo que las expresiones están amparadas por la libertad de expresión y que el recurso no es idóneo para censurar opiniones institucionales sobre procedimientos judiciales en desarrollo.

Registro Civil negó pasaporte por antigua causa judicial, pero la Corte constató ausencia de condena y prescripción de los hechos, declarando que la negativa carecía de fundamento legal y vulneraba la libertad personal del pensionado.

Declara ilegal resolución del Servicio Nacional de Migraciones por falta de debido emplazamiento y amenaza a la libertad personal y ordena al Servicio Nacional de Migraciones notificar estado del proceso.

La Corte ordenó la aplicación de la Terapia Electroconvulsiva a un menor que padece de un grave trastorno mental, al considerar injustificada la negativa de su madre a autorizar el tratamiento. Sostuvo que, dada la gravedad del cuadro clínico, prevalece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por sobre la libertad de conciencia. La decisión fue apelada y será revisada por la Corte Suprema.

El máximo Tribunal confirmó el fallo en alzada que calificó de arbitraria la negativa a costear el medicamento bevacizumab (Avastin), prescrito por el equipo médico tratante como esencial para la sobrevida de un adolescente de 15 años con un tumor cerebral de alto grado. La Corte sostuvo que las razones administrativas o presupuestarias no pueden prevalecer cuando está en riesgo el derecho a la vida.

El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por una paciente con cáncer cervicouterino avanzado, tras establecer que la negativa de las autoridades a suministrar el medicamento Pembrolizumab por razones administrativas y económicas constituye un acto arbitrario que amenaza su derecho a la vida.

Reafirmó que las autoridades deben justificar adecuadamente sus decisiones al negar audiencias bajo la Ley de Lobby y que el recurso de protección es una vía idónea para impugnar este tipo de actos administrativos cuando vulneran derechos fundamentales.

Ordena eliminar publicaciones en Facebook que difundieron cédula de identidad con expresiones injuriosas. Publicación constituye una forma ilegítima de "hacerse justicia por vías de hecho". Vulnera el derecho a la honra, vida privada y protección de datos personales. No es un medio idóneo para resolver conflictos civiles o establecer responsabilidades.

Decisión fue adoptada por tribunal competente y debidamente fundada, sin que se advierta vulneración a la libertad personal del imputado. La Corte recalcó el carácter excepcional del recurso de amparo y precisó que no corresponde utilizarlo para revisar los antecedentes de la investigación.

El máximo Tribunal confirmó que la omisión del Servicio, al no pronunciarse en más de un año y medio sobre la solicitud de nacionalización de una ciudadana boliviana, vulneró el derecho a la igualdad y el principio de celeridad administrativa.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que sostuvo que la difusión de la sesión en YouTube se ajustó a la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la publicidad de las sesiones, y que las declaraciones del funcionario son de su exclusiva responsabilidad, no atribuibles al municipio ni al concejo.