Acciones de Amparo y Protección

El recurrido modificó unilateralmente el cerco que delimitaba la servidumbre de tránsito, lo que constituye un acto de autotutela arbitrario y que vulneró el derecho de propiedad del recurrente

La Municipalidad de San Pedro de La Paz reconoció el cumplimiento de los requisitos legales por parte del recurrente, pero Tesorería negó el beneficio de forma arbitraria, vulnerando el principio de igualdad ante la ley

La negativa del hospital no se ajustó a la normativa vigente, ya que el niño fue derivado desde el establecimiento educacional tras sufrir un episodio convulsivo, acompañado del formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, cumpliendo con los requisitos exigidos por el reglamento

El máximo Tribunal recordó que la Ley N°20.009 protege a usuarios afectados por fraudes, incluyendo engaños como el “cuento del tío”, sin exigir vulneración del sistema bancario; el banco incumplió esta norma al negar la restitución de fondos reclamados dentro del límite legal

El máximo Tribunal razonó que, aunque el TDAH puede explicar ciertas conductas graves, el estudiante debe cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que protege a toda la comunidad educativa

La Corte ordenó que se permita el retiro las especies que se encuentren al interior del inmueble arrendado, respecto de las cuales el actor acredite su propiedad

Encontrándose en peligro la seguridad individual del amparado y contando con informe de factibilidad de traslado hacia una unidad penal respecto de la cual éste ha manifestado preferencia procede su traslado.

La reiteración de fallas en los sistemas de señalización constituye una amenaza grave para la seguridad de los usuarios y justifica la adopción de medidas urgentes por parte de la empresa

Aunque la Ley N°18.216 no exige expresamente la comparecencia del imputado como requisito de validez para la audiencia de revocación de una pena sustitutiva, del artículo 28 se desprende que la intención del legislador es que dicha comparecencia se produzca, reconociendo además el derecho del imputado a ser asistido por un defensor.

La Ley 19.856 concede un beneficio y no establece un derecho en favor del condenado, por lo que no cabe hablar más que de una mera expectativa sujeta al cumplimiento de los presupuestos consagrados en la legislación vigente al tiempo en que ésta debe operar.

Fallo que acoge recurso de amparo establece que tribunales deben aplicar directamente el artículo 38, inciso 3°, de la ley 18.216 para eliminar antecedentes penales, sin remitir a trámite administrativo. Prevalece la ley sobre el Decreto Supremo N°64 de 1960, norma reglamentaria de inferior jerarquía. Amparado no se encuentra en ninguna de las hipótesis del artículo 21 de la Constitución, dado que no está detenido, arrestado ni preso, ni sufre una amenaza actual a su libertad personal o seguridad individual, refiere el voto en contra

Atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento.

Revoca fallo de Corte de Arica y acoge recurso de protección. Reconoce la aplicación del principio de confianza legítima tras cinco años de servicio a contrata. Refuerza la exigencia de motivación suficiente en actos administrativos, incluso tratándose de potestades discrecionales. Establece que la no renovación vulneró el derecho a la igualdad ante la ley.

Aboga por la interpretación amplia del recurso de amparo para proteger derechos fundamentales. Pone de relieve la importancia del principio de legalidad en medidas restrictivas de libertad y en la obligación de fundamentar adecuadamente las resoluciones judiciales. Crítica la falta de claridad sobre la calidad procesal de los afectados. Anula las medidas intrusivas por carecer de sustento fáctico y jurídico.

Sin perjuicio de lo resuelto, se instó al municipio a reforzar y dar continuidad a las medidas de mitigación que ya han sido adoptadas, debiendo comunicarlas a los vecinos del sector, a través de las Juntas de Vecinos

La negativa a cubrir la atención de urgencia, pese a que la paciente se retiró voluntariamente de un centro previo sin alta médica, fue ilegal, dado que el cuadro clínico persistió como emergencia médica, generando una deuda de $18.934.629.-, que vulnera su derecho de propiedad.

El acto de reformalización tiene la aptitud de restringir o afectar las garantías fundamentales del imputado, máxime si se tiene en vista que, como aconteció en la especie, no solo tuvo por objeto precisar los hechos de la formalización, sino que derechamente modificó de manera sustancial el sustento fáctico de la imputación, a fin de ampliar la calificación jurídica determinada por la fiscalía

¿En qué categoría se encasilla a la amparada? ¿Tiene conocimiento de hechos que pueden constituir delito? ¿Ha tenido participación activa en dichas acciones? ¿En esa época estaba aportando antecedentes de relevancia para dicha investigación? Para nuestro lamento, el fiscal a cargo de la indagatoria no ha podido entregar respuesta a estas interrogantes.

Se comprobó que el descuento en la subvención fue producto de una fiscalización defectuosa que no fue corregida, pese a haber sido reconocida por la propia autoridad educativa.

Aunque la acción ejecutiva para cobrar los pagarés haya prescrito por resolución judicial, ello no implica que la deuda fiscal esté prescrita, ya que los créditos otorgados conforme a la Ley Nº 20.027 y que son de titularidad del Estado no prescriben según el artículo 13, inciso 2º, de dicha ley.

El máximo Tribunal estableció que la actora percibió indebidamente la bonificación para el cuidado infantil mientras recibía el subsidio regulado por la Ley N° 21.247, lo que está expresamente prohibido por la normativa vigente.

La funcionaria fue destituida tras un sumario administrativo que acreditó acoso laboral reiterado hacia subordinadas, vulneración del principio de probidad y otras faltas graves al Estatuto Administrativo.

Se construyó una edificación sin permiso en bienes comunes de uso exclusivo, consistente en un cierre tipo quincho adosado al muro medianero, por lo que se emitió una orden municipal de demolición.

Se cumple la exigencia contenida en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N° 01/2015 de la comuna de Antofagasta, que faculta al Concejo Municipal para denegar la renovación de la patente cuando el establecimiento ha incurrido en dos o más infracciones en los doce meses previos.

El exsubsecretario del Interior, imputado por violación y abuso sexual, saldrá del Anexo Capitán Yáber tras seis meses privado de libertad. El fallo del máximo tribunal cuestionó duramente la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía.

Toda sentencia, incluso las dictadas verbalmente en audiencia dentro de un procedimiento abreviado debe ser escriturada. La omisión de dicha escrituración constituye una ilegalidad que vulnera garantías fundamentales, el derecho a la defensa al impedir conocer los fundamentos del fallo. Corte de Temuco ordena retrotraer el procedimiento y notificar la transcripción completa a las partes.

Informes de otros estudiantes desmienten las acusaciones, describen conductas conflictivas del recurrente, evidenciando que la controversia requiere una evaluación probatoria más amplia, fuera del alcance del recurso de protección.

La Corte determinó que la acción del arrendador constituye un acto de autotutela ilegal, y que vulnera la inviolabilidad del inmueble, por lo que ordenó su restitución y el cese de actos arbitrarios.

Se acreditó que el actuar los recurridos, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme el Plan Nacional de Inmunización, afecta el derecho a la vida e integridad del niño amparado.

No obstante, el Máximo Tribunal instó a pronunciarse en plazos razonables y ordenó remitir la sentencia a organismos públicos para evitar trabas a extranjeros con solicitudes en trámite.