Acciones de Amparo y Protección

Los hechos a que se refiere esta acción se encuentran sometidos al imperio del Derecho en la sede competente, ante el Ministerio Público. Además, la recurrente también puede solicitar la asesoría letrada gratuita o no, en defensa de sus intereses, ante el tribunal competente.

Existiendo además un nuevo informe favorable a su traslado emitido por Gendarmería, no puede sino concluirse que la decisión de la recurrida es arbitraria, toda vez que se ha adoptado sin haber precedido un análisis exhaustivo de las distintas variables técnicas penitenciarias.

Consta que existe un nuevo antecedente que no fue considerado por lo que se debe revisar si se cumple las exigencia del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, pues se podría amenazar la libertad personal dem amparado.

Debe atenderse a las dañosas consecuencias que el cumplimiento de la orden de arresto puede tener para la salud del amparado, lo perturba su derecho a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 número 7 de la Constitución.

El Presidente de la República o la autoridad facultada para ello de manera libre pueden designar y remover a ciertos funcionarios en la Administración, en orden a que, o bien son parte de un proyecto político, o son sensible a dicha área, quedando sometidos los criterios de la oportunidad y la conveniencia. La naturaleza de la función del actor lo somete a la decisión discrecional propiamente política de la autoridad encargada de su empleo público.

Decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, y sin que se hubiera dado cumplimiento a ellos en la forma pactada o hubiera dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal podrá imponer respectivamente al deudor como apremio, el arraigo en su contra y suspensión de licencia de conducir.

El corte eléctrico impide mantener refrigerada la insulina que requiere para el tratamiento de la diabetes que padece, haciendo peligrar así su vida e integridad física.

El recurso planteado adolece de un defecto al no indicarse cuál es la medida o remedio jurídico que requiere el actor.

El atraso por casi dos años en la tramitación de un sumario, resulta una demora arbitraria pues carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses casi se cuadruplique.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del canal público al mantener en accesible el capítulo del programa Alma Negra “El crimen del profesor”, sin contar con el consentimiento de los parientes de la víctima.

La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.

Si bien el Ministerio Público manifestó su intención de revisar el arresto domiciliario del amparado, atendido que lo habría incumplido, ello no justificaba disponer su detención, porque la audiencia no estaba citada para ese objeto.

La Segunda Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado no ha demostrado avances en el proceso de reinserción social, mantiene un alto riesgo de reincidencia, no existen antecedentes que acrediten que el recurrente asuma o tenga conciencia del delito cometido, gravedad ni mal causado.

El máximo Tribunal desestimó actuar arbitrario o ilegal en la dictación del reglamento cuestionado.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al rechazar la solicitud.

Recurrentes denuncian que atenta contra la libertad de opinión e información de quienes operan en redes sociales, contraviene la igualdad ante la ley, puede transformarse en una comisión especial, imponer censura previa, entre otros cuestionamientos.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del servicio recurrido, al rechazar la solicitud de la recurrente en base a una norma que se encuentra derogada.

Se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente sobre el automóvil reclamado, y además la fe pública de los actos administrativos.

La sentencia condenatoria no se encuentra firme ni ejecutoriada, lo cual se refuerza porque el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y suspendió el procedimiento.

El máximo Tribunal estableció que la comercialización y el almacenamiento de los datos de la actividad eléctrica del cerebro que realiza el dispositivo afectan el derecho a la integridad física y psíquica del recurrente, por lo que ordenó a la empresa Emotiv Inc., proceder a eliminar, sin más trámite, toda la información que hubiera almacenado.

La Constitución en la letra d) del numeral 7° del artículo 19, permite expresamente el cumplimiento de una pena en el domicilio del condenado, norma que puede ser aplicada al caso de autos, aun cuando no exista ley que regule expresamente la materia.

En la actualidad, cuatro personas han desistido a la fecha de recibir tal medicamento, ya sea por sus funestos efectos secundarios o, bien, porque no advirtieron durante su uso mejora alguna en ningún ámbito vinculado a sus estados de salud.

Debe retrotraerse el procedimiento para determinar si resulta procedente iniciar una consulta indígena. La declaratoria de Zona Típica o Pintoresca tendría la potencialidad de afectar a personas pertenecientes a pueblos originarios que realizan actividades económicas y productivas en el casco histórico de Castro, lo que no fue ponderado.

En primer término, la Tercera Sala rechazó los recursos de protección que impugnaron el alza del plan base fijado para las Isapres por la Superintendencia de Salud. En segundo lugar, el tribunal acogió los recursos de protección que impugnaban el monto de la prima GES, estableciendo que la base del alza es de 7, 22567 unidades de fomento anual por beneficiario, promedio del Estudio de Verificación de Costos elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 2019 - 2022 por cada Isapre.

El obrar de la recurrida no solo deviene en arbitrario, pues ejerce su potestad fuera de su ámbito espacial, sino que se erige como una comisión especial, cuestión prohibida por el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución.

No aparecen antecedentes según los cuales haya habido alguna acción u omisión que actualmente ponga en riesgo la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que su traslado debe realizarse siguiendo los procedimientos regulares, refiere el voto en contra.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Se detectó que el imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.

La ley distingue los valores de aranceles, matrículas y costos de titulación, no siendo posible entender estos dos últimos dentro de un concepto genérico de arancel.

La Corte fundó su decisión de mantener la prisión preventiva que había sido sustituida por considerar que al ser ingeniero informático el imputado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, constituía un peligro para las diligencias investigativas.