Asuntos de Interés Público

No se adoptó de manera unilateral, se comunicó a los actores y acordó en asamblea de copropietarios celebrada en forma previa.

La voluntad del legislador expresada en la Ley 21.093 hace obligatoria y vinculante para los Alcaldes o sostenedores la evaluación que el inciso tercero del artículo 72 bis del Estatuto Docente impone para emitir el pronunciamiento sobre el cese de funciones del personal docente municipal por la causal de salud irrecuperable o incompatible.

Tercer informa sobre proyectos de ley relacionados con procedimientos especiales derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En la sentencia, el máximo Tribunal acogió recurso de casación y ordenó pagar $536.600.160 por lucro cesante; y $150.000.000 por daño moral, a la cónyuge y cada uno de los 4 hijos de Joaquin Arnolds Reyes.

El Tribunal de alzada ordenó al banco mantener la fecha de los estado de pago en los términos acordados con el cliente.

Ello por faltar algunos de los requisitos que el ordenamiento establece para su existencia y validez.

En la especie resulta acreditado que la jueza a quo infringió este básico principio procesal probatorio al no analizar y no ponderar una prueba documental que se rindió para la impugnación de las dos Resoluciones reclamadas, sino que lo hace solo respecto de una de ellas.

No puede ser conceptuada de eficaz sólo aquella que provoque el resultado de que todos los litigantes tomaron conocimiento de la citada resolución.

En la especie, el Informe de Factibilidad de Patente de la Dirección de Obras, en virtud del cual se informa desfavorablemente la solicitud de patente.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras considerar que la recurrida adoptó una serie de medidas sanitarias tendientes a velar por el resguardo de la salud de funcionarios y usuarios.

Decreto alcaldicio impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, como así tampoco el Oficio de Contraloría que no advirtió irregularidad en el accionar del municipio.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de apelación deducido por la empresa, en contra de la resolución sancionatoria adoptada la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse.

El actor fue querellado por el CDE imputándosele la comisión del delito de apropiación indebida, y agotada la investigación criminal, el Ministerio Público dedujo acusación a su respecto, adhiriéndose a ella el querellante, pero el TOP de La Serena dictó sentencia absolutoria en su favor.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El máximo Tribunal desestimó recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la resolución de primer grado que rechazó la demanda.

El máximo Tribunal señaló que, se desprendió que el pretendido tema de derecho, cuya línea jurisprudencial se procuró unificar, no es un tópico adecuado de contrastarse con otros dictámenes.

La Corte Suprema señaló, quedó en evidencia que lo impugnado por el recurrente no es la ausencia de las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, sino la circunstancia de que el razonamiento jurídico condujo a un pronunciamiento que le es desfavorable.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la administración del edificio al disponer el corte del suministro de energía eléctrica.

El máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.

Se erige como un instrumento con una finalidad precisa y determinada fijar los hechos que el empleador debe acreditar en sede judicial, sin perjuicio que el trabajador también tiene la carga probatoria para refutarlos.

Si bien el artículo 171 del Código Sanitario posee una redacción restringida al aludir a "infracción a las leyes o reglamentos"-, se debe atender al fin último de la regulación, fiscalización y eventual sanción sanitaria, esto es, a la protección de la salubridad pública y, a través de ella, la vida e integridad física de las personas.

Por su carácter de regla de orden público es obligatorio para los jueces aplicarla, en virtud del principio de legalidad que gobierna al derecho punitivo.

El Tribunal de alzada rechazó el reclamo deducido por el SII, en contra de la decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, tras compartir que la información solicitada es de carácter público.

La Corte declaró inadmisible la acción cautelar, tanto más si al reprocharse una omisión en el libelo se alude a las resoluciones que al efecto se han dictado estableciendo mínimos de litros de agua diarios a ser entregados, lo que demuestra que la impugnación excede los fines y naturaleza del recurso de protección.

El Tribunal de alzada confirmó la sanción aplicada a la empresa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La Corte Suprema señaló que, el contenido argumentativo del recurso en estudio está destinado únicamente a cuestionar el valor probatorio que los sentenciadores han otorgado a la prueba rendida.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de reclamación interpuesto por los sancionados por la autoridad.

El Tribunal acogió la denuncia al considerar que se vulneró la honra del docente al justificar la demandada la desvinculación del docente en una supuesta conducta "inmoral".

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal de la prestadora de salud privada.

Más elementos de protección personal, unificar protocolos entre todos los Servicios de Salud y aplicar más test a los funcionarios fueron algunas de las situaciones que conocieron los senadores convocados en la sesión especial para analizar la crítica situación que enfrenta el sector.