Asuntos de Interés Público

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras considerar que el instructivo prevé la incorporación e implementación de todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, para un retorno seguro de los empleados fiscales.

La fecha fue acordada por la Comisión Mixta respectiva. Hoy desde las 15.30 está citada una Sesión Especial del Senado para pronunciarse al respecto. En los próximos días será el turno de la Cámara Baja.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 3 horas de la madrugada del sábado 23 de mayo de 2020, personal de Carabineros de la Primera Comisaria de Santiago concurrió hasta un inmueble, tras recibir información que en dicho lugar se realizaba una fiesta clandestina en un espacio confinado y con un alto número de asistentes, infringiendo normas sanitarias y el toque de queda impuestos por la autoridad.

El Tribunal de alzada dio por interpuesto el recurso y solicitó a la parte recurrida remitir en el plazo de 10 días los antecedentes relacionados con la acción cautelar.

La Corte Suprema señaló que, actuaron correctamente los sentenciadores del grado al declarar la prescripción parcial de las cuotas que vencían con anterioridad al año desde la notificación del libelo al deudor.

La solicitud de cambio de domicilio electoral no es un trámite obligatorio y solo pueden realizarlo aquellas personas que lo deseen, si necesitan actualizar su domicilio.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que si bien los concursos resultan contrarios a la normativa vigente, los recurrentes deben recibir las remuneraciones por el tiempo que estuvieron ejerciendo los cargos.

La Corte Suprema señaló, para que un error de derecho pueda influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo aquél debe consistir en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, precisó que "desde marzo de este año tenemos la política de ver 80 causas por sala, lo que significa que diariamente vemos 400 recursos por día y dos mil a la semana, lo que se traduce en un poco más de 8 mil al mes".

El Tribunal estableció la responsabilidad de la sociedad educacional al no adoptar las medidas de protección adecuadas para realizar actividades con alumnos en una playa solitaria y no apta para el baño.

La sentencia no infringe lo dispuesto en el artículo 51 N°10 inciso segundo de la Ley N°19.496, toda vez que se ha cumplido con el requisito exigido por el legislador para la competencia incuestionable del TDLC para conocer del asunto, según el artículo 30 del DL 211.

En relación con los homicidios calificados que se investigaron, se concluye que el encartado no es un ejecutor de la muerte de esas víctimas y por ello no se podría dar por acreditada su responsabilidad en los hechos.

No asiste razón que justifique dicha publicación al margen de lo que permite la ley sobre Protección de la Vida Privada, al tratarse de una obligación que el actor no ha incumplido y cuya exigibilidad se encuentra sujeta a modalidad.

Atendido que el plazo no fue suspendido se debe concluir que la demanda fue notificada vencido el plazo del artículo 2515 del Código Civil.

La Corte Suprema señaló que, la resolución impugnada por la vía de la nulidad substancial no presenta las características de aquellas aludidas en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

La empresa incurrió en una omisión desoyendo lo estatuido en el artículo 184 del Código del Trabajo al no asegurarse que usara el arnés.

En contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Valparaíso y de la Gobernación Provincial de Petorca.

Al concluir la sentencia que, con ocasión del despido, la actora fue afectada en su integridad psíquica sin que exista un antecedente médico que así lo corrobore, sino basado solo por la apreciación de dos testigos que -sin ser médicos o entendidos en esa materia- así lo aseguran, ha establecido una premisa fáctica que está controvertida.

La existencia de la sociedad conyugal entre cónyuges no excluye la procedencia de la compensación económica. Se trata de dos instituciones que tienen objetivos distintos.

El máximo Tribunal rechazó el recurso que solicitaba la eliminación de una serie de publicaciones, acogiéndolo solo respecto del diálogo obtenido de manera ilícita.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras constatar que la oficina regional de la recurrida ha adoptado las medidas de resguardo tendientes a velar por la salud de los funcionarios.

Sostienen que la Dirección de Obras Hidráulicas, decidió abrir las compuertas del embalse Laguna del Maule, con el fin de que ENEL, pudiese utilizar el recurso hídrico para la generación de energía eléctrica, aunque en la actualidad los niveles de agua acumulada de la Laguna se encuentran en los niveles más bajos de su porción intermedia.

La Corte Suprema señaló que, quien recurre debió relacionar la eventual infracción de normas reguladoras de la prueba con los contenidos jurídicos sustantivos del instituto que hizo valer en el juicio.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que ratificó la de primer grado que se acogió parcialmente la acción colectiva deducida por el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac).

La Corte razona que no yerra la sentencia impugnada por cuanto entre el juicio actual y aquel que sirvió al tribunal a quo, para admitir la excepción de litis pendencia, no existe identidad legal de personas, de objeto ni de causa de pedir.

La sentencia de la Corte de Concepción señaló que, al despedir a la trabajadora, el empleador extinguió la posibilidad de ampararse del remanente del plazo que contempla el inciso segundo del artículo 9° del Código del Trabajo.

En razón de que las partes celebraron un contrato de arriendo con vigencia inicial hasta el día 30 de septiembre de 2018, no obstante que se puso término al contrato de arriendo en forma inmediata a solicitud de la arrendadora, dejándose establecido que el inmueble estuvo ocupado por la demandada hasta el 9 de enero de 2017.

El máximo Tribunal reiteró que los servicios de salud recurrido incurren en actuar arbitrario e ilegal, al denegar el financiamiento de la droga por razones administrativas y económicas.

La Corte Suprema señaló que, lo que se persiguió, es que en virtud de la sentencia de reemplazo, se dicte un fallo que contenga una declaración en cuanto a la vigencia de una Resolución Exenta dictada por el Servicio de Impuestos Internos.

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