Asuntos de Interés Público

El Tribunal de alzada revocó con costas la sentencia impugnada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, que había acogido la demanda.

En la resolución el Tribunal acogió la demanda de interés colectivo difuso presentada por el Sernac, tras constatar que la empresa vulneró la ley de protección de los derechos de los consumidores al no proporcionar el servicio público, argumentando malas condiciones climáticas.

Como señala el inciso final de ese precepto podrá sancionarse, además de la multa, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, que acogió la denuncia realizada por el Sernac, en representación del cliente afectado, que estimó que existió infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores.

Pese a que puede resultar beneficioso que Chile cuente con un marco jurídico e institucional específico en la materia, el proyecto establece metas ambiciosas que podrían tener efectos negativos en la economía.

Así, al perder su carácter de indubitado, el ejercicio de los derechos que persigue la ejecutante requiere de una determinación previa que debe ventilarse en el correspondiente procedimiento declarativo.

Por ello exige que sean "debidamente comprobadas" pues algunas tienen incluso una eventual dimensión delictiva. De allí que respecto de las contempladas entre el Nº 2 y el Nº 7 se impone para probar tamaña conducta de una exigencia superior, de un grado de certidumbre más alto sin llegar al del sistema procesal penal.

El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de casación deducido por la empresa sanitaria en contra de la sentencia, dictada por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la reclamación y ratificó la sanción.

Fue enviado al presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Álvaro Elizalde.

La Corte Suprema señaló, es evidente que la sentencia censurada satisface el requisito cuya falta se alegó. Cuestión distinta es que el recurrente considere que los argumentos entregados por los falladores son errados.

Esta ley eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos, de allí que pretender que por no haber sido reconocida en forma expresa su madre en una escritura pública por la abuela materna y concluir que aquella carecería de filiación determinada y, por tanto, de ascendientes, hermanos o colaterales con derecho a suceder, es ilegal.

Se vulneró el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional que debió desarrollarse con apego irrestricto a los derechos y las garantías constitucionales.

La Corte Suprema, en sede de apelación, y como medida para mejor resolver, decretó oficiar a la AFP HABITAT a fin de que informe respecto del total del monto acumulado en la cuenta de capitalización individual de la actora y refiera si aquella registró ahorro voluntario.

Por lo que al no examinar vigencia de poderes debe considerarse que conocía revocación. Se configura en este caso la inoponibilidad del contrato al mandante en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 2173 del Código Civil.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la entidad bancaria al denegar la restitución.

Razona la Corte que no se está frente a un acto terminal, entendiendo como tal aquel con el cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa.

El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por el defensor penal penitenciario por no configurarse en la especie la ilegalidad alegada.

Indica que en esta medida no se ha tomado en cuenta el interés superior de los niños y la voluntad de los padres, cuyos derechos en el cuidado, educación y formación de los hijos están sobre cualquier decisión de la autoridad.

Cabe señalar que en 2016 el Tribunal Constitucional dictó sentencia y declaró inaplicable el precepto legal en base al cual la SVS había sancionado a Guzmán Lyon con una multa de 550.000 UF.

La acción constitucional fue interpuesta debido a que, según señala el gremio, no tienen los implementos necesarios para realizar labores de atención a los pacientes con COVID-19.

El fallo señala que logró demostrarse que para laborar debía posicionarse a la intemperie (pampa desértica) en un vehículo motorizado, lugar carente de cualquier reguardo respecto de las condiciones climáticas desoladas existentes en dicho lugar y sin acceso proveído por parte de su empleador a agua potable ni a servicios higiénicos.

Por ello, está en el deber de instruir al hospital que adopte o, en su caso, refuerce las medidas necesarias para un cumplido resguardo de su salud que aminore el riesgo de contagio.

Deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar efectivamente y en lo posible eliminar el fenómeno contaminante.

Concluir la titularidad del crédito universitario por la universidad demandada, prosigue la sentencia, no se ve desvirtuada por la circunstancia de existir regulaciones administrativas en el uso de los fondos y la gestión del mismo, pues tales controles se explican únicamente en la finalidad del crédito y el origen estatal de los recursos.

En esta versión se incluyeron las siguientes categorías: información sociodemográfica, trayectoria académica y de perfeccionamiento, trayectoria en el Poder Judicial, variables que incidieron en la decisión de ingreso al Poder Judicial, Programa de Formación de la Academia Judicial, Programa de Perfeccionamiento, e impacto y desafíos éticos del cargo.

La sentencia indica que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias es un procedimiento mixto, contencioso administrativo y jurisdiccional, que se tramita conforme a las reglas establecidas en el Título V del Libro Tercero del Código Tributario que regula el "cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero".

La Corte Suprema señaló que, se apreció la invocación de argumentos y causales propios de una nulidad formal, omitiendo señalar los errores de derecho sustantivo en que habría incurrido el fallo impugnado.

Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 205 del Código Procesal Penal tiene carácter de subsidiario.

En declaración pública, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM) piden a los defensores públicos de la región instar por el uso restrictivo de la prisión preventiva y promover la sustitución de esta medida por la de arresto domiciliario total.

La Corte Suprema señaló que, los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas sustantivas que resuelven la controversia, resultan inamovibles para el tribunal de casación.