Asuntos de Interés Público

Los resultados revelaron que, aunque las mujeres representan el 39% de los abogados en los estudios jurídicos en Chile, ocupan solo el 18% de los cargos de responsabilidad.

No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría ha recordado que los Estados miembros de la OEA se han comprometido a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción, sino que además dicho mandato se puede encontrar en diferentes tratados internacionales.

La mera infracción reglamentaria no basta para afirmar la concurrencia de la culpa penal, debe examinarse el contexto de la situación.

En el caso de que los fiscales y defensores fueren designados como especializados ejercerán dichas funciones en forma exclusiva mientras conserven dicha calidad.

Segunda postulación se llevará a cabo hasta el 25 de enero de 2024, y las clases comenzarán en abril de 2024.

La magistratura laboral debió otorgar al trabajador la posibilidad de controvertir las excepciones opuestas por el empleador, de esta forma no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.

El máximo Tribunal estimó que la magistratura omitió ponderar la prueba testimonial y los correos electrónicos entre las partes, que daban cuenta de la existencia de un acuerdo para que la demandante se hiciera cargo de la administración de un inmueble, del cual obtuvo beneficios económicos para el demandado, que fue condenado a pagar $6.000.000.- en honorarios adeudados en favor de la actora.

La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible. A su juicio del Tribunal, solo la oración “previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público” reviste naturaleza propia de ley orgánica constitucional, y se ajusta a la Constitución en el entendido que se precisa en el fallo.

Las personas con discapacidad pueden hacer uso de su derecho al voto asistido, para lo que pueden ir acompañadas de una persona mayor de 18 años de su confianza, o solicitar asistencia al presidente de la mesa. Asimismo, los perros de asistencia pueden acompañar a sus dueños durante todo el proceso.

De tan poca solidaridad, y de tantas visiones divisorias y miopes, este acto de conmemoración es una llamada a superar la polarización.

El Panel Técnico de Concesiones acogió parcialmente una Discrepancia presentada por la Sociedad Concesionaria del Contrato “Hospital de Antofagasta” en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por sobrecostos derivados de la adopción de medidas adicionales a causa de la pandemia Covid-19.

El sistema de protección residencial en Chile es un blanco de preferencia de explotadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, en especial de niñas y adolescentes mujeres.

Se debe proporcionar una reparación adecuada a todas las personas que sufrieron daños en el contexto de las protestas.

Si la Aseguradora estima que se configura un caso de enfermedad preexistente, debe discutirlo en un juicio de lato conocimiento, de acuerdo a la naturaleza del contrato suscrito. En tanto, mientras no se emita un pronunciamiento judicial a su favor, debe cumplir con el contrato de seguro.

A través del principio de confianza legítima se busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que se lesionen sus derechos. Si una contrata se encuentra protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, a través del sistema de calificaciones o mediante un sumario administrativo.

Constituye un acto ilegal, por cuanto contraviene los procedimientos establecidos en ley N°18.101 para poner término a un contrato de arrendamiento.

La propuesta de nueva Constitución concilia la configuración del Estado social con los derechos y libertades fundamentales de las personas y con la responsabilidad fiscal, lo que se materializa a través de diferentes disposiciones. El reconocimiento de la libertad de las personas y del rol de las instituciones públicas y privadas ponen en el corazón de este Estado social a la sociedad civil alejándose de otros modelos estatistas del Estado social -como el de la fallida Convención- que la subordinaban a los designios del Estado.

En razón a la forma y funciones que desempeñaba el actor, puede concluirse que se trataba de un funcionario de exclusiva confianza de la autoridad anterior.

La abogada seguirá ligada a la institución como presidenta del directorio de “Resolución en Línea” -plataforma de solución de controversias entre consumidores y empresas- y como asesora de algunos proyectos del CAM Santiago.

Conocida como Ley de Usurpaciones, sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación de inmuebles.

En la ocasión Cartagena se refirió a la Industria del Litio: Desafíos en Compliance y Riesgos, sobre lo que afirmó que "la presión global por acceder a estos recursos estratégicos puede incrementar los riesgos de corrupción y potenciales impactos en los ecosistemas y las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos extractivos”. Además, recomienda que las inversiones cuenten con un marco legal adecuado a fin de minimizar los riesgos, entre otros,

La iniciativa nace no sólo para descongestionar la cárcel de Chillán, sino que además para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para con las mujeres privadas de libertad. Segrega a imputadas y condenadas.

El tribunal dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos. El objetivo era acopiar en Iquique la droga proveniente de Bolivia para luego trasladarla a diversos aeropuertos de Europa. El megaoperativo incluyó a autoridades de España e incluso a un agente encubierto.

La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar omisivo de la institución penal al carecer de asistencia médica para internos de tienen hasta más de 90 años de edad.

Las Naciones Unidas han verificado que entre 2005 y 2022 se produjeron más de 315.000 violaciones graves de los derechos de la infancia en zonas donde había conflictos.

No obstante, ante la ausencia transitoria de un docente, los asistentes de la educación profesionales, preferentemente psicopedagogos, podrán ser destinados a cubrir una determinada clase.

En la línea decisoria de la CMF, Matías Videla en razón de su cargo de CEO, poseía información privilegiada en el tiempo que llevó a cabo la adquisición de las acciones de Cencosud S.A., no guardó la debida reserva y además utilizó esta información en beneficio propio. Estamos en presencia entonces de una conducta empresarial que claramente no se enmarca en los principios de ética y de integridad que rigen en el mercado financiero.

Se les pudo atribuir la tarea de cuidado y riego, tarea que se encuadra, dentro del verbo rector de “cultivar” y con la definición de esta acción que entrega el diccionario de la Real Academia de la lengua española: “Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen”.

La mayoría de las autoridades consideran que sólo la respuesta penal al problema de la violencia en la macrozona es insuficiente. Lo interesante es que son precisamente funcionarios policiales y de la Fiscalía quienes más consideran que los delitos responden a causas sociales más profundas y que su acción es sólo posterior al evento ocurrido, es decir, es una respuesta reactiva.

La medida permitida es el arraigo nacional del niño, niña o adolescente sujeto a la medida de protección, pero en ningún caso el arraigo regional en contra de la progenitora ni menos en contra de terceras personas como en la especie se hizo.