Judicial

El máximo Tribunal determinó que el ingreso por un paso no habilitado constituye causal grave de expulsión y que los alegatos de arraigo familiar, social y laboral no impedían el ejercicio de las potestades legales, dado que los familiares del reclamante también se encontraban en situación irregular y que él trabajaba al margen de la ley.

El máximo Tribunal anuló la sentencia que ordenaba constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, al determinar que la DGA debía verificar primero la disponibilidad del recurso, posibles perjuicios a terceros y el cumplimiento de los requisitos legales. La decisión también establece que los errores formales en la solicitud pueden subsanarse y que la autoridad administrativa debe respetar el orden de prelación de las solicitudes pendientes.

El tribunal determinó que la DGA vulneró el Convenio 169 de la OIT y la Ley N°19.253 al no consultar a la Comunidad Atacameña de Socaire antes de autorizar la exploración de aguas subterráneas. La resolución impugnada afectaba directamente los recursos hídricos y el territorio ancestral, incluyendo ecosistemas críticos, por lo que se ordenó retrotraer el procedimiento e iniciar un proceso de consulta indígena efectiva conforme a la normativa vigente.

El máximo Tribunal determinó que la información solicitada sobre la explotación de litio posee carácter reservado por vincularse a derechos comerciales y económicos estratégicos de la empresa y que su divulgación podría afectar la gestión de un recurso de interés nacional. Además refirió que los antecedentes correspondientes a deliberaciones previas a decisiones administrativas también se protegen bajo la Ley de Transparencia.

La Corte confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), rechazando el reclamo de ilegalidad de la DGAC y ordenando entregar el examen del motor afectado en una investigación de un accidente aéreo. Determinó que la información tiene carácter público y que no se acreditó afectación concreta a las funciones de la DGAC ni a los derechos comerciales de terceros, como Pratt & Whitney, quienes no se opusieron formalmente a la entrega.

La iniciativa tuvo como principal objetivo llevar a terreno la oferta programática de la Corporación de Asistencia Judicial en materias como Familia, Civil, Laboral, Defensa de Personas Mayores, Migración, Niñez y Adolescencia.

Presidente Arturo Prado advirtió sobre los desafíos futuros, destacando la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en la democracia frente a un escenario internacional de debilitamiento institucional.

El máximo Tribunal constató que la interpretación de la ley efectuada impedía a una trabajadora accionar judicialmente por despido injustificado y cobro de prestaciones. La decisión reafirma que los procedimientos laborales deben garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y no pueden ser obstaculizados por interpretaciones restrictivas de la normativa.

El máximo Tribunal acogió un recurso de queja interpuesto por el CDE en representación del Ministerio de Educación, dejando sin efecto la sentencia del CPLT que ordenaba entregar los archivos de programación utilizados para calcular las subvenciones educacionales.

La Corte concluyó concluyendo que los Decretos Alcaldicios fueron dictados dentro de las atribuciones legales del municipio y cumplen con los requisitos de fundamentación exigidos por la ley. La decisión consideró los antecedentes de infracciones al horario de cierre y el aumento de criminalidad en la zona, vinculados al consumo de alcohol, sustancias ilícitas y estupefacientes, descartando arbitrariedad o ilegalidad en la actuación municipal.

Confirma sanciones a empresa pesquera y capitán por infringir la Ley General de Pesca y Acuicultura. Rechazó el argumento de la empresa sobre la justificación del descarte por "talla comercial". SERNAPESCA aclaró que no existe una talla mínima oficial para la merluza de cola. La infracción se configura por el descarte sin causal legal, independientemente de argumentos económicos o de buena fe. Consideró que las sanciones fueron proporcionales y ajustadas al marco legal.

La Corte de Santiago había acogido la reclamación del afectado, atendido que el terreno estaba tomado ilegalmente por terceros, que existía un caso fortuito o fuerza mayor y que la DGA no resolvió oportunamente un recurso de reconsideración dentro del plazo de 30 días. La Corte Suprema determinó que la DGA no denunció transgresión a una norma decisoria de la controversia.

Rechaza alegato de tardanza excesiva y argumento de que el procedimiento había "decaído" por vulnerar principios administrativos. Aclaró que SERNAPESCA tiene un plazo de 2 años para completar el procedimiento sancionatorio. Determinó que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal. Precisó que la "decisión final" en el proceso es la resolución que ejerce la potestad sancionatoria, que no incluye las etapas de revisión o impugnación

La Corte concluyó que la empresa no acreditó de qué manera la divulgación de la información podría afectar sus derechos comerciales, y que el artículo 30 bis de la Ley de Concesiones no constituye una causal de reserva autónoma. Asimismo, recordó que la publicidad de los actos y documentos del Estado es la regla, salvo excepciones legalmente justificadas y cuya afectación pueda demostrarse de manera concreta.

El máximo Tribunal confirmó la multa impuesta a la Clínica Vespucio por exigir un pagaré a un paciente en estado de urgencia, revocando la rebaja otorgada por la Corte de Santiago. Estableció que la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus facultades legales, que la condición de urgencia del paciente ya había sido determinada en resolución administrativa previa y que no corresponde cuestionar en esta instancia hechos ya establecidos, reafirmando la legalidad y proporcionalidad de la sanción.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la decisión que tuvo por no presentada una demanda laboral. Consideró que la interpretación de los tribunales inferiores restringió indebidamente el acceso a un pronunciamiento judicial de fondo, y recordó que las normas procesales laborales deben proteger principios como la tutela judicial efectiva y el derecho a un procedimiento justo, garantizando que los trabajadores puedan presentar sus demandas a través del procedimiento ordinario cuando corresponda.

La Corte anuló la sentencia que favorecía a un grupo de conductores en el pago de diferencias por tiempos de espera, al establecer que la fórmula de cálculo correcta debe considerar la jornada mensual total y no el límite máximo de horas accesorias fijado por la ley. El fallo confirma la validez de la metodología aplicada por las empresas demandadas y reafirma la interpretación legal respaldada por la historia de la norma y la Dirección del Trabajo.

Constata violación del debido proceso en allanamiento. Policías no informaron al imputado sobre su condición ni sus derechos al ingresar a su domicilio. Aunque el imputado permitió el acceso, esta autorización se consideró jurídicamente nula por falta de información previa sobre sus derechos. Determinó que las plantas de marihuana incautadas son prueba inutilizable debido a la irregularidad del allanamiento.

El control vehicular inicial estaba justificado por la alta velocidad del vehículo. El posterior control de identidad se fundamentó en el hallazgo de droga a simple vista. La actuación policial se ajustó a las facultades legales sin vulnerar garantías constitucionales.

Debe pagar $7 millones por daño moral a cliente afectado por contrataciones fraudulentas.

Ratificó que la resolución del Primer Tribunal Ambiental no constituye una sentencia definitiva ni interlocutoria que ponga fin al juicio, sino que ordena continuar el procedimiento con un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros

Ratificó lo resuelto por la Corte de San Miguel, que validó una sanción de 15 UTM por infracciones leves a la normativa educacional constatadas tras una fiscalización, destacando que la sanción fue proporcional y dictada conforme a la Ley N° 20.529.

La Corte acogió la demanda de la trabajadora, tras concluir que la carta de despido no detallaba hechos concretos que justificaran su desvinculación, incumpliendo la obligación legal de fundamentación y sin acreditar un nexo real entre la situación de la empresa y el cese laboral. Además, reconoció el derecho a la devolución del aporte patronal al seguro de cesantía y al recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio.

Precisó que el rol del SERVIU como depositario responde a una creación legal especial y no a la figura contractual del Código Civil, delimitando así los alcances de su responsabilidad en procesos de regularización de loteos.

Determinó que la negativa del Conservador excedió sus atribuciones, al fundarse en la falta de liquidación de la sociedad conyugal del vendedor, precisando que solo procede rechazar títulos cuando presentan un vicio de nulidad absoluta ostensible.

Ratificó que la ausencia de obras de captación en el punto autorizado obliga al pago de patente por no uso, precisando que solo las causales expresas de la ley permiten eximirse de dicho cobro y destacando que esta figura busca incentivar el uso efectivo de los derechos de agua y evitar su especulación.

Dejó sin efecto una sentencia del tribunal de alzada al constatar que, pese a declarar nula la compraventa de un inmueble, se omitió pronunciarse sobre la acción reivindicatoria, aspecto central para definir la restitución de la propiedad.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, denuncia que su exclusión de la papeleta para las próximas elecciones parlamentarias fue orquestada desde el oficialismo, apuntando directamente a Álvaro Elizalde y Paulina Vodanovic.

Patricio Rivera Bravo (RN) fue sorprendido en un control policial en la Ruta J-60 con 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el hecho, reconoció públicamente su error y pidió disculpas, mientras autoridades calificaron la situación como “particularmente grave” por tratarse de una autoridad.

El máximo Tribunal rechazó las excepciones planteadas por la demandada, al concluir que los procesos no compartían la misma causa de pedir ni el mismo objeto, pese a coincidir parcialmente en las partes. El fallo establece que la conciliación laboral previa perseguía la restitución de un inmueble, mientras que la demanda civil actual busca el reembolso por obras y plantaciones, garantizando seguridad jurídica y una correcta interpretación de la ley procesal.