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Corte Suprema rechazó arbitrio de nulidad por falta de fundamento confirmando el rechazo de la demanda de indemnización de perjuicios

Máximo tribunal establece que condena previa de 41 días corresponde a falta y no impedía acceder al beneficio, dejando sin efecto el cumplimiento en cárcel y reforzando criterios de reinserción social

Máximo tribunal fija límites a la aplicación del artículo 141 del Código Procesal Penal y determina que no procede imponer una segunda cautelar cuando el imputado no cumple condena efectiva

Tribunal determina que la medida fue desproporcionada al no considerar el arraigo laboral del solicitante y ordena reabrir el procedimiento migratorio con nuevo plazo para regularizar antecedentes

El tribunal de alzada determinó que los contratos de promesa de compraventa de viviendas se encuentran comprendidos en la Ley del Consumidor, al formar parte del proceso de adquisición inmobiliaria, reconociendo la calidad de consumidor potencial del denunciante y descartando la incompetencia declarada en primera instancia.

El máximo tribunal acogió el recurso de casación en el fondo, anuló el fallo que había rechazado la demanda por cosa juzgada, estableciendo que esta no puede impedir la reparación integral en casos de violaciones graves a los derechos humanos. También es improcedente aplicar la prescripción, puesto que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La decisión reafirma la primacía del derecho internacional y el deber del Estado de indemnizar a las víctimas

Valida la prevalencia del control de legalidad ejercido por la Contraloría frente a decisiones sectoriales en materia de uso de suelo, destacando su carácter vinculante para los órganos de la Administración y su incidencia en la resolución de controversias urbanísticas, incluso frente a pronunciamientos de autoridades técnicas como las Secretarías Regionales Ministeriales.

El hecho perseguido en el vecino país ocurrió en el 2010, encontrándose la acción para perseguirlo actualmente prescrita. La ministra instructora del máximo Tribunal sostuvo que la forma de contar el plazo que indica el artículo 100 del código Penal, solo aplica para delitos ocurridos en Chile y que su autor huye al extranjero, por lo que no se puede aplicar dicha norma para ilícitos perpetrados fuera del país.

Precisó que, en ausencia de hipótesis de mora automática, los intereses deben devengarse desde la interpelación judicial, descartando su cómputo desde la ejecutoria de la sentencia.

El organismo señaló que el acceso a datos de salud es posible sin consentimiento solo cuando sea indispensable para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, debiendo siempre cumplir con la obligación de guardar el secreto o reserva de los datos obtenidos, para resguardar de manera efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo

El máximo tribunal reprochó la omisión de prueba clave sobre la exigibilidad de la deuda y reafirmó el deber de motivación de las sentencias, confirmando en fallo de reemplazo lo resuelto en primera instancia.

La iniciativa propone obligar a las productoras a asegurar condiciones adecuadas de visibilidad para los asistentes, incorporando este estándar como parte del servicio contratado y sancionando su incumplimiento bajo la Ley del Consumidor.

Refuerza una interpretación pro trabajador del artículo 423 del Código del Trabajo, destacando que el desplazamiento periódico para cumplir funciones en otra región puede configurar traslado de residencia, aun sin cláusula expresa en el contrato.

El órgano descartó ilegalidad en la exigencia de un equipo PET-CT con tomógrafo de 64 canales, afirmando que responde a la complejidad del servicio y se enmarca en la potestad técnica de la entidad licitante, sin afectar la libre concurrencia ni la igualdad entre oferentes

La Corte mantuvo la multa de 100 UTM aplicada por la Superintendencia de Educación, por contar con un protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual que no cumplía con el contenido mínimo exigido por la normativa —en particular, respecto de responsables, plazos, medidas de protección y mecanismos de denuncia— y por no haber activado oportunamente dicho protocolo ante la denuncia de una situación de abuso sexual entre estudiantes, al no informarse de inmediato a las autoridades del establecimiento.

La Corte sostuvo que la subrogación legal del artículo 534 del Código de Comercio confiere a la aseguradora la titularidad de las mismas acciones del asegurado, incluidas las derivadas de la Ley N° 19.496, sin que la calidad de consumidor constituya un atributo personalísimo que impida su ejercicio. El voto en contra estimó que dicha calidad constituye una vinculación especial subjetiva o personal, inherente a la persona del consumidor, y que la aseguradora solo puede ejercer acciones de carácter patrimonial, excluyendo la vía infraccional.

El organismo precisó que la extensión del contrato puede acordarse directamente entre las partes, manteniendo beneficios vigentes y ajustándose a las normas actuales.

El fallo enfatiza que la aplicación de criterios técnicos en procedimientos reglados debe explicitarse de manera clara, suficiente y verificable, especialmente cuando incide en la clasificación institucional y en la determinación de aranceles regulados, en resguardo del principio de juridicidad y del control de la actuación administrativa.

Profundiza en el requisito de la “mera tolerancia” del dueño y establece que no se configura el precario cuando la ocupación del inmueble es anterior a la adquisición de derechos por la demandante, existiendo además antecedentes que justifican la tenencia y descartan su carácter meramente tolerado.

El tribunal concluyó que no se configuraron incumplimientos de los bancos, al acreditarse que el propio cliente mantuvo negociaciones paralelas y efectuó múltiples solicitudes de portabilidad sin aceptar las condiciones ofrecidas ni completar los antecedentes necesarios, utilizando el proceso para obtener mejores tasas de interés. Descartó infracción a la normativa de portabilidad financiera y a la Ley N° 19.496.

Se ordenó indemnizar al trabajador, emitir cartas de disculpas y recomendación, y pagar cotizaciones, tras acreditarse una desvinculación basada en un criterio sospechoso y sin fundamentos objetivos

La Corte deSantiago revocó el fallo que había acogido una denuncia infraccional contra una aerolínea por la suspensión y reprogramación de vuelos durante la pandemia de Covid-19, al estimar que la situación configuró un caso de fuerza mayor y no una infracción a la Ley del Consumidor. La empresa ofreció alternativas razonables de reprogramación y mantuvo los pasajes abiertos por un año, por lo que descartó sanciones y daño moral, ordenando únicamente la restitución del valor de los pasajes para evitar un enriquecimiento sin causa.

La iniciativa busca mejorar la regularización de viviendas de autoconstrucción, estableciendo un sistema claro de observaciones por parte de las municipalidades y otorga mayor certeza jurídica a los solicitantes.

El organismo precisó que la reducción debe traducirse en una disminución efectiva del tiempo de trabajo, privilegiando el acuerdo entre las partes y estableciendo reglas claras cuando este no exista

La iniciativa busca regular plataformas electrónicas incorporando deberes de verificación e identificación de vendedores, con el fin de prevenir la comercialización de productos ilícitos y fortalecer la seguridad en el comercio digital

La Corte descartó que se trate de simples borradores sin valor jurídico y ordenó la entrega de correos, instrucciones internas y registros del Sistema de Gabinete Electrónico utilizados por el SII en procedimientos de fiscalización vinculados al ejercicio de su facultad de tasación en liquidaciones tributarias, al estimar que forman parte del proceso de toma de decisiones y constituyen información pública, rechazando además que el Servicio pudiera invocar en juicio causales de reserva no alegadas ante el CPLT.

El organismo determinó que la restricción legal también alcanza a quienes prestan servicios a honorarios en municipios, dejando sin efecto su jurisprudencia anterior y aplicando el nuevo criterio hacia el futuro.

La iniciativa busca adaptar el Código del Trabajo a las necesidades productivas actuales, ampliando la distribución de la jornada, flexibilizando el uso de horas extra y estableciendo reglas más claras para turnos y jornadas excepcionales

El evento repasó el rol del compliance como un tema esencial para la estabilidad, solvencia y viabilidad de las empresas, junto con adelantar los desafíos que trae la automatización de procesos.

Acogió el recurso de protección y estimó arbitraria la decisión que declaró no apto al funcionario para ser reincorporado por un supuesto trastorno de personalidad no suficientemente acreditado, instruyendo una nueva evaluación independiente.