Nacional

Afirmó que las instrucciones impartidas por el órgano contralor para iniciar procesos de fiscalización y remitir antecedentes al concejo municipal tienen carácter de actos trámite y no pueden ser impugnadas por la vía del recurso de protección.

Con ocasión de cumplir cien años el 25 de diciembre, se rinde un homenaje intelectual y cívico a Mario Arnello Romo, destacando una trayectoria excepcional marcada por la coherencia entre pensamiento y acción, su aporte decisivo al derecho público, la docencia universitaria, la vida parlamentaria y diplomática, así como un patriotismo reflexivo y permanente que ha orientado su servicio a Chile durante más de siete décadas.

El máximo Tribunal confirmó que la suspensión por dos años aplicada al presidente de un club afiliado fue acordada por una comisión disciplinaria irregularmente integrada, sin competencia ni respeto por las garantías mínimas del debido proceso, ordenando anular la sanción y retrotraer el procedimiento.

El tribunal de alzada tuvo por acreditada la relación de consumo y el incumplimiento del deber de seguridad —concebido como una obligación de medios y no de resultado— al estimar que el proveedor no demostró haber adoptado medidas razonables y suficientes para prevenir la sustracción de un vehículo desde un estacionamiento gratuito destinado a sus clientes.

El tribunal de alzada estimó que no se acreditó una vulneración a los deberes de información ni al consentimiento del consumidor, ni la existencia de una repactación unilateral del crédito, rechazando además la nulidad de una cláusula contractual al concluir que no generaba un desequilibrio abusivo en perjuicio de la actora.

Confirmó que el bono de sala cuna pactado en contrato colectivo de $320.000.- mensual debe pagarse íntegramente, sin proporcionalidad por asistencia de la madre. Desestimó alegaciones nuevas introducidas por el recurrente que no formaron parte del debate original. Reafirmó que el pago del bono está vinculado al período de cuidado del menor, no a la asistencia de la trabajadora.

Rechazó argumento de la defensa sobre uso medicinal y autoconsumo. Corte enfatizó que no se cumplieron los requisitos para la justificación legal del cultivo. Consideró que la cantidad de plantas y la infraestructura excedían lo razonable para consumo personal. Fallo subraya la necesidad de cumplir estrictamente con las exigencias para el uso medicinal de cannabis. Mantuvo la pena de tres años y un día de presidio.

Opera como una “sanción de plano” tras la notificación de una sentencia de primera instancia, sin regulación sobre duración ni efectos, sin resolución fundada ni vía de impugnación, y con riesgo de doble sanción y afectación del principio democrático, alega el requirente

Respaldó que la autoridad educacional adoptó medidas dentro de sus competencias para resguardar la continuidad del servicio educativo y la reubicación de los estudiantes, descartando la existencia de actos ilegales o arbitrarios frente al inminente cierre del establecimiento.

Validó que la falta de reincorporación de un becario médico, una vez cumplida una sanción disciplinaria, vulnera derechos constitucionales y compromete obligaciones contractuales asumidas en convenios de formación financiados por el Estado.

Avaló el criterio que exige a las municipalidades respetar la estabilidad relativa de los funcionarios a contrata que han sido renovados por años consecutivos, descartando que razones genéricas de carácter presupuestario justifiquen, por sí solas, el término del vínculo.

La Corte rechazó el reclamo interpuesto por una fundación educacional y confirmó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación, consistente en la privación parcial y temporal del 5% de la subvención general por cuatro meses, al estimar que la omisión de certificados bancarios para acreditar la disponibilidad de saldos constituye una infracción grave.

El máximo Tribunal concluyó que el ingreso al país por paso no habilitado constituye una infracción grave que habilita la expulsión administrativa, descartando que los antecedentes invocados —incluida la existencia de una hija nacida en Chile— resultaran suficientes para configurar una excepción conforme al artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería.

El tribunal descartó ilegalidad en la actuación de la SEC, al estimar acreditado el incumplimiento del estándar SAIDI durante 2022, confirmar la aplicación de la normativa técnica vigente al período fiscalizado y considerar debidamente motivada y proporcional la sanción impuesta, rechazando además la aplicación retroactiva de una norma técnica posterior más favorable.

El máximo Tribunal respaldó la facultad interpretativa de la Comisión para el Mercado Financiero, al descartar que la normativa obligue a los liquidadores de seguros a requerir informes técnicos en todo evento, validando que dicha exigencia dependa de la naturaleza del riesgo y de las circunstancias del siniestro.

Sostuvo que el arrendador debe optar entre terminar el contrato y exigir la restitución del bien o mantenerlo vigente y cobrar las rentas futuras, sin que sea jurídicamente admisible acumular ambas alternativas, por ser prestaciones excluyentes conforme a la voluntad contractual.

La Corte concluyó que la oposición formulada por quienes tenían derechos incompatibles transformó la gestión de jurisdicción voluntaria en un asunto contencioso, lo que impedía resolver el reclamo sin reconducir el procedimiento conforme a las reglas del juicio contradictorio, configurándose así la omisión de un trámite esencial.

El máximo Tribunal sostuvo que, aunque las tercerías se tramitan como incidentes, la sentencia que las resuelve es definitiva, por lo que el recurso de apelación debía ser conocido previa vista de la causa, trámite esencial que no podía omitirse sin afectar el debido proceso.

La Corte de Santiago concluyó que la Dirección General de Aguas actuó dentro de sus atribuciones legales al denegar la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas en un sector declarado área de restricción, descartando que la demora administrativa invocada configure un vicio de ilegalidad revisable por la vía del reclamo del artículo 137 del Código de Aguas.

Comisión Evaluadora asignó puntajes erróneos y omitió fundamentación, pero obra continuará por su avanzado estado de ejecución. Detectó errores en la evaluación de ofertas, tanto del demandante como del adjudicatario. Tribunal criticó la falta de fundamentación en el Informe de Evaluación y el Decreto de adjudicación

El Tribunal rechazó la reclamación interpuesta contra la decisión del Comité de Ministros, al concluir que la variable ambiental relativa al uso de la ruta G-21 no presentó variaciones sustantivas que obligaran a revisar la RCA del proyecto “Desarrollo Los Bronces”, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y el Reglamento del SEIA.

Conmemorado cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes recuerda un episodio trágico del cristianismo que, con el paso de los siglos, se transformó en una festividad marcada por el humor y las bromas, reflejando la capacidad de las tradiciones religiosas y culturales para adaptarse y resignificarse en el tiempo.

Empresa incurrió en 9 infracciones ambientales, 6 de ellas de carácter graves.

La Circular N.° 3873 de la Superintendencia de Seguridad Social consolida la exclusión del suicidio laboral de la cobertura de la Ley 16.744, profundizando una omisión normativa que invisibiliza los riesgos psicosociales, debilita el deber preventivo y contrasta con estándares comparados —como el modelo francés— que exigen investigación, registro y análisis causal caso a caso para proteger efectivamente la salud mental en el trabajo.

Advirtió falta de celeridad y eficiencia tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia al extender injustificadamente la privación de libertad pese a verificarse el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio solicitado. Interno cumplía requisitos para la reducción de condena desde el 4 de diciembre. Gendarmería demoró en comunicar la situación a la autoridad administrativa. La Subsecretaría de Justicia no dio trato preferente al caso pese a su urgencia

Informe psicológico es suficiente para suspender el procedimiento por posible enajenación mental. Se introduce un "estándar probatorio no previsto en la ley" al exigir un informe psiquiátrico en lugar del informe psicológico presentado. Se desnaturaliza la finalidad protectora del artículo 458 del Código Procesal Penal. Mantener al imputado bajo el poder punitivo del Estado pese a existir "antecedentes objetivos y suficientes" sobre su posible enajenación mental, es ilegal

Confirmó decisión de Corte de Punta Arenas avalando actuación del Juzgado de Garantía dentro del marco legal al certificar los días solicitados y reservar la audiencia para un momento procesal adecuado. No se acreditó un acto ilegal o arbitrario que afectara la libertad personal del amparado

Entrada y registro en domicilio sin número pese a error en coordenadas es válido. La discrepancia en las coordenadas geográficas fue considerada un error de digitación sin incidencia sustancial. El inmueble estaba claramente individualizado por diligencias investigativas previas. La orden judicial cumplía con los requisitos del artículo 208 del Código Procesal Penal: Emitida por tribunal competente, solicitada por el Ministerio Público y precedida por una investigación policial

El tribunal de alzada concluyó que el juez de primera instancia incurrió en un razonamiento defectuoso al desvincular los hechos imputados del ámbito laboral por la sola exclusión de jornada, omitiendo ponderar integralmente la prueba rendida y las funciones desempeñadas por la trabajadora, lo que llevó a validar el despido fundado en la pérdida de confianza del empleador.

El máximo Tribunal concluyó que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal legal grave de expulsión y que no se acreditaron antecedentes suficientes que obligaran a la autoridad a abstenerse de ejercer su potestad sancionatoria, pese a las circunstancias familiares invocadas.