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El máximo Tribunal estimó que la autoridad migratoria incurrió en una ilegalidad sobreviniente al no analizar una circunstancia relevante y posterior al acto administrativo —el embarazo de la reclamante—, ordenando dejar sin efecto la expulsión y dictar una nueva resolución que valore adecuadamente el arraigo familiar conforme a la Ley de Migración.

El fallo dejó sin efecto la condena impuesta a una inmobiliaria por supuestos trabajos de obra fuera de horario, al constatar que el Juzgado de Policía Local dictó sentencia sin permitir la rendición de prueba, confundió el contenido de la denuncia y exigió al denunciado acreditar su inocencia, vulnerando las garantías del debido proceso en un procedimiento sancionatorio municipal.

A partir del 1 de enero de 2026, la inclusión del timbre electrónico en la representación impresa de las boletas electrónicas será opcional. El timbre electrónico seguirá siendo obligatorio en el formato XML del documento. Medida busca facilitar y asegurar el cumplimiento tributario. Proporcionar mayor flexibilidad a los contribuyentes. Aumentar la eficiencia y reducir costos en la emisión de boletas

El máximo Tribunal estimó que la expulsión de una estudiante por reiteración de faltas gravísimas no fue ilegal ni arbitraria, al haberse aplicado conforme al reglamento interno del establecimiento y mediante un procedimiento racional y justo, sin que corresponda a los tribunales sustituir el criterio disciplinario adoptado dentro del marco legal.

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad al estimar que la aplicación de la norma que habilita fijar límites de edad en educación especial vulneró, en el caso concreto, los derechos a la igualdad ante la ley y a la educación, al impedir que personas con discapacidad visual adquirida en la adultez concluyeran un programa educativo esencial para su inclusión social.

Sostuvo que el órgano médico actuó dentro de sus competencias legales y con adecuada fundamentación técnica, descartando que la decisión adoptada careciera de quórum o infringiera el deber de motivación exigido por la Ley N° 19.880.

El tribunal de alzada estimó que la Asociación de Profesionales de Golf de Chile no acreditó la existencia de un procedimiento disciplinario regular ni el respeto a las garantías mínimas de defensa, por lo que dejó sin efecto la sanción de seis meses que impedía al deportista competir en torneos oficiales.

Sostuvo que la pérdida o inexistencia de un título profesional válidamente reconocido en Chile impide integrar la dotación docente municipal, descartando que exista un derecho indubitado susceptible de tutela cautelar cuando se requiere un pronunciamiento previo de carácter declarativo.

El Tribunal Constitucional desestimó la acción por estimar que no existía una relación directa entre los preceptos impugnados y el conflicto constitucional planteado, ni incidencia decisiva de dichas normas en la gestión pendiente, atendido que el cobro de cotizaciones se rige preferentemente por el Decreto Ley N° 3.500, lo que hacía improcedente el control de inaplicabilidad solicitado.

Acogió amparo contra resolución de la Corte de San Miguel. Consideró que la modificación de la causal carecía de fundamentación suficiente. Criticó que no se explicara la razón para cambiar de "peligro de fuga" a "peligro para la seguridad de la sociedad". Enfatizó que los antecedentes aportados no alteraban la calificación jurídica del delito

Ordena sustitución de pena de prisión por reclusión domiciliaria total. Prioriza derechos humanos y la dignidad del recluso con enfermedad terminal. Consideró el estado de salud crítico del condenado, incluyendo cáncer renal con metástasis. Invocó tratados internacionales sobre derechos de personas privadas de libertad. Determinó que la prisión efectiva era "más gravosa" dada la condición médica del amparado

Dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Vega González y otros vs. Chile”, descartó afectación a la soberanía nacional, dejó sin efecto la aplicación de la media prescripción en 14 causas por secuestros y homicidios de lesa humanidad.

Estimó que existen antecedentes serios y plausibles para habilitar la persecución penal contra el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, por conductas presuntamente cometidas en el ejercicio de su cargo, rechazando las alegaciones de la defensa sobre falta de mérito, ilicitud de la prueba y prescripción.

A casi una década de la entrada en vigencia de la Ley N°21.020, la jurisprudencia continúa delineando el alcance de la responsabilidad de los dueños de animales de compañía. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, dictado vía recurso de protección, abordó las perturbaciones graves causadas por los ladridos de un perro a una persona mayor, estableciendo criterios relevantes sobre la ponderación de derechos fundamentales, la tutela urgente de la integridad psíquica y las obligaciones legales derivadas de la tenencia responsable.

Declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, al concluir que la demandante no acreditó la identificación precisa del retazo de terreno de 5.500 metros cuadrados respecto del cual alegó haber sido despojada de la posesión.

Confirmó las condenas dictadas por el Tribunal Oral de Punta Arenas, al estimar que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales al realizar un control de identidad fundado en una denuncia anónima precisa, lo que permitió incautar marihuana, dinero y otros elementos asociados a la comercialización de drogas.

Desestimó el recurso del CDE y sostuvo que la sentencia absolutoria se ajustó a las reglas de la sana crítica, concluyendo que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, un perjuicio fiscal ni un actuar concertado penalmente relevante en la adjudicación de canastas de alimentos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Desestimó la acción de inaplicabilidad deducida en el marco de un juicio reivindicatorio indígena, al concluir que el conflicto era hipotético y que la limitación recursiva prevista en la Ley N° 19.253 no vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley ni el principio de proporcionalidad. Disidentes considera que se afecta de manera desproporcionada el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.

Estimó que la transmisión del hecho ocurrido en Antofagasta constituyó ejercicio legítimo de la libertad de información, descartó sensacionalismo y concluyó que las imágenes emitidas en horario de protección no afectaron la formación espiritual e intelectual de niños y jóvenes.

Dejó sin efecto una sentencia al concluir que el proceso fue irregular, carente de competencia y basado en prueba obtenida mediante tortura y actuaciones falsas, absolviendo así al condenado por tenencia ilegal de armas.

El año 2026 marcará un intenso ciclo electoral en América Latina y el continente, con elecciones generales y subnacionales en ocho países, escenario que plantea importantes desafíos para los organismos electorales, los partidos políticos y la estabilidad democrática, especialmente en un contexto de alta polarización y creciente desconfianza institucional.

Órgano de control complementó dictamen de 2024 y sostuvo que, aunque las cuotas extraordinarias no se rinden como subvenciones, las asociaciones deben informar documentadamente a los municipios el uso efectivo de los recursos en la finalidad definida.

Órgano de control concluyó que la relación de parentesco en cuarto grado entre el alcalde y el director de la Secretaría Comunal de Planificación genera un conflicto de intereses permanente, obliga a la autoridad edilicia a abstenerse en todos los procedimientos en que intervenga dicha unidad y ordena adoptar medidas para subsanar la situación, además de instruir un sumario administrativo.

Decisión favorece el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Amplía la interpretación del artículo 423 del Código del Trabajo, referente a la competencia territorial en casos laborales que involucran traslado del trabajador.

Corresponde a la autoridad ponderar la reformulación del proyecto y una tercera prórroga. Advierte retrasos de casi seis años, el uso de más de $925 millones en infraestructura transitoria y la necesidad de resguardar los principios de eficiencia y legalidad del gasto público.

Descartó vulneraciones al debido proceso y validó el actuar policial, al estimar que existió flagrancia y orden de detención vigente al momento del procedimiento iniciado tras denuncia de un transeúnte.

La legalidad del permiso otorgado por la Dirección de Obras Municipales se encuentra sometida al conocimiento de un tribunal, aunque precisó que las actas de observaciones de las DOM no pueden ser reclamadas ante las Seremi de Vivienda.

Mantiene la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más multa y accesorias. Consideró que la actuación policial fue justificada por indicios suficientes. Reiteró que "los indicios no se cuentan, sino que se pesan", validando la acción policial basada en el comportamiento sospechoso del acusado. Desestimó argumento de la defensa sobre la ilegalidad de la evidencia obtenida. Validó el control de identidad practicado por Carabineros.

El Tribunal desestimó la reclamación interpuesta contra el Ministerio del Medio Ambiente, al concluir que la respuesta entregada por dicha cartera sobre la Ley N° 21.100 no constituye un acto administrativo interpretativo ni genera efectos jurídicos obligatorios para terceros, validando así la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación promovida por la empresa reclamante.

El autor, con ocasión de la referencia que, en el contexto de la acusación constitucional contra el (ahora ex) Ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue Limare, se efectuó, ante el H. Senado, al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, analiza su sentido y alcance, así como también alguna jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema que lo ha aplicado.