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La gestión pendiente incide en un juicio de cuentas ventilado ante el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República.

El Tribunal de alzada considera que no hubo actuar arbitrario del CPLT al ordenar la entregar de información y que no está afectado el interés comercial de las empresas del grupo SQM S.A.

Se sostiene que la empresa CODELCO se encuentra actualmente sometida a la fiscalización de la Contraloría.

La libertad de asociación, como derecho fundamental, debe recoger para sí criterios hermenéuticos que den cuenta de la necesidad de recibir una interpretación y aplicación amplia.

Señala el Contralor que la suspensión a que se refiere el artículo 10 de la ley N° 20.249, no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental.

La sentencia concluye manifestando que se han vulnerado las garantías constitucionales de la actora.

El recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley, por cuanto la Municipalidad ha impuesto diferencias arbitrarias respecto de su persona.

El Ministro de Justicia, Jaime Campos, plantea que sin ese sistema de control, es muy poco el valor práctico que tienen las medidas cautelares.

Concluye LyD que “lamentablemente la evaluación que hoy se puede hacer del Gobierno de Michelle Bachelet es altamente negativa”.

El máximo Tribunal determinó que si el trabajador decide finiquitar el contrato se puede reclamar el no íntegro de cotizaciones previsionales.

La sentencia concluye rechazando el recurso, desde que la actuación desplegada por la Municipalidad de Caldera no puede ser tildada de ilegal ni de arbitraria.

Tanto la calificación en Lista N° 2, como la incorporación del reclamante en lista anual de retiros del Ejército en el año 2016, se ajustaron a derecho.

La gestión pendiente incide en un recurso de reposición de la admisibilidad de un recurso de casación en el fondo ventilado ante la Corte Suprema.

Cabe recordar que recientemente se aprobó la idea de legislar el proyecto que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación ventilado ante la Corte de Antofagasta.

El director del Servel, Raúl García, señaló que los ciudadanos tienen un rol importante como colaboradores en la fiscalización de las situaciones que infrinjan la legislación vigente, y pueden denunciarlas.

El fallo de primera instancia rechazó la acción judicial por falta de legitimación activa del Municipio de Chillán y por no haberse probado ilegalidad.

Cualquier compensación por daños morales o de reputación que busque el consumidor afectado debe reclamarlo siempre en la vía de tribunales.

El Tribunal de alzada sostiene que se modificó el lugar y condiciones de trabajo del presidente del sindicato de la Universidad Finis Terrae.

La gestión pendiente incide en un recurso de queja de que conoce la Corte Suprema.

Corresponde ahora que el Segundo Tribunal Ambiental escuche los alegatos el día 25 de julio de 2017.

La sentencia sostiene que el Comité de Ministros llevó a cabo una debida consideración relativa a impactos ambientales en el ecosistema marino en la reserva Pingüino de Humbolt, entre otras.

El organismo requirente deberá dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría mediante el oficio N° 24.143 de 2015.

La FNE sostiene que con la puesta en marcha de este nuevo sistema, se encuentra vigente la totalidad de las reformas aprobadas en la última modificación legal.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad por falta de servicio del organismo estatal al no fiscalizar el transporte de trabajadores en forma adecuada.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, Peña, García y Pozo, quienes fueron del parecer de rechazar el requerimiento.

El documento explica qué hacer con los dineros que se generan por una cotización de salud previsional mayor a la que corresponde a cada persona.

Se condenó al Centro Médico Cochrane S.A. a pagar la suma de $4 millones de pesos por el daño producido, consecuencia directa de los resultados de los exámenes con contenido distinto.

La Sala de la Cámara de Diputados optó por apoyar la visión de la Comisión de Constitución y avanzar en el trámite.

La actividad académica contará con la participación del autor de la obra, profesor Mauricio Novoa Cain, Doctor en Historia del Derecho de la Universidad de Cambridge.