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Funcionaria denunció ante la Contraloría episodios de acoso laboral y sexual ocurridos entre 2017 y 2019. La FACh la sancionó con arresto militar por "infringir el conducto regular" al no agotar las instancias internas antes de acudir a la Contraloría. Cabo segundo recibió dos sanciones: Dos días de arresto por la denuncia ante Contraloría y cuatro días adicionales por una publicación previa en redes sociales. Funcionaria alega que estas sanciones constituyen represalias por su denuncia .

Desestimó alegaciones de la defensa sobre supuesta falta de registro policial y descartó que la droga incautada se vinculara a autocultivo medicinal.

El tribunal acogió un recurso de protección presentado por una particular, tras concluir que las publicaciones realizadas por la recurrida en Instagram y Facebook, sin respaldo judicial y con contenido deshonroso, vulneraron su derecho a la vida privada y a la honra. La Corte ordenó eliminar el material difundido y prohibió efectuar nuevas publicaciones de carácter difamatorio.

La decisión confirma que el establecimiento vulneró la normativa educacional al expulsar a una estudiante sin acreditar impacto grave en la convivencia ni aplicar medidas de apoyo, validando la sanción impuesta por la Superintendencia. El voto en contra sostuvo que el colegio actuó conforme a su reglamento y que la autoridad administrativa se excedió en sus atribuciones.

El máximo Tribunal acogió el reclamo de ilegalidad al determinar que el Servicio Nacional de Migraciones dictó la expulsión sin evaluar la existencia del hijo chileno de la afectada, elemento que, según la Constitución, la Ley N°21.325 y la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga a ponderar el interés superior del niño y la protección de la vida familiar, por lo que ordenó emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

Norma impugnada otorga mérito ejecutivo a los certificados de deuda. Mayoría consideró que la controversia es de legalidad, no de constitucionalidad. Reafirmó jurisprudencia previa que valida la norma. Existen mecanismos de defensa en el juicio ejecutivo. Minoría estimó que se vulnera el debido proceso al permitir cobrar deudas discutidas certificadas por secretarios municipales para el cobro de patentes y otros tributos locales.

La Contraloría rechazó la reconsideración y reafirmó que los chilenos con doble nacionalidad deben portar pasaporte chileno para salir del país, reiterando que la legislación interna prevalece y que no se aportaron antecedentes que justificaran modificar el criterio previamente fijado.

La Corte confirmó la multa aplicada por la SEC al estimar que la empresa excedió los límites del SAIDI en tres comunas y que no es procedente aplicar retroactivamente la normativa técnica de 2024, descartando además alegaciones que no fueron planteadas en sede administrativa.

Declaró que el CAE se rige por un estatuto especial e incompatible con la Ley Concursal, ordenando su exclusión de la liquidación voluntaria del deudor y reafirmando la primacía del principio de especialidad normativa.

Precisó que el abandono decretado en la etapa de apremio no borra la interrupción de la prescripción producida con la notificación de la demanda ejecutiva original, delimitando con claridad cuándo opera —y cuándo no— la pérdida de ese efecto.

La Contraloría determinó que el Consejo de Monumentos Nacionales debe tramitar la solicitud de alzamiento presentada por un particular respecto de un inmueble en Lo Espejo siguiendo el mismo procedimiento establecido para la declaratoria de zonas típicas, lo que exige estudios técnicos, pronunciamiento en sesión plenaria y la emisión de una resolución debidamente fundada conforme a la Ley N° 19.880 y al decreto N° 223 de 2016.

Reafirmó que los tribunales laborales no pueden revisar actos de la Administración si el legislador no ha previsto una acción específica, subrayando que la competencia jurisdiccional no se presume ni se amplía por interpretación extensiva y que solo procede cuando una norma expresa la habilita en forma estricta.

El tribunal declaró extemporáneo el reclamo presentado por la compañía, al establecer que la ordenanza cuestionada proviene de una norma de 2020 y no del decreto refundido de 2024. Además, desestimó la supuesta ilegalidad de los cobros municipales, al considerar que la fijación de derechos por uso de bienes públicos se enmarca dentro de las atribuciones del municipio.

Determina que la cesión de ingresos futuros no implica transferencia de la concesión ni genera objeto ilícito, reafirmando la aleatoriedad del contrato y el carácter no legal de las Bases de Licitación para efectos de nulidad.

Comisión Evaluadora debió calificar a todos los oferentes con el mismo puntaje en el criterio mencionado. Todos cumplieron con presentar el presupuesto detallado cuando fue solicitado vía foro inverso. A pesar que contrato fue ejecutado, proceso licitatorio concluido y servicios contratados cumplidos, sin inconvenientes, y el contrato celebrado de buena fe, solo procede para restablecer el imperio del derecho reconocer a la actora el derecho a demandar indemnizaciones civiles y a perseguir responsabilidades administrativas y disciplinarias

Regula derechos y deberes de los padres para garantizar su participación activa en el proceso educativo. Garantiza el acceso a información relevante sobre el desempeño escolar y la gestión de los establecimientos. Promueve la igualdad en el acceso a la educación, prohibiendo exigencias adicionales en establecimientos subvencionados. Establece mecanismos de supervisión y resolución de conflictos.

CPLT lanzó una plataforma interactiva que permite a la ciudadanía acceder, visualizar y analizar datos sobre cumplimiento de transparencia, lobby y probidad en organismos públicos, facilitando el control ciudadano y promoviendo la apertura de información en lenguaje claro.

La Corte descartó ilegalidad en la actuación de la Municipalidad de Providencia, al concluir que la denegación del permiso solicitado por la comunidad se basó en la Ordenanza Local N°222 y en la Ley N°21.473, que autorizan exigir requisitos adicionales y rechazar instalaciones que afecten el entorno urbano. También consideró el historial de publicidad no autorizada del edificio y precisó que eventuales afectaciones a derechos de propiedad o económicos no pueden ventilarse por esta vía.

El tribunal descartó que el Servicio Nacional de Migraciones actuara ilegalmente al disponer la expulsión, al estimar que la condena por tráfico de drogas configura una causal directa prevista en la ley y que los antecedentes familiares del afectado no permiten desvirtuar la legalidad ni proporcionalidad de la medida.

Confirma que la decisión de no financiar un fármaco de alto costo no incluido en la canasta GES responde a criterios técnicos y de política pública, precisando que la determinación de coberturas corresponde al diseño sanitario y no a la vía cautelar del recurso de protección, especialmente en controversias que requieren evaluación especializada y evidencia científica.

La Corte descartó la existencia de ilegalidades en el proceso sancionatorio llevado adelante por la Superintendencia de Educación, afirmando que la resolución que impuso la multa, rebajada de 80 a 75 UTM, fue dictada por una autoridad debidamente habilitada, se ajustó a la Ley N°20.529 y estuvo suficientemente motivada, no acreditándose vulneración de garantías ni los vicios denunciados por la sostenedora.

Ratifica que existió actuar doloso y desproporcionado por parte de los condenados, manteniendo la indemnización por daño moral a favor de los padres de la víctima en un caso que tuvo origen en un asalto consumado y posterior agresión letal.

Invalidó parcialmente el fallo de la Corte de Concepción al estimar que no se acreditó el presupuesto excepcional para levantar el velo corporativo, dejando sin efecto la responsabilidad de Ripley Chile y Comercial Eccsa, al concluir que sólo Ripley Store podía ser civilmente responsable por el ilícito.

La Corte de Santiago confirmó la multa aplicada por el CNTV a la Universidad de Chile y a la concesionaria Chilevisión, tras determinar que la campaña “Yo quiero elegir” entregó información incompleta sobre la reforma previsional e impidió a los televidentes identificar al emisor del mensaje, afectando su derecho a recibir información adecuada.

El órgano contralor aclaró que las asociaciones de municipalidades pueden desarrollar actividades de capacitación, incluso mediante convenios de colaboración, siempre que se ajusten a sus fines y a las reglas patrimoniales de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades

La Corte confirmó la decisión del Tribunal de Contratación Pública al descartar que JUNAEB incurriera en ilegalidades durante la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar, estimando que no se acreditaron vínculos de un mismo beneficiario final entre los oferentes ni infracciones a los límites de raciones establecidos en las bases.

El órgano contralor desestimó la reconsideración presentada por la Asociación de Directoras y Directores de Control Municipal y precisó que, aunque la visación de decretos de pago corresponde a administración y finanzas, las unidades de control deben realizar revisión preventiva de todos los actos que generen obligaciones pecuniarias. Además, instruyó a las municipalidades verificar la suficiencia de personal destinado a funciones de control, ante los riesgos detectados en procesos internos.

El dictamen estableció que los diez días de fuero anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo comienzan únicamente cuando el empleador recibe físicamente el documento y firma para acreditar su recepción, descartando que la notificación por correo electrónico sea suficiente para generar protección laboral.

Comisión Evaluadora y entidad licitante actuaron conforme a las bases y la normativa aplicable. Oferta de actora fue correctamente declarada inadmisible. La actora presentó un Anexo N°5 con porcentajes variables de incentivo por ventas, lo cual era inconsistente con el formato establecido en las bases de licitación. Rechaza impugnación y valida actuación municipal en proceso de adjudicación

Ratificó la decisión de la Corte de Concepción que ordenó restringir el funcionamiento de un sistema de videovigilancia instalado en un inmueble colindante, al estimar que su alcance vulneraba la privacidad y la inviolabilidad del hogar de vecinos afectados, fijando criterios claros sobre el control visual en contextos de hostilidad entre particulares.