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Se dedujo una acción de protección interpuesta por Celestino Cerafín Córdova Tránsito y la comunidad Indígena Chicahual Córdova, en contra del Estado de Chile, el Ministerio de Justicia, el Juzgado de Garantía de Temuco y Gendarmería de Chile.

El documento, en primer lugar, contempla un diagnóstico, arguyendo al efecto que es evidente que la Constitución chilena, siguiendo los modelos diseñados por la Constitución de 1833 y 1925, hace una opción preferente por la uniformidad política e institucional.

Al respecto, senador Harboe destacó que la decisión de denominar a los contrayentes como “convivientes civiles” fue fruto de un gran debate.

Corresponde ahora que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, comience el análisis de las indicaciones presentadas hasta el 30 de junio.

Ayer jueves 19 de junio se llevó a cabo la interpelación de la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, a cargo de la cual estuvo el diputado Joaquín Godoy, quien formuló las preguntas.

La gestión pendiente incide en autos criminales que conoce el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que se encuentra actualmente en audiencia de preparación de juicio oral.

En el arbitrio de nulidad sustancial se denunció la infracción de la causal 6ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 408 N° 5 del mismo texto y 93 N° 6 del Código Penal.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Book, quien estuvo por acoger el recurso de protección, por considerar ilegal la sanción impuesta por la Inspección del Trabajo.

El Presidente de la Comisión, diputado Núñez, destacó el esfuerzo legislativo para superar las diferencias y sacar la iniciativa desde la instancia.

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el arbitrio constitucional; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se encuentra en etapa de análisis del proyecto, para luego proceder a votar la idea de legislar.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el arbitrio constitucional; decisión que fue confirmada en alzada por la Corte Suprema.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Fisco debe pagar una indemnización casi $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) a un trabajador que resultó con graves heridas al ser atropellado por un bus perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en abril de 2008.

La Corte de Santiago no adviertió ningún acto arbitrario o ilegal, que prive, perturbe o amenace el derecho a la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que procedió a rechazar el arbitrio constitucional.

La iniciativa tiene entre sus principales objetivos “establecer que la empresa, para efectos laborales y de seguridad social, es toda organización bajo la dirección de un empleador”.

Se dictó acusación contra 51 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que cumplían a la sazón funciones en el cuartel Simón Bolívar por el delito de secuestro calificado.

El proyecto incluye el desistimiento de los juicios ejecutivos de cobro por el no pago de tales derechos, seguidos contra las diferentes comunidades indígenas.

El integrante de la instancia, senador Walker, indicó que "son 7 carreras de la salud en que se pide que sean exclusivamente universitarias, que tengan grado académico, pero hay 5 mil alumnos que están en los institutos profesionales".

La gestión pendiente invocada incide en autos por tormentos y apremios ilegítimos producto de la violencia de funcionarios de Carabineros de Chile, del que se declaró incompetente el Juzgado de Garantía de Linares; decisión confirmada por la Corte de Talca, recurrida actualmente de queja ante la Corte Suprema.

El Juzgado del Trabajo resolvió acoger la acción por despido injustificado al considerar que la demandada no acreditó en juicio la existencia de la causal de despido ni sus fundamentos fácticos.

La actividad tendrá lugar a las 12:00 hrs., en la Sala de Videoconferencias, ubicada Avda. Santa María N° 076, piso 6°.

Se dedujo acción de protección –por parte de un particular- en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en razón de haberse dictado una Resolución por medio de la cual se decretó la medida disciplinaria de destitución.

Cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo, e intenta promover la modernización del aparataje gubernamental y facilitar la relación entre los distintos servicios públicos y la Contraloría General de la República.

El proyecto, presentado por las diputadas Nuñez y Hernando, busca fortalecer, proteger y reparar la salud de las personas afectadas por daños medioambientales.

La moción, que busca establecer que los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados rindan una cuenta pública anual ante el Congreso Pleno cada 4 de julio.

Corresponde ahora que el órgano reclamado evacue su respectivo informe, luego de lo cual la Magistratura ambiental ordenará traer los autos en relación.

Se dedujo recurso de casación en el fondo respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que rechazó un reclamo de ilegalidad municipal, por estimarlo extemporáneo.

El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó un informe titulado “Fin del Copago: Menos Recursos y Menos Integración”, en el que se analizan diferentes aspectos de la reforma educacional presentada recientemente por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de queja que conoce la Excma. Corte Suprema.

Cabe recordar que en contra del referido proyecto se presentó un recurso de protección por comunidades diaguitas, que fue desechado por la Corte de Apelaciones de Copiapó en abril de este año; sentencia que se encuentra actualmente en apelación ante la Corte Suprema.