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El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. La gestión judicial invocada incide en recursos de casación en…

“se trata de datos personales de los miembros de un sindicato y es razonable concluir que tales peticiones se encausen mediante la aplicación de la ley de protección de datos personales, esto es, solo pueden ser entregados a su titular o a quien lo represente”.

“no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”, debiendo regirse -en vez- “por las reglas que establezca el respectivo contrato”.

“No es suficiente al efecto referirse a un contexto meramente formal, indicando solamente los textos legales en que ella se funda, pues siendo ello efectivo, debe existir un sustento fáctico que permita “entender” la resolución, pues de lo contrario ella se constituye en un mero acto discrecional carente de contenido”.

“De toda evidencia que la orden recurrida vulnera la igualdad de trato frente a la ley del recurrente, generando una discriminación arbitraria y no justificada, respecto de los demás docentes del mismo municipio”.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 20.224. La gestión pendiente invocada incide en un recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, encontrándose actualmente pendiente la vista de…

“consenso generalizado en la población”, en considerar más reprochable al tráfico de drogas que el consumo, por último el tráfico provoca que la imagen de nuestro país hacia el resto del mundo se vea perjudicada, afectando las relaciones internacionales y dificultando el desarrollo económico, social y cultural de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.

"en cuanto a la declaración jurada la otra persona, si bien la ratificó en juicio, su testimonio no resulta creíble, pues evidencia contradicciones con sus propios dichos expresados en el video no editado incorporado en la audiencia de juicio, y además afirma que mintió al hacer la denuncia, no existiendo motivo para descartar que no lo haya hecho también al declarar en la audiencia de juicio”.

“Conforme al principio non bis in idem consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ambos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile; una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho, como ha sucedido en el caso de autos, por lo que necesariamente deberá acogerse el presente recurso”.

En ese sentido, están obligados a observar el principio de transparencia de la función pública, el cual supone no sólo el deber de respetar la publicidad, sino además el de cautelar los actos, resoluciones, procedimientos y documentación, para facilitar al acceso a ellos de cualquier persona, sin distinción alguna.

“Tienen la propiedad sobre las calificaciones obtenidas por ellos en las asignaturas rendidas en el período que eran estudiantes regulares de la misma. Por lo cual la negativa a otorgar estos certificados de nota o los programas de asignaturas constituye una vulneración a la garantía constitucional del Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, en cuanto establece una discriminación entre quienes no tienen deuda, y obtienen tales documentos, con aquellos que tienen deuda morosa o han perdido la condición de alumno regular”

“se haya instruido en el establecimiento educacional una pesquisa de carácter disciplinaria para que las recurrentes pudieran defenderse debidamente de los cargos formulados en su contra, y determinarse de manera clara y precisa qué participación les cupo a cada una de ellas en los hechos que se les atribuyen”.

“el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el año 2012, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Previsión Social, y en lo que faltare con los recursos que se traspasen de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público.".

conceptualiza al derecho a la nacionalidad como un derecho esencial a la persona humana, fundado en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que no puede ser desconocida sin causa justificada, “máxime si la propia autoridad que ahora lo niega, le otorgó en su momento reconocimiento”.

El TC declaró inadmisibles dos requerimientos de inaplicabilidad –roles 2271 y 2272– impugnaban el artículo 381 inciso 1°, letras a), b) y c); los incisos 2° y 4°, y el inciso 5° parte final del Código del Trabajo, en sendos requerimientos de inaplicabilidad presentados simultáneamente. Las gestiones pendientes en que inciden los requerimientos recaen en…

"existen cerca de 106 mil organizaciones sin fines de lucro en Chile, las cuales tienen como principal fuente de ingresos fondos gubernamentales, por ende un delito como el hurto, afecta directamente no solo a la entidad misma, sino que también los recursos del estado que financian mayoritariamente actividades e insumos para el trabajo a desarrollar".

“integraran de pleno derecho las quinas y ternas los fiscales nacionales o regionales que se encuentren en ejercicio de su primer periodo, y que manifestaren su deseo de continuar en el cargo”. Por último, en caso de producirse un empate, se impondrán quienes se encuentren en ejercicio del cargo, o por sorteo tratándose de quienes postulan por primera vez".

“toda vez que, tal como se informe en los dictámenes N°s. 23.331 y 35.805, ambos de 2009, de esta Contraloría General, esa indeterminación transgrede el principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación administrativa, en el sentido que las decisiones de la autoridad deben ser racionalmente fundadas”.

“es necesario que las centrales cumplan estrictamente, en su operación de funcionamiento con las condiciones aprobadas en las resoluciones ya singularizadas y se respeten debidamente los derechos que otros usuarios del río detentan y que no han sido discutidos”.

En este libro, publicado por el Tribunal Constitucional como Cuaderno N° 48, 2012 (240 págs.), su autor, el abogado y relator del TC, Sebastián López Magnasco analiza el Principio de Subsidiariedad, la Constitución Económica y el Orden Público Económico, y su presencia en la Constitución Política de la República de 1980. La obra estudia detalladamente…

“en el procedimiento disciplinario en estudio se realizaron las diligencias necesarias para establecer la veracidad y existencia de los hechos ordenados investigar, procurándose las instancias legales a fin de asegurar la debida defensa del inculpado”.

“los hechos de que da cuenta la presentación de fojas 1 no son constitutivos de vulneraciones a las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, susceptibles de este recurso”.

“la calificación de “maliciosa” que emplea el legislador tributario y que pueda enderezarse respecto de una declaración de impuestos es solamente en su acepción de carácter administrativo y no exige acreditar dolo penal”.

Los días 6 y 7 de septiembre, en la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, se desarrollaran los “V Encuentros Regionales de Derecho Público”, que este año se han convocado bajo eje temático: “Debate constituyente en el Chile de hoy: ¿Es necesaria una nueva Constitución”. Dichas jornadas contaran con la intervención de…

"el problema radica en dispar redacción de los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se estatuye como requisito del recurso de casación en el fondo el señalamiento del o los errores de derecho que influyen en lo dispositivo del fallo; al tiempo que el artículo 767 señala como causal del recurso de casación "la infracción de Ley que influya en lo dispositivo del fallo".

establece que faculta a la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva y cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo entre tribunales de una misma jurisdicción, a destinar transitoriamente y de manera rotativa a uno o más jueces integrantes de los Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Tribunales de Familia, Tribunales Laborales, Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional y juzgados con competencia común, a desempeñar sus funciones preferentemente en otro tribunal de su misma especialidad.

“Resulta arbitrario, por cuanto no existía razón alguna para que se le considera un extranjero infractor; se le retirara su cédula de identidad sustituyéndosela por una tarjeta de identificación de extranjero infractor, con el menoscabo que ello conlleva en su vida de relación; y, además, se le impusiera, lo obligación de registro de firma en dependencias policiales, dándole con ello un trato distinto -y como ya se dijo, sin que hubiera razón para ello– que al resto de los extranjeros que cuentan con permiso de residencia definitiva en el país”.

“se pondría en desventaja a los candidatos que no fueran a las primarias", aunque destacó la intención del Consejo Nacional de Televisión, en aras de regular un sistema de debates obligatorios, que se transmitan en canales abiertos y regionales”.

“Por lo que su conducta no puede ser tachada como arbitraria ni ilegal, y, por lo mismo, esta Corte no le puede ordenar que suspenda el cobro de las prestaciones médicas hasta que adquiera el carácter de firme la resolución dictada en sede administrativa, corresponde que este recurso sea rechazado”.

"la población infractora encuentra numerosas dificultades para su reinserción laboral, incluyendo el hecho de que se relaciona con trabajos de tipo informal, esporádicos y bastante precarios, además de ciertas limitaciones legales para su adecuada incorporación a ciertas labores".